En su intento de justificar la feroz represión contra jubilados e hinchas, el Gobierno nacional decidió ahora atacar directo a la jueza Karina Andrade, quien decidió anoche liberar al centenar de detenidos por la Policía Federal. A coro, funcionarios nacionales y de fuerzas aliadas apuntaron contra la magistrada y adelantaron que iniciarán acciones contra la misma para evaluar su accionar.
Fueron 114 las detenciones que se dieron en el marco de la represión ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las cuales recayeron en manos de Andrade. La magistrada decidió horas después la liberación de los detenidos. «A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente», argumentó en su resolución.
La maniobra no salió gratis para la magistrada. El Gobierno nacional, tras alegar que se trató de un intento de «golpe de Estado», salió al cruce. El primero fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien la acuso de liberar a «los que destruyeron la ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad». «La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices», manifestó en sus redes.
Posteriormente, quien salió a hablar fue el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona. «No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad», sostuvo, criticando así los argumentos de la magistrada. «Sin embargo, la jueza de la Ciudad Karina Andrade, en lugar de investigar quien envió a esos barras a sembrar el caos, decidió liberarlos en menos de 8 horas», agregó.
«Se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones», apuntó.
En la misma, la orquestadora de la represión, Patricia Bullrich, indicó que irán tras la magistrada. «Vamos a actuar en contra de esta jueza que ha decidido liberar a violentos que ayer quisieron desestabilizar a nuestro país y a nuestro Gobierno», dijo la ministra escuetamente al finalizar su conferencia de prensa.
Vale destacar que, en su resolución, la jueza dejó expuesta las irregularidades del operativo y de las detenciones, siendo que en la mayoría de los casos «no se brindaron detalles sobre el momento y lugar de las detenciones, ni por infracción a qué delitos ocurrieron, como así tampoco el lugar en
donde serían alojados».
«Es preciso remarcar que el déficit en la información suministrada y, en consecuencia, del control judicial, de ningún modo lo advierto atribuible a una acción deliberada por parte del Ministerio Público Fiscal, sino a las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad», indicó.
