Por Alejandro Palladino
Más de un portal de noticias publicó ayer que mediante el Decreto 1.278/16 la gobernadora se había aumentado el sueldo, alcanzando una cifra de 525 mil pesos. La apreciación era errónea pero no tanto. Lo que hizo María Eugenia Vidal con ese decreto firmado el 12 de octubre y que recién en los últimos días tuvo repercusión debido a la tergiversación de la información fue permitir que el riñón PRO de su dirigencia, ella con sus ministros, secretarios y subsecretarios, se asignen altísimos montos para contratar asesores para su gestión, luego de un año de marcado ajuste sobre los trabajadores de la provincia.
Por el decreto firmado junto a los ministros de Economía y de Coordinación y Gestión pública, Hernán Lacunza y Roberto Gigante –ahora en Infraestructura–, Vidal podrá contratar asesores por 525 mil pesos, sus ministros y secretarios por 437.500 y sus subsecretarios por 350 mil. Todo esto es por mes. La cuenta es simple pero alarmante: hay una gobernadora, catorce ministros, seis secretarios y sesenta subsecretarios.
“El equipo PRO, que son aproximadamente una centena en el Gobierno de la provincia, se garantiza sueldos altos sin precarización para sus asesores (contarán con obra social y aportes jubilatorios). Y de alguna manera los separan de todo el resto de los funcionarios que garantizan la gestión, en conjunto con los demás trabajadores de la provincia”, dijo a Contexto Martín Fontela, integrante del equipo de investigación del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP) que pertenece a ATE provincia.
El Decreto 1.278 está enmarcado en la Ley de Emergencia Administrativa, fuertemente resistida por los gremios por flexibilizar las relaciones laborales de los empleados provinciales, creando el contrato autónomo de trabajo. La ideó el Ejecutivo a principio de año y fue aprobada en la Legislatura en mayo, por los votos de la alianza Cambiemos y su oposición “dialoguista” del Frente Renovador. Ese día, gremios de todos los colores manifestaron su rechazo frente a la Casa de Gobierno, con más de 50 mil trabajadores en movilización.
Antes de la implementación de la Ley, que Vidal la vendió como garante de la “eficiencia” del Estado, la contratación de asesores tenía un límite estipulado por la Ley 10.430, de tres asesores para la gobernadora, tres para cada uno de sus ministros y secretarios y dos para los subsecretarios. A su vez, los sueldos de los asesores estaban ajustados a la jerarquía de funcionarios para los que trabajaban (director de provincia, director de línea), que eran de menor rango que los que estipula el decreto de Vidal, por lo que los asesores ganaban mucho menos.
El único límite que define el decreto es que no pueden ganar más que la autoridad que los contrata, y que sus contratos vencen cuando caduque el cargo de su autoridad. Queda el camino abierto para el ingreso de asesores del mundo privado a la gestión de Vidal, que le garantiza sueldos elevados.
Al igual que la de contrato autónomo, la Ley de Emergencia Administrativa establece la figura de “personal de gabinete” y define su cuestión remunerativa. Este régimen modular define de cuántos módulos dispone cada funcionario, al tiempo que cada módulo tiene un valor de $ 17,50.
Si bien la medida es legal, cabe preguntarse por qué en el Boletín Oficial sólo se publicó una versión resumida de la normativa, con la cual era imposible entender la magnitud de la disposición. El enojo de la Gobernación ante supuestas «versiones diferentes» llegó una vez que la cuestión salió a la luz. No hubo predisposición a la transparencia, todo lo contrario.
Los gremios salieron a cuestionar
Vidal dispone de 30 mil módulos, lo que representan 525 mil pesos. Los ministros y secretarios reciben 25 mil módulos, o sea, 437.500 pesos; y un subsecretario 20 mil módulos, lo que equivale a 350 mil. Como se dijo, la cantidad de asesores es libre para cada funcionario, siempre y cuando no supere su propio sueldo.
A estos valores se les resta el 20% no remunerativo contemplado en el artículo 2 del decreto, ya que los asesores de la élite gubernamental contarán también con obra social y aportes jubilatorios.
“Mientras se sostiene una carrera administrativa achatada, un convenio colectivo atrasado, salarios a la baja de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, avalan todos los cambios necesarios y de manera fugaz para garantizar sueldos altísimos para sus cercanos, y sobre todo en comparación con el sueldo promedio de un trabajador estatal, que no supera los 11 mil pesos mensuales”, señaló Martín Fontela del IDEP de ATE. “Se preocupan porque su riñón político tenga sueldos altísimos”, agregó.
Los altos montos con los que cuenta Vidal para ubicar a sus asesores contrastan con cómo ha respondido ante los gremios en paritarias. Luego del aumento de inicio de 2016, que quedó diez puntos por debajo de la inflación interanual, los docentes de la provincia no recibieron más incrementos.
“Recortan el presupuesto en educación y aumentan el gasto en burocracia, esa es la impronta de este Gobierno”, afirmó a Contexto Roberto Baradel, titular del gremio docente de Suteba. “No reabrieron las paritarias, y no por un problema de plata; es un problema de concepción política de la gobernadora”, agregó.
“Es coherente lo que hacen: hay plata para ellos y no para los trabajadores y los sectores más vulnerables. En eso son implacables desde que asumieron”, lanzó en diálogo con este medio Oscar De Isasi, secretario general de ATE provincia de Buenos Aires. “Cierran la paritaria por quince meses conformando la pérdida de 2016 y profundizándola en 2017. Y gobiernan para los grupos concentrados y para sus gerentes, y dentro de sus gerentes, los asesores.”
