Avanzar con medidas que en el pasado habían desmentido ya es una constante de Cambiemos. Ahora se trata de la reforma del sistema previsional de la provincia de Buenos Aires. Si bien aún no hay ninguna presentación oficial, circuló una propuesta de modificación que, según indicaron algunas fuentes, estaría realizada por un asesor previsional de la provincia de Entre Ríos con poco conocimiento real de Buenos Aires.
Como la propuesta está planteada como un emparejamiento o armonización con el régimen de ANSES, la iniciativa pone en peligro el Instituto de Previsión Social (IPS) y viola el principio de progresividad –si hay un cambio, debe ser para mejor– consagrado en la Carta Magna bonaerense y en varios pactos y protocolos internacionales.
Fue el propio Cristian Gribaudo, titular del IPS, quien sinceró los objetivos de su jefa política, María Eugenia Vidal. “Este año comenzaremos a trabajar lo que tiene que ver con un sistema más previsible y más sustentable en la provincia de Buenos Aires, que tenga que ver con esto que decíamos recién: con la edad, con los aportes y trabajar en regímenes que no sean distintos en todo el país”, dijo el funcionario a La Capital de Mar del Plata.
A pesar de que fue Gribaudo quien en 2016 dijo que el IPS estaba “firme” y era “superavitario”, desde Gobernación tienen la obsesión de instalar que ese organismo tendrá este año un déficit a cubrir de 2 mil millones de pesos.
Por su parte, los sindicatos aseguran que la relación es de cinco activos por cada pasivo, una de las más altas de los esquemas de retiro del país. Esas cifras son coincidentes con los datos a los que pudo acceder Contexto.
Sin embargo, también afirman desde los gremios que esa misma relación comenzará a cambiar con las modificaciones en los modos de empleo que se realizaron en los últimos dos años, cuando el gobierno de Cambiemos comenzó a emplear con el sistema de «locación de obra» en lugar de «locación de servicio» o «planta permanente». Este nuevo sistema de contratación implica que cada nuevo trabajador ya no es un aportante como lo era con los sistemas anteriores. Entonces, la relación pasaría a ser de 3,2 activos cada un pasivo, lo que podría arrastrar a un modelo deficitario.
En este punto, el oficialismo omite además decir que el congelamiento de los pases a planta y las jubilaciones de oficio, en todo caso, acrecientan, de haberlo, el desequilibrio. Parece entonces que son las mismas maniobras de la gobernadora las que implosionan el funcionamiento del IPS. Una buena herramienta para evitarlo sería la de iniciar un plan de ingreso a los diferentes ministerios y municipalidades.
Esa falacia se complementa con la de llamar de “privilegio” los regímenes de docentes, penitenciarios y profesionales de la salud, quienes tiene la posibilidad de jubilarse de manera anticipada, pero por el desgaste propio de su actividad. En todos los casos especiales, se contempla también un esquema especial de aportes, que a veces hasta suele comprender una afectación de las jubilaciones. Es decir, en actividad o en retiro, son los trabajadores los que se autofinancian esos “privilegios”.
Las ventajas del sistema bonaerense con respecto al de ANSES están claramente a la vista. En primer lugar, la movilidad: en provincia, los jubilados se “enganchan” con los aumentos que reciben los activos en cada paritaria, cuando en nación los aumentos se rigen ahora por la ley del macrismo.
Este rasgo redunda en la particularidad de que los gremios representan también, en cada puja anual, a quienes ya no están en actividad, y estos gozan de una representación que en ANSES no tienen. Así, la jubilación puede llegar hasta el 85% del sueldo –con un piso del 70%–, mientras que en ANSES el promedio es del 52,5%.
Otro beneficio sustancial es la forma en que se calcula la pasividad del agente que se retira. Para el IPS se establece como mejor cargo los tres mejores años consecutivos o cinco alternados de la carrera docente, para ANSES, los últimos diez años trabajados. En tanto, el mínimo de aportes en la provincia es veinticinco años y en ANSES treinta.
Las edades topes también hacen la diferencia: un docente accede a la jubilación ordinaria a los cincuenta años, y (según el proyecto que circula en ámbitos no oficiales), aunque se mantenga el régimen especial para algunos trabajadores, irá aumentando anualmente al considerar que la expectativa de vida va también en aumento. En ANSES, en cambio, es general: a los 60 para las mujeres y 65 para los hombres. En el régimen general de provincia (los que no tienen particularidades por trabajos desgastantes), para los estatales varones la comparación es de 60 contra 65 y mujeres de 55 a 60.
«Si bien el gobierno pone el foco en la edad jubilatoria, para nosotros eso es lo menos importante, lo que nos preocupa es perder el 82% móvil y la elección del mejor cargo docente», explicó la secretaria adjunta de Suteba, María Laura Torre.
En el mismo sentido, la referente sindical expresó que los docentes declaran el «estado de alerta», y agregó: «Rechazamos cualquier modificación del IPS de parte de la gobernadora que implique un retroceso en nuestros derechos, pero a la vez estamos reuniéndonos con los legisladores para que no aprueben una ley que vaya en detrimento de los trabajadores de la provincia”. Esta idea surge a partir del tratamiento –y aprobación– que le dieron en ambas Cámaras de la provincia al sistema jubilatorio de los bancarios en diciembre pasado.
Unidad Ciudadana presentó un proyecto de ley
Frente a esta amenaza, y teniendo en cuenta que la modalidad de Cambiemos ha sido la del tratamiento exprés de leyes sensibles, desde el bloque de diputados de Unidad Ciudadana presentaron el último viernes un proyecto de ley para declarar de “interés público” los sistemas jubilatorios actuales y la “intangibilidad de los fondos del IPS y de sus fuentes de financiamiento”.
Lo que se busca es que la Legislatura sea el reaseguro de que los recursos del Instituto se sigan utilizando con los fines para los que fue creado. Si esta normativa avanza, cualquier gobierno –de acá en adelante– va a necesitar una mayoría extraordinaria (dos tercios del total de ambas Cámaras) para generar cambios previsionales.
«Esta ley es impulsada con el objetivo de amparar y proteger al Instituto de Previsión Social para evitar que, al modificarse, se avance sobre los procesos de quita de funciones y el retroceso de los derechos y beneficios de los trabajadores y trabajadoras», explicaron desde el bloque. En este sentido, los diputados de Unidad Ciudadana entienden que ninguna de esas modificaciones pretendidas puede violar el principio de progresividad o la prohibición de no regresividad. Por lo tanto, ninguna «armonización» puede ir en perjuicio de las actuales condiciones y derechos de que gozan los jubilados (actuales o futuros).
Respecto de esta propuesta, Torre destacó que «es importante que la política intervenga y debata en el lugar de los trabajadores […] la pelea es en la calle y con medidas de acción», apuntó.
Desde Suteba ya anunciaron que el próximo viernes realizarán una actividad cultural en la ciudad de Mar del Plata, frente a la catedral, donde van a denunciar el rechazo a las modificaciones del IPS y pedirán también la apertura de paritarias docentes en la provincia.
