El Gobierno nacional públicó este martes un decreto que declara como «esenciales» nuevos servicios, lo cual al no poder ser interrumpidos, limita el derecho a la protesta de los trabajadores y trabajadoras que lo ejercen. La medida fue rechazada por los sindicatos, que afirmaron que la intención de la gestión de Javier Milei es «una condena a la esclavitud».
Este martes en el Boletín Oficial, se publicó el Decreto 340/25 que con la firma del presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos amplia las actividades consideradas esenciales, ya no sólo son aquellas que dejen en peligro la salud, vida o seguridad de la población, sino que ahora se incluyen también la educación, los servicios aduaneros, la aeronautica comercial y el transporte maritimo y fluvial. Todas estas actividades deben garantizar entre el 50 y 75% su actividad.
“Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”, dice el artículo 3 del decreto de Milei y agrega: “En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.
Los sindicatos rechazaron de lleno esta medida. “Este es un decreto que le pidieron a Milei las multinacionales y los empresarios millonarios”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.
“La modificación por decreto del derecho de huelga es ilegal. Este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene la finalidad concreta de beneficiar a los patrones. Rechazamos la posibilidad de que todas las actividades sean consideradas esenciales y es muy grave que exijan que se garantice el 75% de las prestaciones. De esta manera, la huelga pierde todo sentido y no tendrá ningún efecto”, agregó el dirigente.
“El Gobierno está apurado y quiere liquidarnos antes que se le terminen las facultades extraordinarias. Sin el derecho de huelga estamos condenados a volver a la esclavitud. Tenemos que impedirlo. La legislación argentina siempre reguló los servicios esenciales de acuerdo al criterio de la OIT y hasta ahora funcionó muy bien. Esto no tiene que cambiar”, concluyó Rodolfo Aguiar.
Alerta y reunión en la CGT
Mientras los diversos gremios se están pronunciando individualmente, en las próximos días la CGT buscará determinar los pasos a seguir. «Nos vamos a estar juntando para tener un posicionamiento en conjunto», le dijo una importante fuente del sector cegetista a Infogremiales.
Según detalló el portal especializado, desde los gremios esperan que «la decisión oficial sea impugnada judicialmente». Paralelamente, la CGT buscará tender diálogos con legisladores de la oposición para que el Congreso también intervenga.
