Luego de la liberación ayer de la presidenta del Concejo Deliberante de Quilmes, Eva Mieri, la intendenta de esa ciudad, Mayra Mendoza, denunció una “persecución a la militancia política” y advirtió que la detención de Mieri formó parte de un intento de “disciplinamiento contra la dirigencia” opositora.
Mendoza vinculó el caso de Mieri con otros de persecución política recientes, en particular con la situación de Cristina Fernández de Kirchner: “Es lo mismo que está sucediendo en Argentina con Cristina presa, privada de su libertad, con una prisión domiciliaria con tobillera”. En diálogo con Radio Splendid, remarcó: “Es aleccionar a toda la dirigencia política: quienes se animen a defender otros intereses que no sean los de los sectores económicos privilegiados de la Argentina, quienes se animen a disputar esos intereses para defender a la gente, van a tener que correr con esta suerte”.
Por último, remarcó que la detención de Mieri y de la funcionaria bonaerense Alexia Abaigar “forma parte del intento de disciplinamiento y aleccionamiento contra la dirigencia política con lo que hacen con Cristina, y a la militancia con lo que han hecho con Eva y Alexia”.
La intendenta de la localidad del sur del conurbano acompañó a Mieri ayer cuando fue liberada del penal de Ezeiza junto con otras militantes. Desde allí, la concejala dio un mensaje: “Seguimos adelante, compañeros y compañeras, una tarea que es fundamental. Yo les agradezco de corazón que me hayan esperado hasta esta hora para darme un abrazo colectivo”. Y añadió que seguirá militando con cabeza, corazón y coraje, como nos pidió Cristina. Gracias”.
También ayer celebró su libertad Alexia Abaigar, funcionaria bonaerense también imputada que estuvo en prisión preventiva, inicialmente otorgada en el penal de Ezeiza y luego bajo arresto domiciliario con tobillera.
Mieri y Abaigar habían sido acusadas por la jueza Sandra Arroyo Salgado de organizar una protesta con agravantes penales, luego de que un grupo arrojara bolsas con excremento y colgara un pasacalles con insultos en la puerta del domicilio del legislador de La Libertad Avanza. La causa pasó rápidamente al fuero federal y fue presentada como un delito contra el orden público, con figuras penales como amenazas agravadas e incitación al odio político.
Distintos sectores del ámbito jurídico cuestionaron que el caso se haya tramitado en el fuero federal, a pesar de tratarse de un escrache sin daños materiales ni violencia física. Además, se señaló el uso desproporcionado de la prisión preventiva como herramienta de presión, a pesar de la falta de pruebas directas que vinculen a las imputadas con los hechos.
El abogado de Abaigar, Daniel Llermanos, cuestionó el accionar de la jueza Sandra Arroyo Salgado. «Entendemos que Arroyo Salgado actuó fuera de la ley, pedimos que se investigue qué funcionarios entregaron a periodistas como (Luis) Majul y (Nicolás) Wiñazki material bajo secreto de sumario, que estaba bajo la custodia personal de la jueza”.
A su vez, en diálogo con Página 12, agregó que “a esta causa la hemos tenido que defender a ciegas, sin ver nunca siquiera la carátula de cartulina de la carpeta, mientras tanto mi defendida se entera de qué se la acusa por la televisión», señala a Página/12 Daniel Llermanos, abogado junto a Adrián Albor de Abaigar.
«Todo es un hecho impropio, desde la imputación hasta todo lo actuado, el traslado encadenada, la prisión, la caución, todo. Hemos dicho y reiteramos que los acusadores pasarán a ser acusados», completó.
Arroyo Salgado es la misma jueza que permitió que se «pierda» la cadena de custodia del celular del único acusado por el intento de asesinato a Cristina Kirchner, aparato que terminó reseteado.
