Con la lectura del pedido de elevación a juicio oral y el planteo de la querella, llegó finalmente al Tribunal Oral N° 2 el caso de Johana Ramallo, que tiene hasta la fecha a ocho imputados acusados de formar una banda criminal que operaba en la zona donde desapareció la joven en julio de 2017. La primera jornada no arrojó demasiadas novedades en cuanto al fondo del caso. En principio, se expusieron los argumentos que justifican la realización del juicio y se describió cómo habrían operadode los acusados, quienes, por su parte, decidieron no declarar.
Pasadas las 10 de la mañana ingresó a la sala el tribunal, integrado por los jueces Andrés Basso, Germán Castelli y Nelson Jarazo. En la causa también interviene la Fiscalía General N° 2, a cargo de Rodolfo Marcelo Molina, con las auxiliares fiscales Brenda Brandwajnman Boffi y María Laura Ustarroz.
En tanto, la lista de imputados la integran Carlos Rodríguez, conocido como “El Cabezón”; Hernán D’Uva Razzari; Hernán Rubén García; Carlos Alberto Espinoza Linares; Mirko Alejandro Galarza Senio; Celia Benítez; Celia Giménez y Paola Erika Barraza. Todos están acusados de integrar una banda criminal, con cargos que van desde el comercio de estupefacientes y la explotación sexual hasta el encubrimiento agravado y el falso testimonio.
En este marco, ninguno de ellos está acusado directamente por el femicidio de Johana, y hasta el momento no se han esclarecido las causas de su muerte. Se espera que el juicio pueda arrojar luz sobre lo ocurrido con la joven.
Según se detalló en el pedido de elevación a juicio, entre los años 2016 y 2017 operó una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en la conocida zona roja de La Plata. El funcionamiento de esta red se sostenía mediante múltiples mecanismos de coerción y control: el suministro de drogas, las deudas generadas a partir de su consumo, las extremas situaciones de vulnerabilidad de mujeres cis y trans, la violencia y el cobro de las denominadas “paradas”. Esto combo era el que generaba las condiciones para su explotación.
En este marco, en la lectura se indicó que las víctimas eran explotadas sexualmente para saldar deudas. “El círculo de sometimiento se generaba en un contexto de adicción”, agrega el documento. “Es en este marco en el que se produjo la desaparición y posterior femicidio de Johana Ramallo”, concluye.
En cuanto a la acusatoria de la elevación a juicio de la querella, se hizo hincapié en el contexto de la desaparición de Johana. En primera instancia, se puso el foco en la denominada zona roja, a la cual definieron como una “zona liberada”, por la Comisaría N°9 y la DDI. “La criminalidad controla el territorio”, describieron.
Desde la querella resaltaron que la desaparición de la joven se dio en un marco en el que se encontraba en una “una situación de extrema vulnerabilidad, pobreza y consumo de estupefacientes”.
Asimismo, recordaron que al momento de la desaparición gobernaba Cambiemos, que desmanteló dos políticas públicas de la que Johana participaba: el Plan Fines y el Programa Ellas Hacen. Este último acompañaba a mujeres en situación de vulnerabilidad con diferentes herramientas, entre ellas la autoconstrucción de sus viviendas, que nunca fueron entregadas. Punto a destacar si se tiene en cuenta, que según se describió, Johana llegó a la zona roja con el deseo de conseguir dinero para poder alquilar un departamento para ella y su hija.
Es en ese contexto en el que termina siendo “víctima de explotación sexual”, indicaron desde la querella, que además calificó su muerte como “femicidio en contexto de trata de personas para explotación sexual”.
También introdujeron la figura de “femicidio territorial”, una categoría que no refiere a vínculos de pareja sino a una “trama de narcocriminalidad e impunidad”, con participación —por acción u omisión— de distintos agentes estatales, en particular de las fuerzas de seguridad.
Quién es quién en la red criminal
Los ocho acusados decidieron de forma unánime no prestar declaración, como estrategia para resguardarse y mantener el pacto de silencio sobre lo ocurrido con Johana.
El principal imputado es Carlos “El Cabezón” Rodríguez, detenido desde hace dos años y medio. Según se expuso, fue pareja de Johana y quien la habría iniciado en el consumo de drogas y en la explotación sexual. En su rol de proxeneta, le “sacaba plata” a Johana y a otras víctimas, incluso menores de edad, muchas de las cuales captaba mediante Facebook. Enfrenta cargos por narcotráfico, explotación sexual, encubrimiento y falso testimonio.
D’Uva Razzari también está señalado como un “840”, procesado por la explotación sexual de varias mujeres —entre ellas, su pareja—, además de encubrimiento agravado y falso testimonio.
García y Espinoza Linares están acusados por comercio de estupefacientes, mientras que Galarza fue sindicado como el encargado de recaudar el dinero de las ventas. Todos están procesados por narcotráfico y explotación sexual.
Las tres mujeres imputadas —Benítez, Giménez y Barraza— eran conocidas como “Las Viejas” y operaban en el territorio cobrando las paradas. Están acusadas de explotar económicamente a mujeres en situación de prostitución.
Cómo sigue el juicio
La querella pidió que el juicio continúe de manera presencial y no virtual, como se había evaluado. Las abogadas Silvana Peruggino y Valeria Moneta, que acompañan a Marta Ramallo —madre de Johana—, destacaron la importancia de que este juicio sea público y abierto: “Tiene implicancia para toda la comunidad de La Plata”, expresaron.
Vale destacar que la sala, en esta primera audiencia, estuvo colmada. Mientras que afuera una gran multitud acompañó el pedido de Justicia por Johana.
El Tribunal anunció que en 15 días se reanudará el juicio, con la declaración de distintos testigos, entre ellos la de Marta Ramallo.
