Por Miguel Croceri (*)
De manera frívola e irrespetuosa, y dejando de lado (solo para resumir una idea en pocas palabras) los sufrimientos personales de las víctimas y las terribles consecuencias que los hechos tienen para el destino de Argentina, se podría decir que altísimos referentes kirchneristas y/o peronistas, empezando por su líder/lideresa, “van cayendo como moscas”.
La expresión alude a la prisión -por ahora, domiciliaria- y proscripción de la propia Cristina Kirchner, idéntica sentencia desde hace años contra Amado Boudou (quien sufrio la cárcel y salió después de cumplir la condena), ahora también contra Julio De Vido (el cual estuvo prisionero, luego salió en libertad a la espera del fallo definitivo y acaba de ser encarcelado nuevamente), y asimismo contra Guillermo Moreno (víctima de fallos que le prohíben de por vida ejercer cargos públicos y lo dejan frente al riesgo de ser detenido).
Y si bien estos casos son los más resonantes y/o actuales, el listado de víctimas de persecusión antidemocrática disfrazada de “legalidad” es mucho más largo. Empezó hace casi diez años -en enero de 2016-, cuando en Jujuy metieron presa a la líder popular Milagro Sala.
También, aunque hoy están en libertad, fueron objeto de similar ultraje dirigentes como Carlos Zannini, Luis D’Elía y Fernando Esteche, e igualmente empresarios de medios de comunicación no alineados con los poderes de facto y con la derecha o ultraderecha ideológica, tal el caso de Gustavo Ferreyra (ex propietario de Radio del Plata), y Cristóbal López y Fabián De Souza, del Grupo Indalo (del Grupo Indalo, el cual incluye al canal televisivo C5N y a Radio 10).
Además, particularmente criminal fue el martirio de Héctor Timerman, el ex canciller kirchnerista que a causa de la infame persecución y arresto domiciliario que sufría, no pudo viajar a Nueva York para continuar allá complejísimos tratamientos -que solo se realizaban en esa ciudad estadounidense- contra un tipo específico de cáncer que padecía. (“Eso fue un golpe que le causó la muerte”, explicó años después el sociólogo Jorge Elbaum, quien fue amigo personal de la víctima. Declaraciones a Radio Provincia de Buenos Aires, nota del 17/07/2021).
(La situación de las/los dirigentes referidos en los párrafos anteriores fue descripta en un artículo que publicó Vaconfirma en junio pasado, cuando la Corte Suprema confirmó la sentencia contra la ex presidenta Fernández de Kirchner. El texto se titulaba “De Milagro a Cristina: diez años de ‘Poder Judicial del odio’. Nota del 15/06/25). https://www.vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_719/id_16175/de-milagro-a-cristina-diez-aos-de-poder-judicial-del-odio-
Los comienzos, hace diez años
Argentina está a punto de cumplir una década desde que diversos poderes de facto locales y extranjeros tomaron el control, por la vía electoral, de las principales instituciones del Estado. El resultado fue una nueva ofensiva contra los derechos populares y un renovado saqueo a la estructura productiva y los recursos económicos de la Nación.
Durante gran parte del siglo XX, la estrategia de las clases sociales privilegiadas y los intereses foráneos se llevaba a cabo mediante dictaduras. Pero en 2015, por primera vez en una centuria -desde la vigencia del voto universal a partir de 1916, aunque hasta 1951 era solo para varones-, un oligarca reaccionario fue elegido presidente de la República por votación mayoritaria de la ciudadanía: Mauricio Macri.
El ascenso del macrismo no solo implicó un cambio de gobierno, sino la instalación de un régimen político y corporativo basado en gravísimas violaciones al Estado de Derecho construido tras la dictadura genocida. Así, la democracia que el país conoció a partir de diciembre de 1983, se terminó en 2015. (Tema desarrollado por el autor de esta columna en 2018, con un detalle de ataques a los principios democráticos que eran perpetrados en aquel momento, cuando se cumplían 35 años del fin del régimen dictatorial. Nota del 10/12/2018).
El mecanismo económico determinante para volver a saquear el país luego de la recuperación que había tenido en los doce años y medio de gobiernos kirchneristas (2003-2015), fue la deuda externa. El proceso de endeudamiento fue atenuado pero no revertido durante el gobierno del Frente de Todos (2019-2023).
Hoy, esa calamidad nacional se agrava día tras día y será una soga atada al cuello de las argentinas y argentinos durante una cantidad indeterminable de generaciones.
El régimen de ultraderecha encabezado por Javier Milei se sostiene, financieramente, por la plata que le entregaron -y le entregan- el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno estadounidense, a cambio de que el país se convierta en una provincia económica de Estados Unidos o, dicho de otra forma, en una neo-colonia.
Para llegar a semejante devastación de nuestra Patria, ha sido imprescindible el rol de una corporación de jueces y fiscales que se dedica a perpetrar la violencia jurídica contra dirigentes representativos -con sus virtudes y defectos- de los intereses de la Nación.
Alevosía de jueces y fiscales
La cadena nacional de medios de comunicación de la derecha y la ultraderecha, encabezada por el canal TN del Grupo Clarín y que trasmite las 24 horas de todos los días de la vida, volvió a estar “en su salsa” a partir del jueves 6 de este mes, cuando integrantes del aparato judicial dominante empezaron una nueva cacería política contra el kirchnerismo disfrazada de investigación “contra la corrupción”.
Los famosos “cuadernos” con anotaciones de Oscar Centeno, chofer del ex subsecretario de Coordinación del ministerio de Planificación, Roberto Baratta, funcionan como excusa para perpetrar una operación judicial que los aparatos comunicacionales convierten en material de apariencia periodística para intoxicar a la opinión pública.
El caso tiene 87 imputados: 22 ex funcionarios y 65 empresarios. En los años previos, durante las etapas anteriores del proceso a partir de 2018, las actuaciones judiciales se basaron en declaraciones de supuestos “arrepentidos”. Cristina Kirchner explicó días atrás que en realidad se trató de ciudadanos “extorsionados” y al menos en algunos casos “torturados”. Es una “persecución política con métodos propios de las dictaduras”, denunció la líder peronista desde su arresto domiciliario, en un mensaje a través de la red X. (Posteo del 13/11/25).
Como parte de la misma embestida, al finalizar octubre la Corte Suprema de Justicia emitió una catarata de fallos para perjudicar a la ex presidenta de la Nación y a numerosos integrantes de su sector político, y al mismo tiempo beneficiar a Macri y a dos ex jerarcas de su gobierno, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que hoy son ministros de Milei.
El alevoso proceder del tribunal incluyó que Macri fuera sobreseído -es decir que se cerró la investigación en su contra- respecto del aberrante espionaje contra familiares de los tripulantes muertos en el hundimiento del submarino ARA San Juan. A pesar de que el espionaje fue comprobado.
En dirección contraria a la impunidad para representantes de las élites capitalistas y de la hegemonía norteamericana, fue confirmada la condena a cuatro años de prisión para el ex ministro peronista Julio De Vido, y se ordenó que vuelva a prisión. El todopoderoso tribunal resolvió que era responsable de “administración fraudulenta” en el mantenimiento de la red ferroviaria, en relación con el choque de un tren en la estación del barrio porteño de Once, tragedia ocurrida en 2012 que provocó 51 víctimas mortales y más de 700 heridos.
En la misma andanada, los supremos confirmaron la “inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos” contra Guillermo Moreno. Lo condenaron en dos causas. Una por “perturbación del orden” en una asamblea de accionistas de la empresa Papel Prensa, realizada en 2012, donde el entonces secretario de Comercio participó porque era representante del Estado. La otra causa/excusa fue que una vez usó dinero público para comprar cotillón para criticar y denunciar al conglomerado empresarial Clarín.
(Las canallescas sentencias de la Corte se difundieron dos días después de la elección legislativa del 26 de octubre. Puede accederse a una reseña de las resoluciones del tribunal en un artículo de Tiempo Argentino. Nota del 29/10/25).
(El ex ministro De Vido se presentó el pasado jueves para quedar detenido, y luego fue trasladado a la cárcel federal situada en el distrito de Ezeiza, al sud-oeste de la ciudad de Buenos Aires. Información de elDiarioAr, nota del 13/10/25).
Simulacros de juicio, negligencia, complicidad
(Comienzo de cita): “En Argentina rige un sistema de apariencia ‘legal’ para meter presos a dirigentes opositores o a cualquier ciudadano/a cuya eliminación política y humillación pública sea útil al régimen gobernante. Los dirigentes que todavía creen en la mal llamada ‘Justicia’, no están entendiendo el nuevo rol antidemocrático de jueces y fiscales en Latinoamérica”. (Fin de la cita).
(Este párrafo, modificado apenas en algunos detalles de redacción, era la presentación de un análisis publicado por Vaconfirma hace justo ocho años, en ocasión de ser detenido y sometido al escarnio público el ex vicepresidente Boudou. El título fue “Simulacros de juicio, corrupción judicial, más impunidad y menos libertad”. Nota del 06/11/2027).
La violencia jurídica perpetrada por la fracción dominante del Poder Judicial es un factor clave y condición necesaria para la devastación de la Nación iniciada hace diez años bajo la etapa macrista, y que hoy el mileísmo lleva adelante hasta niveles extremos y de proyección desconocida.
Sin negligencia y complicidad de la judicatura, nadie podría gobernar mediante decretazos, ni endeudar al país con un pasivo que deberán pagar varias generaciones y que condicionará durante décadas a los futuros gobiernos de cualquier signo ideológico.
Tampoco sería posible hacer desaparecer las reservas en oro del Banco Central, ni atacar con fuerzas de choque policiales a jubilados/as y otros/as ciudadanos/as que protestan, ni -mucho menos- perpetrar pactos clandestinos con Estados Unidos que comprometen el futuro nacional quizás para siempre, incluido el riesgo inminente de involucrar a Argentina en una guerra si Donald Trump decidiera bombardear Venezuela y/o atacar a otras naciones de América Latina.
El conjunto de la sociedad civil, pero especialmente los/las referentes públicos que aspiran a defender al país y representar a las mayorías sociales, no pueden seguir simulando que se vive una normalidad constitucional por el hecho de que periódicamente se realizan elecciones.
Toda la dirigencia comprometida con el bien común, la paz social y los principios democráticos, debería debatir en forma urgente acerca de los nuevos dispositivos de dominación, que ya no apelan a las dictaduras -como en el pasado-, pero que igualmente agravan la devastación económica, provocan mayor injusticia social, y ahora también generan el peligro de que nuestro país quede envuelto en una guerra.
(*) Publicado en www.vaconfirma.com.ar
