Camuflado entre las noticias vinculadas con el avance del COVID-19 en Argentina, el nombre de Lucio Nast se instaló esta semana en la agenda de los medios de comunicación. Nast, de 66 años, fue miembro del Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario durante la última dictadura cívico-militar y ahora cumple cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Apoyado en las medidas de prevención por la pandemia, un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó prisión domiciliaria y la alerta se volvió a encender entre los organismos de derechos humanos.
La agrupación del ámbito judicial y de los derechos humanos Justicia Legítima fue la primera en realizar una fuerte crítica ante el fallo impulsado por los jueces Guillermo Yacobucci y Carlos Mahíques. La entidad señaló que, dadas las características de la decisión judicial, «se puede especular que se trata de una coartada».
«Nosotros nos pronunciamos en una crítica al fallo desde el punto de vista jurídico y moral. Decimos que la pandemia es una coartada, porque el propio fallo habilita a esa especulación. Porque los argumentos de la sentencia de los votos mayoritarios son argumentos absolutamente falaces. Cuando hablan de las patologías, si uno lee el fallo, no fundamentan qué vínculo hay con el riesgo del virus. Eso habilita creer que la pandemia no es la razón por la que le conceden domiciliaria», dijo a Contexto el referente de Justicia Legítima, el exfiscal Jorge Auat.
Cabe señalar que Mahíques cuenta con el antecedente de haber sido designado «a dedo» para pasar de Casación Nacional en lo Criminal y Correccional a Casación Federal Penal, sin concurso mediante. Esto fue posible gracias a un decreto del entonces presidente Mauricio Macri. A esto se suma el detalle de ser el padre de Juan Bautista Mahíques, exrepresentante de Macri en el Consejo de la Magistratura y actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta.
Más allá del caso puntual de Nast, prevalece aun la firme posición por la continuidad de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia que, tras cuatro años de gestión de Cambiemos en el poder, sufrieron fuertes embates y obstáculos hasta el presente. El Poder Judicial es el primer lugar donde se debe apuntar, ya que, en palabras del ex juez federal Carlos Rozanski, «hoy acumula más poder que los poderes Legislativo y Ejecutivo».
En diálogo con Contexto, Rozanski señaló: «Desde hace muchos años, se sabe, estoy completamente en contra de la prisión domiciliaria en casos de crímenes de lesa humanidad, en cualquiera de sus casos. Los delitos de lesa humanidad son distintos, no prescriben. Es decir, la magnitud del daño es tal que el paso del tiempo no lo prescribe».
El magistrado referente de los procesos judiciales contra la dictadura agregó: «Si estos delitos tienen régimen especial por su magnitud, eso incluye también esto. Esto no tiene que ver con cuidar la salud. Incluso hay un represor en Campo de Mayo que fue una de las primeras domiciliarias que se pidieron por coronavirus, y sigue allí. En el hospital de Campo de Mayo, que no se puede comparar con cualquier cárcel común. Se usa como excusa. En el fondo, toda interpretación de las leyes es ideológica».
Para Rozanski, las secuelas judiciales del macrismo se mantienen palpables en los retrocesos generados en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. «Ha sido un retroceso acompañado por los jueces. Macri y su gente tienen una ideología mucho más cercana al proceso genocida que a cualquier sistema democrático. Sin embargo, la decisión de demorar juicios, por ejemplo, no fue del Poder Ejecutivo. Tenemos que ponernos a pensar qué es lo que pasa en estos sectores reaccionarios de la Justicia y que hace daños gigantescos», explicó.
