Por Contexto
Después de chocar varias veces contra la Justicia y de intentar un sinfín de maniobras dilatorias, el Gobierno de Mauricio Macri tuvo que aceptar la derrota política y admitir que el tarifazo del gas es ilegal. «Hasta que no se resuelva el fallo, no hay que pagar”, dijo ayer finalmente Marcos Peña, jefe de Gabinete de Cambiemos.
Con esta confesión de parte queda sin efecto el último manotazo que buscó la presidencia al proponer un límite en los aumentos del 400%, que hasta tomó forma de resolución ministerial.
“Era hora. Después de doce días de negar la realidad, el jefe de Gabinete tuvo que decir lo que nosotros veníamos manteniendo: hasta que no resuelva la Corte, no hay que abonar las boletas”, dijo a Contexto Mariano Lovelli, abogado del CEPIS (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad), colectivo que logró frenar la suba del gas en todo el país tras argumentar la evidente ausencia de audiencias públicas previas.
“Si el propio jefe de Gabinete salió a decir que la gente no pague hasta tanto no resuelva la Corte, lo que está en el medio no sirve para nada”, agregó el letrado en relación a la sentencia definitiva de Sala II de la Cámara Federal de La Plata, la cual ya fue apelada por la Casa Rosada y, seguramente, terminará en el máximo tribunal.
«Hasta que no se resuelva el fallo, no hay que pagar las facturas”, admitió Peña cuando fue consultado por el tema energético en la reinaguración del parque temático Tecnópolis.
«Es bueno que se haya podido habilitar la feria», completó el funcionario con respecto a que el expediente sobre el tarifazo gasífero tendrá movimiento a pesar de las vacaciones de invierno.
A pesar de este sinceramiento sobre la problemática, desde el CEPIS comunicaron que “habían solicitado una medida cautelar que, en este caso, suspenda las nuevas Resoluciones 99/16 y 129/16 del Ministerio de Energía que fijaron un tope del 400% al incremento del gas debido a que tampoco contaron con audiencia pública previa, como señaló el fallo judicial respecto a las resoluciones anuladas, hasta tanto se pronuncie la Corte Suprema sobre la causa colectiva”.
La presentación, relataron, “ya está en manos del juez federal Alberto Osvaldo Recondo, quien se deberá pronunciar si hace lugar a la habilitación de feria en los próximos días”. El magistrado fue el primero en suspender el nuevo cuadro tarizafo cuando el CEPIS salió en defensa de decenas de usuarios afectados que salieron de emergencia a buscar una ayuda porque no podían pagar las facturas que recibían.
“Si bien para nosotros ya estaba suspendida de hecho, porque cualquier cosa que va en contra de la sentencia no es aplicable, por las dudas presentamos la medida cautelar para que el juez de primera instancia se expida, para que se diga que hasta no se expida la Corte no hay nada definitivo”, detalló Lovelli.
“Obtuvimos la resolución favorable de la Cámara el 7 de julio y el Gobierno, el 12, sacó la resolución que puso el tope del 400, entonces se descontaba que no servía para nada, pero igualmente queremos la tranquilidad de que no va a pasar nada raro y queremos dar un fuerte mensaje”, concluyó Lovelli.
La cuestión de los tarifazos puso en jaque el esquema de comunicación oficial y a Macri y su equipo en el terreno de la improvisación y el desconcierto. Por ejemplo, horas antes de las expresiones de Peña, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, se jactaba de la capacidad gubernamental para “corregir los errores”. Después quedó en claro que no había ningún “error corregido” y que la última palabra la tendrá la Justicia.
Más en posición adelantada quedó el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien fue el autor y defensor de las resoluciones que ahora Peña ha dejado sin efecto con menos palabras de las que entran en un Twitter.
