Tal como había sucedido a mediados del año pasado (en antesala de elecciones legislativas), el Ministerio de Seguridad de la provincia volvió a jugar su carta de “saturación” policial tras el crimen del colectivero Leandro Alcaraz y desplegó nuevos operativos de requisas en el transporte público. La medida quedó registrada en imágenes y videos que se viralizaron con rapidez, donde nutridos grupos de la Policía bonaerense intervinieron el recorrido de micros en diferentes puntos de entrada y salida entre La Plata, Berisso y Ensenada.
Según versiones publicadas en medios locales, la medida fue implementada tras un acuerdo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de La Plata con la cartera manejada por Cristian Ritondo, donde el gremio advirtió de las “zonas más calientes” en los trayectos de los micros. “La medida es producto de las reuniones que tuvimos con las autoridades, donde les informamos de las zonas que entendemos que hay más inconvenientes y donde sería necesario reforzar los controles”, había informado el titular de UTA La Plata, Oscar Pedroza, en declaraciones radiales. En tanto, el reporte de esos controles esta semana se registró en diferentes sitios, como Los Hornos (131 y 66, y 131 y 60), Villa Elvira (72 e/ 7 y 8, y 72 y 13) o Ensenada (Camino Vergara y 139).
Por su parte, desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) definieron este accionar como una maniobra “efectista y demagógica». En diálogo con Contexto, el abogado y director del área de Seguridad Democrática de la CPM, Rodrigo Pomares, sostuvo que “estos procedimientos están lejos de resolver cuestiones vinculadas a la seguridad. Están más encaminados a enviar un supuesto mensaje de que se está ‘haciendo algo’ al respecto. En el medio, hay una fuerte vulneración de derechos”.
Junto a varios organismos de renombre como CELS o CORREPI, la CPM ha sido tajante en las distintas ocasiones en que el mecanismo de las razias volvió a asomar cabeza en coyunturas de agitación social y mediática frente a hechos delictivos. “Esto implica un amplio cercenamiento de derechos: se vulnera la voluntad de circulación, implica someter a personas a identificarse (que en sí mismo no es obligatorio), implica ser registrado y un cacheo por motivos arbitrarios. No hay justificación en un hecho concreto, sino en sospechas generales, lo cual es inconstitucional”, aseguró Pomares.
Por su parte, desde el ámbito parlamentario, la oposición observa con preocupación el rumbo que el gobierno transita en materia de políticas de seguridad, en especial frente a los sectores sociales más vulnerables. “Esto cada vez va a estar peor, siempre que hay una tragedia a nivel mediático, gobiernos como este buscan recrudecer el modelo de represión, lo cual genera que la inseguridad se torne aun más grande. A partir de esta consternación social quieren mostrar que hay control, dar una imagen de seguridad sin resolver los problemas de fondo”, dijo a Contexto el diputado Nacional del FpV-PJ, Horacio Pietragalla, quien presentó ayer una red de abordaje integral de casos de violencia de las fuerzas de seguridad.
El legislador expresó que el avance de esta clase de medidas en materia de Seguridad refleja un “alto nivel de hipocresía” por parte del gobierno, que toma agenda de los medios y “aplaude a un policía que mata, y llena la ciudad de Buenos Aires de cámaras que no funcionan”, y expresó que las políticas de saturación policial terminan “tornando más caótica la situación”.
Por su parte, la Comisión Especial Contra la Violencia Institucional de la Legislatura planteó una agenda de prioridades para abordar, entre otros temas -como la creciente represión y criminalización de la protesta social en la ciudad de Buenos Aires, los ataques a la prensa y a estudiantes secundarios-, el aumento de los casos de gatillo fácil y las detenciones arbitrarias.
