–¿Acá vivís? –le pregunta el periodista de La Cornisa a una mujer “ocupa” en las periferias de La Plata.
–Sí, vivo en esta casita que está acá –responde señalando una casilla de madera.
–Al borde de la basura, de los caños cloacales, de focos de infección –razona el notero.
El domingo por la noche, el programa de Luis Majul presentó el informe llamado “Las violentas mafias que toman terrenos”, un conjunto de imágenes en movimiento, música de suspenso y gritos de vecinos. Apelando a esos recursos audiovisuales, el programa La Cornisa habló de “violentas tomas que se dan día a día” y de “vecinos que se pelean por hectáreas”.
Como es habitual, el recorte que eligió hacer la producción de Majul fue el del morbo: personas salvajes, incivilizadas, que se pelean entre sí por una porción de tierra que ni siquiera les pertenece.
“La toma de tierra no deja de ser el correlato de una necesidad social insatisfecha que tiene que ver con la falta de acceso a la ciudad que tienen muchos sectores de la población, que, ante un mercado inmobiliario especulativo, concentrado y desregulado, genera precios del suelo absolutamente inaccesibles para los sectores populares, incluso ya para los sectores medios.”
Pero, ¿qué provoca que un grupo de ciudadanos se instale en un predio deshabitado y construya sus hogares? “La toma de tierra no deja de ser el correlato de una necesidad social insatisfecha que tiene que ver con la falta de acceso a la ciudad que tienen muchos sectores de la población, que, ante un mercado inmobiliario especulativo, concentrado y desregulado, genera precios del suelo absolutamente inaccesibles para los sectores populares, incluso ya para los sectores medios”, explica Luciano Scatolini, director de la cátedra de Hábitat Popular de la Universidad Nacional de La Plata.
Según datos relevados por la revista La Pulseada en su nota de tapa de la edición de julio, en las localidades que rodean al casco urbano platense hay casi 19.000 viviendas precarias en 118 villas y asentamientos. Es el primer recabo de datos que tienen organismos estatales, gracias a la Ley de Acceso Justo al Hábitat, reglamentada en 2014, la cual creó el primer Registro de Villas y Asentamientos Precarios que depende del Ministerio de Infraestructura bonarense.
Para entender mejor el panorama habitacional de la ciudad, se puede acceder a un mapa gráfico en http://www.ba-datos.com.ar/2015/06/16/laplata-la-ciudad-de-las-villas/. Pero si hablamos de números, según la revista de la Obra del Padre Cajade, de los 118 asentamientos registrados en La Plata, 30 son villas, 81 son asentamientos precarios y 7 son “otros” (en general, los llamados asentamientos históricos o consolidados).
“La problemática de la tierra, como toda problemática social, tiene ganadores y perdedores. Por un lado están los que concentran el suelo, que lo hacen en pocas manos y especulativamente, y por otro lado, una basta cantidad de población que, ante la falta de respuesta en el mercado, se ve obligada a ir a vivir en los márgenes, en las zonas más perjudiciales ambiental y socialmente, porque es el espacio que les queda a los pobres para encontrar un lugar donde vivir”, reflexiona Scatolini.
En el caso puntual de la ciudad de La Plata, en los últimos años el Gobierno local favoreció al mercado inmobiliario, relegando el desarrollo de una política de tierra y planeamiento urbano pensada para el acceso a una vivienda digna de todos los sectores.
Con el nuevo Código de Ordenamiento Urbano sancionado en 2010 se habilitó la construcción indiscriminada de edificios, sin tener en cuenta el estable crecimiento poblacional de la ciudad, lo que generó que hoy, mientras crecen los asentamientos precarios, haya –paradójicamente– un 19% de los inmuebles del casco urbano deshabitados, y que sea cada vez mayor la cantidad de inquilinos respecto a los dueños de las viviendas, concentrando las propiedades en aquellos que tienen dinero excedente.
Excluidos contra excluidos
En una de las tomas que hace la cámara de La Cornisa hay dos señoras discutiendo y un policía que intenta mediar. La escena es la siguiente:
Señora 1: Este terreno yo lo tomé hace un año, no tengo plata para construir, hice esta casilla. Esta señora y sus hijos vinieron y se metieron.
Policía (a la señora 2): Si no hay papeles que demuestren que el terreno es suyo….
Señora 2: A ver si me escucha, el terreno no es mío, ella es la dueña del terreno, yo me metí hoy porque no tengo donde vivir, no tengo casa.
El periodista, mientras tanto, habla de una “usurpación dentro de otra usurpación”, y aprovecha para decir que hay matones que quieren destruir las casas de los que están hace un tiempo para dejar entrar a vecinos nuevos.
Si bien esto nunca se distingue, el informe de La Cornisa habla recurrentemente de las “mafias” que hay detrás de las tomas de tierra. Estas prácticas no dejan de ser parte del mismo problema.
Según el director de la cátedra de Hábitat Popular de la Universidad Nacional de La Plata, no es un fenómenos aislado la presencia de punteros o matones, pero muchas veces son parte de la misma connivencia con el Estado, o con la ausencia del mismo. “Pasamos de una ciudad absolutamente planificada, con un eje urbano direccionado, con una lógica de integración en la ciudad, hacia una desordenada en sus periferias, abandonada desde las políticas públicas que puedan resolver situaciones del espacio público, y una liberalización del territorio que permite que cualquiera pueda tratar de incidir en el uso del suelo. Algunos lo hacen para generar barrios privados, y otros los hacen especulando con la necesidad de los más humilde, vendiendoles o cediéndoles suelo que no tiene condiciones de ser habitado, o no tiene un título que lo habilite”.
El Estado es el actor que menos injerencia ejerce en esta problemática. El patrón de crecimiento de las villas y los asentamientos que se profundizaron en los noventa no cambió significativamente en el nuevo siglo. Entre 2000 y 2009 surgieron 39 nuevos asentamientos, y en los últimos cinco años se crearon 20 nuevos barrios informales. Según la revista La Pulseada, sólo el 17% del total tiene iniciado o resuelto algún tipo de regularización de la tenencia de la tierra. “Y se cuentan con los dedos de una mano los casos donde se registra que el municipio o la provincia estuvieron presentes alguna vez para conectar la luz, asfaltar, poner juegos, abrir un centro de salud, hacer una plaza, garantizar recolección de residuos o un transporte para llegar a la escuela”.
El caso de Abasto
Una de las tantas tomas de tierra que se produjeron este año en La Plata fue la que ocurrió en mayo de este año en Abasto. El episodio se convirtió en uno de los más mediáticos y paradigmáticos porque entre la represión policial que sufrieron las 350 familias y las amenazas por parte de la inmobiliaria Mattioli, que decía ser dueña de los terrenos, lograron la expropiación del predio y ahora las familias están empezando a construir legítimamente sus hogares.
En esos momentos de asambleas y resistencia ante la Justicia que expedía una orden de desalojo, acompañaron a los vecinos el juez Luis Arias, el bloque FpV Nacional y Popular encabezado por la concejala Florencia Saintout, y el senador del Frente para la Victoria Emilio “Taka” López Muntaner, quien inmediatamente presentó un proyecto de ley para expropiar los terrenos y construir un complejo de viviendas.
“Las tomas se producen sobre tierras privadas, generalmente sin un titular de dominio que esté dando uso a esa tierra y sin conocerse quién puede ser el heredero o quién puede reivindicar el derecho de propiedad”, explica Luciano Scatolini. Así pasa en la mayoría de las tomas, de las que el ejemplo de Abasto no fue la excepción. Las tierras pertenecían a una empresa que había quebrado y habían pasado a ser fiscales, pero el dueño de la inmobiliaria Mattioli –una de las más importantes de Olmos– insistía en que eran suyas y aprovechaba para alquilarlas.
Lamentablemente, el final feliz que tuvo esta toma es la excepción a la regla. Este año, en la ciudad se produjo un promedio de diez más, donde las familias fueron desalojadas y reprimidas. El Consejo Local de Tierra y Hábitat que se había conformado a partir de la Ley bonaerense de Acceso Justo al Hábitat, integrado por organizaciones sociales y entidades que luchan por un acceso democrático a la tierra, según Scatolini, “fue más una expresión de deseo de los compañeros” que la importancia real que adquirió, porque, como concluye el especialista en hábitat: “Siempre que no haya una decisión política del más alto nivel de intervenir esta lógica es imposible que la correlación de fuerzas en un tema donde se genera tanta riqueza y negocios pueda ir en favor de los más débiles».
