Por Héctor Bernardo
«La ONU señaló que ser mujer en América Latina es altamente arriesgado. Es decir, por el solo hecho de ser mujer, hay riesgo. A eso agréguele ser mujer afro, política y estar comprometida con la paz y con los derechos humanos en un país en el que hablar de esos temas es ir contracorriente. De tal forma que decir que ha sido difícil es quedarme corta en la descripción», aseguraba Piedad Córdoba.
La defensora de derechos humanos e incansable militante por la paz falleció el sábado 20 de enero en Medellín (Colombia).
Tiempo atrás, tuve la oportunidad de entrevistarla para el libro América latida. Voces de una región constante movimiento.
Nos quedó un mundo sin Piedad, que más que nunca necesita mantener latente su voz, que es la luz que ilumina la búsqueda de un mundo más justo.
A continuación, Contexto reproduce la entrevista completa:
Piedad Córdoba: «Los conflictos armados son el fracaso de la democracia«
Piedad Córdoba es una reconocida militante política colombiana, abogada activista de derechos humanos. Entre 1992 y 1994 fue elegida para la Cámara de Representantes de Colombia. Entre 1994 y 2010 se desempeñó como senadora, presidió la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Paz. En 2010 fue destituida y proscripta tras falsas acusaciones que la involucraban con la guerrilla de las Fueras Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Tras un largo proceso en 2016 fue exonerada y sus derechos políticos de ser candidata le fueron devueltos.
En 1999 fue secuestrada por uno de los grupos paramilitares más violentos, las Autodefensas Unidas Colombianas (AUC), grupo liderado por Carlos Castaño, a quien se le adjudican más de dos mil asesinatos. Durante la discusión con el líder paramilitar, Córdoba le dijo: «Si me va a matar, me mata, pero usted a mí me respeta». La dirigente estuvo a punto de ser fusilada, pero gracias a la presión de los organismos de derechos humanos fue liberada.
Su militancia por la paz y los derechos humanos la llevó a tener un papel muy importante en la firma del acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos.
¿Cómo le explicaría a quienes no son colombianos cuál es la raíz del conflicto que se vive en ese país?
Sobre esta pregunta hay que aclarar que estamos en una etapa de posconflicto, que es una parte del proceso que se inició con la firma del acuerdo de paz. Consolidar el fin del conflicto, en especial de uno de la envergadura del colombiano, no es sencillo, pero es el camino que, como sociedad, debemos andar. Por otra parte, los estudios sobre paz señalan que en esta etapa siempre hay retrocesos, en especial cuando se trata de un conflicto de tanta duración como el colombiano. Ahora bien, para responder a su pregunta, considero que la raíz del asunto nace debido a que el Estado colombiano, históricamente, no ha tenido la voluntad política necesaria para abordar seriamente la inequidad en el país.
En su lucha por los derechos humanos y la justicia, usted fue víctima de ese conflicto, la secuestraron los paramilitares y estuvieron a punto de fusilarla. Ese secuestro ¿representó el momento más difícil de su vida? Hoy, a la distancia, ¿qué le dejó esa terrible experiencia?
Hay situaciones que nos confrontan con nosotros mismos, que ponen a prueba la fibra misma de nuestra humanidad. Esa situación fue sin duda un momento de gran incertidumbre y de terror, pero así mismo, en ese contexto tan espantoso, tan desesperanzador, porque estás a merced de unas personas que han hecho de la violencia su forma de vida y que han extraviado su humanidad, encontré motivos para mantener la esperanza en la humanidad. Hubo gente que me tendió la mano, cuya generosidad en ese momento tan complicado me dio valor. Creo que esa fue la gran lección: que no hay que perder la esperanza ni el valor para recuperarla.
Usted ha señalado que una cosa es el «conflicto armado» y otra el «conflicto social» en Colombia. ¿Podría explicar la diferencia y desde su perspectiva analizar cuáles son los caminos para una paz definitiva en ese país?
El conflicto social, a mi modo de ver, es la carencia de equidad, que a su vez genera pobreza, lo cual deriva en crisis económica y por consiguiente en desesperanza. Cuando los ciudadanos de un país no tienen la posibilidad de desarrollar su potencial, al no tener acceso a unas condiciones dignas y justas de salud, educación, trabajo, que son derechos fundamentales para lograr el bienestar, tenemos un conflicto social, por el simple hecho de que hay quienes tienen acceso y quienes no y eso es una terrible injusticia. En esa medida, el Estado colombiano nunca ha funcionado de forma equitativa y esa falta a su responsabilidad, a su deber, ocasionó un conflicto armado. Esa ausencia del Estado en varios territorios de Colombia derivó en que unos agentes paraestatales coparan el espacio vacío e impusieran su ley. En la mitad, entre dos fuegos, ciudadanos desamparados que deben emplear lo mejor de sus recursos en sobrevivir, sin derecho a educarse con calidad, sin derecho a salud de calidad, sin derecho al trabajo, víctimas de la violencia estructural del Estado, por su negligencia, y víctimas de estos terratenientes y posteriormente de los grupos ilegales. Para consolidar lo firmado con las FARC hay que subsanar las raíces que dieron origen a estos conflictos, y eso se logra con cambios estructurales profundos, como los que se plantean en el acuerdo. El cumplimiento a cabalidad de lo acordado funciona como garantía para por lo menos minimizar las posibilidades de que se repita el conflicto armado. Ahora bien, es importante aclarar que no hay paz absoluta; eso es utópico. Lo que los acuerdos de paz buscan es agotar un conflicto determinado, pero es responsabilidad de la ciudadanía y del Estado, en conjunto, lograr consolidar acuerdos sociales de fondo que eviten crisis sociales que deriven en conflictos armados, que son el fracaso de la democracia.
Desde la firma del acuerdo de paz se ha asesinado a una enorme cantidad de dirigentes sociales, hay muchos aspectos del acuerdo que no se han cumplido, el Gobierno de Iván Duque ha puesto objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ha abandonado la mesa de diálogo con el ELN. ¿Cómo se enfrenta esta realidad tan compleja?
La respuesta se encuentra en la ciudadanía, la cual debe asumir un rol más determinante, porque lo que está en juego es el futuro del país. Así de sencillo y así de complejo. Somos los ciudadanos quienes en este momento crítico de la historia debemos movilizarnos y demandar que el Gobierno del presidente Duque asuma su responsabilidad con la totalidad de los colombianos y colombianas que habitamos el país y no solamente con el porcentaje que voto por él o con el reducido grupo de intereses particulares que lo eligieron. Si el presidente no comienza a gobernar con la seriedad que la situación le exige y que la Constitución le demanda, será el responsable no solo de que se continúen vulnerando los derechos y la vida de los líderes y lideresas sociales y de derechos humanos que han sido asesinados y amedrentados por quienes se han beneficiado de la violencia y el conflicto, sino también de que el país no sea sostenible en el futuro próximo, porque sin el desarrollo del campo, que es uno de los puntos clave del acuerdo, el país no será viable. Así que la clave está en que los y las ciudadanas de Colombia se conecten con su responsabilidad y asuman posturas críticas. Eso se hace, por una parte, votando y, por otra, movilizándose y generando presión al Estado. La pasividad y la desidia son las armas más eficientes contra la esperanza y contra la democracia.
¿Qué legado dejó el expresidente Juan Manuel Santos para la historia de Colombia, teniendo en cuenta sus vaivenes respecto de la paz interna y regional?
El expresidente Santos comprendió que la viabilidad económica y social de Colombia pasaba por sentarse en una mesa de diálogo con las FARC y el ELN, y ese momento de claridad, a pesar de lo que usted señala y de los errores en diversos frentes, fue el gran logro de su presidencia, eso me parece a mí que es innegable. Más allá de los desacuerdos que tenga respecto a sus posiciones neoliberales o a sus disposiciones sobre la región, que no comparto, considero que el hecho de que haya optado por no hacer lo popular, o lo que se esperaba de él por los sectores más conservadores, sino lo correcto para el país, que era poner fin, por medio del diálogo serio y responsable con las guerrillas, a medio siglo de conflicto político, fue su gran acierto y es su legado más valioso.
En 2013, reunidos en la Celac, los presidentes de la región declararon a América Latina y el Caribe como zona de paz. En 2016 se firmaron los Acuerdos de La Habana entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano. En la actualidad la realidad de la región parece ser totalmente distinta, en especial por la amenaza sobre Venezuela y la llegada a los Gobiernos de varios países de la región de líderes alineados con las políticas belicistas y los intereses de Estados Unidos. ¿Qué rol tiene y qué rol debería tener Colombia en este nuevo marco regional?
Colombia históricamente se ha alineado con las disposiciones de Estados Unidos, de tal forma que su posición actual es tristemente coherente, como lo es la de todos los países que actualmente están siendo gobernados de la manera descrita en la pregunta. Idealmente, Colombia debería ser más solidaria con los países de la región, con quienes comparte no solo territorio geográfico, sino raíces culturales. Su papel no debería ser el de socio de Estados Unidos, cosa que no es cierta, eso es un eufemismo para matizar la presión que ejerce la Casa Blanca sobre la Casa de Nariño para que se doblegue ante ella cada vez que resulte necesario, so pena de perder todos los auxilios económicos. En esa medida, Colombia debería ser socia de sus vecinos.
Usted se ha transformado en todo un símbolo de la lucha por la paz y los derechos humanos. ¿Fue más difícil hacer todo lo que hizo (mantener esa lucha, defender sus convicciones) siendo mujer?
La ONU señaló que ser mujer en América Latina es altamente arriesgado. Es decir, por el solo hecho de ser mujer, hay riesgo. A eso agréguele ser mujer afro, política y estar comprometida con la paz y con los derechos humanos en un país en el que hablar de esos temas es ir contracorriente. De tal forma que decir que ha sido difícil es quedarme corta en la descripción. Ser mujer política implica resistir diversas formas de violencia, no solo las más evidentes, como lo fue el secuestro o como han sido las amenazas, los insultos y las agresiones que he tenido que soportar por mi trabajo en derechos humanos y como mediadora de paz, sino también la violencia estructural, la que está incrustada en la cultura, esa que se manifiesta de formas más sutiles, pero sistemáticas, la que se esconde en el chiste o en el comentario descalificador, o en actitudes como cuando no te permiten expresar tus ideas o te tratan de deslegitimar o censurar por el hecho de ser mujer. Entonces sí, no ha sido sencillo, por todo lo que comentaba antes, pero no me arrepiento de nada, porque siempre he actuado con la convicción de que mis acciones han sido honestas y transparentes con la sociedad y coherentes con mi compromiso con el país.
