El peronismo salió a rechazar en duros términos el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska que obliga a la Argentina a pagar una millonaria indemnización por la estatización de YPF. A través del Partido Justicialista y del gobernador bonaerense Axel Kicillof, el principal espacio opositor repudió la medida judicial dictada en Estados Unidos y reclamó a la gestión libertaria que sostenga el posicionamiento de Argentina desconociendo taxativamente el fondo de la demanda de Burford Capital en la justicia norteamericana.
Desde el PJ nacional señalaron que el fallo “representa una intromisión en la decisión soberana de recuperar YPF en el año 2012” y exigieron al Ejecutivo que “mantenga el posicionamiento de la República Argentina en relación a este reclamo, desconociendo taxativamente el fondo de la demanda de Burford Capital en la justicia norteamericana”.
El partido reivindicó además la decisión estratégica de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de expropiar la mayoría accionaria de YPF, que hasta entonces estaba en manos de la empresa española Repsol. Esa medida, que contó con la aprobación del Congreso, “puso fin a la política de depredación, desinversión y desabastecimiento en el mercado interno”, remarcaron.
El documento destaca los logros alcanzados a partir de esa recuperación, como el desarrollo de Vaca Muerta, el crecimiento de la inversión privada y el fortalecimiento del autoabastecimiento energético. Por eso, sostienen que el fallo no solo ataca a la empresa estatal, sino que “representa una amenaza potencial a la estabilidad económica y energética de nuestra Patria”.
En esa línea, el PJ llamó a cerrar filas frente al avance judicial externo: “La defensa de la soberanía nacional y de los intereses de la República Argentina debe ser una tarea común a todos los sectores políticos y sociales de nuestro país”.
Ayer el Ejecutivo pidió a la Justicia de Estados Unidos suspender el fallo por las acciones de la petrolera estatal, siguiendo la línea jurídica histórica de todas los gobiernos anteriores.Sin embargo, la publicación en redes sociales de Javier Milei acusando al actual gobernador y entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, de ser responsable de un mal manejo de la expropiación, según los especialistas podría jugar en contra del país.
En ese sentido, durante una conferencia de prensa ayer en Gobernación, Kicillof cuestionó que “Milei evidenció que lo que quieren él y su fuerza política es privatizar todo, regalar y entregar”. Y se explayó: “Lo que han hecho, con insultos y agravios, es contradictorio y peligroso porque le da la razón a los demandantes. Responsabilizo a Milei de cualquier decisión que ponga en riesgo algo tan sensible para los argentinos como son YPF, Vaca Muerta y nuestra soberanía energética”.
El mandatario bonaerense también defendió la expropiación y criticó el funcionamiento de la empresa durante su privatización, con argumentos similares a los del PJ. “La decisión de la jueza de Nueva York con respecto a YPF abrió un debate repleto de imprecisiones y falsedades que es necesario aclarar”, comenzó. “En primer lugar —prosiguió—, es importante recordar que la privatización de la empresa fue una verdadera desgracia que redujo la producción de petróleo y de gas a la mitad, motivo por el que se decidió recuperarla para impulsar el desarrollo de la Argentina”.
Kicillof desarrolló las consecuencias de la deficiente gestión de Repsol. “La pérdida de autoabastecimiento energético puso en jaque la economía nacional, convirtiéndonos en un país deficitario a pesar de contar con los recursos. Por responsabilidad de Repsol faltó combustible, divisas y se generó la necesidad de importar con un alto precio”.
El exministro de Economía en 2012 y uno de los impulsores de la recuperación estatal de YPF, subrayó que “lo que se está discutiendo hoy es un fallo que condena a la Argentina a pagarle a un fondo buitre que ni siquiera puede tener acciones, es decir, se está discutiendo si tiene más valor el estatuto de una empresa o nuestra Constitución Nacional”.
Y agregó que se trata de “un verdadero disparate jurídico que no tiene validez y solo busca hacer prevalecer los intereses privados por sobre nuestra soberanía”.
Tanto el gobernador como el PJ nacional coincidieron en advertir que lo que está en juego no es una disputa técnica o financiera, sino la capacidad del Estado argentino de decidir soberanamente sobre sus recursos y su economía. Frente a ese escenario, reclaman una respuesta política unificada. “La defensa de la soberanía nacional debe ser una tarea común”, concluyó el PJ.
