Las universidades no se rinden y continúan sus reclamos al Gobierno para tener incrementos de presupuesto y salarios que les permitan funcionar con normalidad. Las y los rectores de las universidades públicas, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), pidieron al Congreso de la Nación que incorpore al Presupuesto 2026 un aumento de las partidas necesarias para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, que el Ejecutivo promulgó pero no aplicó, desoyendo la voluntad legislativa.
“Esperamos contar con el mismo apoyo de los representantes del pueblo argentino para que los recursos que se establezcan en la ley de leyes de 2026 incorporen los fondos que permitan establecer parámetros de previsibilidad que eviten la limitación al funcionamiento de las instituciones universitarias para el año que viene”, sostuvo el CIN en un comunicado.
La Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada y ratificada por el Congreso, luego del veto de Milei. Establece un esquema de actualización automática de las partidas destinadas a las universidades públicas nacionales, con el objetivo de garantizar su funcionamiento básico y sostener salarios, becas, investigación, infraestructura y gastos operativos frente a la inflación.
Las autoridades universitarias detallaron que los 4,8 billones de pesos anunciados por el Presidente para las universidades el año próximo implican, en los hechos, apenas la anualización para 2026 de lo percibido a diciembre de 2025, y que ese monto queda muy lejos de los 7,3 billones de pesos que estiman necesarios para que el sistema universitario pueda funcionar con normalidad.
“Con las cifras que establece el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 15 de septiembre quedaría gravemente lesionado el derecho a la educación que tienen las y los jóvenes argentinos en la universidad pública de calidad con la que hoy cuenta el país y que la gran mayoría de la sociedad reconoce”, remarcó el CIN.
Por su parte, los trabajadores nodocentes también endurecieron su postura frente al ajuste del Gobierno nacional. En un plenario de secretarios generales, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvió mantener el estado de alerta y movilización y advirtió que, de persistir la falta de respuestas, “peligra en 2026 el comienzo del ciclo lectivo y el normal funcionamiento” de todas las universidades públicas del país.
El gremio denunció el incumplimiento de la negociación paritaria, la subejecución del presupuesto universitario y la falta de aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento.
Universidades reclaman que el Presupuesto 2026 incluya los fondos de la Ley de Financiamiento.
La semana pasada, había hecho lo propio la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) al decidir la puesta en marcha en 2026 de un plan de lucha que incluiría el no inicio del ciclo normal de las clases si no se implementa en su totalidad la Ley de Financiamiento.
Así, con rectores, docentes y nodocentes alineados en el reclamo, el conflicto entre el sistema universitario y el Gobierno nacional se profundiza de cara al 2026. La falta de aplicación de una ley aprobada por el Congreso, la caída salarial superior al 40% desde diciembre de 2023 y un presupuesto considerado insuficiente conforman un escenario que pone en riesgo el normal funcionamiento de las universidades públicas y anticipa un año atravesado por nuevas medidas de fuerza en defensa del derecho a la educación superior.
A este escenario se suma un factor político que complejiza aún más el panorama: la nueva conformación del Congreso, surgida del último resultado electoral, aparece como un obstáculo adicional para los reclamos universitarios. La Libertad Avanza no solo fortaleció su bloque parlamentario sino que desde ayer se convirtió en la primera minoría en la Cámara de Diputados, lo que le otorga al oficialismo una mayor capacidad de bloqueo sobre iniciativas impulsadas por gremios y rectores.