El Gobierno nacional oficializó el retiro de la Procuración del Tesoro de la Nación como querellante en la causa penal que investiga las presuntas irregularidades en el préstamo de 44.500 millones de dólares contraído por la administración de Mauricio Macri en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el más grande de la historia de ese organismo financiero.
La medida fue establecida a través del Decreto 87/2026, publicado ayer en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Esta decisión implica que el Poder Ejecutivo deja de impulsar la acción penal en el expediente donde se investigan los delitos de administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.
La resolución alcanza a exfuncionarios de la gestión 2015-2019 que actualmente ocupan cargos de jerarquía en el gabinete nacional. Luis Caputo, quien se desempeñaba como ministro de Finanzas al momento de la toma del crédito, es el actual Ministro de Economía. Por su parte, Federico Sturzenegger, entonces presidente del Banco Central, ejerce hoy como Ministro de Modernización.
Vale remarcar que, antes de ser presidente, Javier Milei había sido un durísimo crítico del préstamo que Macri y Caputo tomaron con el organismo internacional.
El decreto gubernamental se publicó tres días después de que la jueza María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 y cercana a Mauricio Macri, resolviera el archivo de la causa. La magistrada consideró que los hechos analizados no constituyen delitos, sino decisiones de política económica.
El Poder Ejecutivo argumentó en el decreto que la intervención de la Procuración fue «excepcional» y que la persecución penal debe quedar en manos del Ministerio Público Fiscal para evitar posibles interferencias. No obstante, el texto aclara que el Estado no renuncia a posibles reclamos por daños y perjuicios en el ámbito civil.
La decisión de Capuchetti fue apelada este jueves por el fiscal Franco Picardi, quien calificó esa decisión como “arbitraria, con valoración parcial de pruebas y sin un análisis integral de los hechos y evidencias reunidas”. También remarcó que “la entidad y complejidad de los hechos investigados, así como la afectación directa a derechos y garantías fundamentales, imponen necesariamente la realización de una investigación profusa, amplia y exhaustiva, orientada a esclarecer la totalidad de las responsabilidades involucradas, el alcance de las maniobras desplegadas y la eventual existencia de otros partícipes, a fin de garantizar la plena vigencia del orden constitucional y el Estado de Derecho”.
La denuncia
La denuncia original, impulsada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, se basó, por un lado, en el incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que se fundamentó en la omisión de consulta al Congreso de la Nación para contraer una deuda de tal magnitud, obligación prevista en la Constitución Nacional. Por otro lado, también consideró el destino de los fondos: los denunciantes sostuvieron que las divisas no se utilizaron para fortalecer las reservas, sino para financiar la fuga de capitales mediante la venta de dólares a fondos y financistas internacionales.