Brasil se ha convertido en un laboratorio global sobre grado de tolerancia, organización, resistencia y reacción que tienen los pueblos y los movimientos populares de la región frente a la nueva arremetida neoliberal-antidemocrática.
El proyecto para América Latina es el mismo desde el sur del Río Bravo hasta el punto más austral del continente. Los independentistas del siglo XIX, los revolucionarios y líderes populares de los siglos XX y XXI siempre lo supieron, pero también lo supo la derecha y el imperialismo. La renombrada Doctrina Monroe, de 1823, es sólo un ejemplo de ello. “Hacia donde se incline Brasil, se inclinará toda América Latina”, planteaba hace tiempo -y cínicamente- el referente de la política exterior norteamericana Henry Kissinger.
Las dictaduras del Cono Sur, que dejaron decenas de miles de muertos y desaparecidos, fueron promovidas y coordinadas desde los poderes de Washington, que veían la región (que ellos consideraban y consideran su “patio trasero”) como un enclave fundamental para enfrentar a sus enemigos de la Guerra Fría.
Una vez destruídas las bases de los movimientos sociales y de la militancia estudiantil, devastado el poder de los sindicatos y de los partidos políticos populares, regresaron las democracias (condicionadas y débiles) con una fuerte promoción del modelo neoliberal, que se implantó rápidamente en gran parte de la región.
Los pueblos tardaron en recuperarse, pero lo hicieron. Los pueblos siempre se recuperan y siempre dan a luz nuevos líderes. A fines del siglo XX y principios del XXI, volvieron a instalarse en la región procesos populares que duraron más de una década, recuperaron derechos para millones de personas y les brindaron herramientas para construir una vida digna.
La nueva arremetida neoliberal (o neocolonial, como también lo han denominado diversos intelectuales) en algunos casos se dio a través de golpes parlamentarios, como en Paraguay contra Fernando Lugo, en 2012, y en Brasil contra Dilma Rousseff, en 2016; en otros se dio a través de golpes clásicos, como en Honduras contra Manuel Zelaya, en 2009 (un golpe luego perpetuado mediante fraudes electorales); en algunos casos la estrategia fue el engaño electoral, como el caso de Argentina, en 2015; o la traición, como en Ecuador 2016. Países como Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Cuba siguen resistiendo esa arremetida.
En esta nueva avanzada en la región, la persecución mediática-política-judicial y el intento de proscripción parece ser la estructura lógica y fundamental de la estrategia de la derecha. Megaempresas de comunicación, como la Rede Globo de Brasil y el Grupo Clarín de Argentina, se dedican a bombardear sistemáticamente la imagen de los líderes populares y de los partidos que constituyen su base electoral. La estrategia planteada es simple, pero efectiva: intentan instalar como sentido común dominante la idea de que La Cámpora y el Partido Justicialista (PJ) en Argentina, y el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil son organizaciones mafiosas, que se dedicaron a saquear los bienes de todo el país, y que los líderes de esas «organizaciones mafiosas» son Cristina Fernández de Kirchner y Luiz Inácio “Lula” Da Silva.
El Grupo Clarín y la Rede Globo sostienen que todo lo que los ciudadanos pudieron avanzar durante esos años se dio en el marco de un engaño, y que ahora, durante los modelos neoliberales de Mauricio Macri y Michel Temer, los trabajadores y la clase media viven peor a consecuencia de quienes les dieron derechos y les generaron condiciones para el crecimiento personal durante los gobiernos anteriores. En pocas palabras, “la culpa es de quien dio derechos y elevó la calidad de vida del pueblo durante el gobierno anterior y no de quien ajusta y arrebata derechos durante el gobierno actual”. Un discurso perverso que ha logrado instalarse en gran parte de la sociedad.
La terrible, sistemática y enormemente poderosa demonización de estos líderes y los espacios políticos que representan permite instalar en el imaginario social la idea de culpabilidad, aunque no haya evidencia para sostener las acusaciones. Allí entra el juego un Poder Judicial, marcadamente penetrado por jueces y fiscales formados en cursos brindados por el Departamento de Estado norteamericano y por sus fundaciones y ONG, que sirven de mascarada para la USAID y la NED (dos de los brazos financieros de la CIA).
Vinculados al poder económico y financiero, a los intereses de Washington, de las multinacionales, ligados estrechamente a los megagrupos mediáticos y a la tradición más reaccionaria local, los jueces Claudio Bonadio en Argentina y Sergio Moro en Brasil montan causas que no tienen base jurídica, pero que les sirven para sostener la etapa de persecución judicial contra los líderes populares. A tal punto esto es así que, a la hora de emitir su fallo contra el expresidente Lula, el juez Moro admitió que no tenía pruebas para condenarlo, pero que tenía “la convicción” de que el exmandatario había cometido el delito del que se lo acusa y que para él eso “era suficiente”.
En Brasil ya dieron uno de los pasos más contundentes: Lula está preso. Ahora van por la proscripción y el intento de que el PT desaparezca. En Argentina la arremetida contra Cristina es igual de virulenta, pero, como dijo cínicamente el presiente Macri, el gobierno argentino es gradualista, sus tiempos son más lentos.
El nivel de conciencia popular, de organización social, de unidad del campo nacional y de lucha será el que logre evitar que Cristina Kirchner sufra una injusticia tan grande como la que sufre el líder del PT. Serán también esos factores los que permitan generar las condiciones para que Lula recupere la merecida libertad.
“Luche como un argentino”, era una de las frases que usaban los manifestantes que apoyaban a Lula, para motivar a quienes resistían la arremetida contra el exmandatario.
Los líderes pueden ser encarcelados, los pueblos no. El camino de la resistencia también es el camino de la generación de conciencia y del regreso a una nueva etapa de gobiernos populares. Nada ni nadie podrá evitarlo.
