Por Pablo Pellegrino
“El gobierno pide apartar al juez de una causa por temor a que libere a De Vido”. Sin poder disimular ya las intenciones de la alianza gobernante de intervenir en la Justicia, el diario Clarín publicó ese título en la nota principal de la tapa del lunes, y advierte en la volanta que la ofensiva oficial se corresponde con las liberaciones de Cristóbal López, Carlos Zannini y Luis D’Elía.
Cabe recordar que el exministro de Planificación Federal se encuentra detenido actualmente sólo por la causa por supuesto desvío de fondos en los contratos que firmó Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) con la sede santacruceña de la Universidad Tecnológica Nacional para estudios técnicos.
La otra denuncia que habían formulado contra De Vido por supuestos pagos de sobreprecios en la compra de Gas Natural Licuado se encuentra paralizada y la Justicia dictó la falta de mérito por falta de pruebas. Incluso, en el marco de ese proceso judicial se desató un escándalo sin precedentes: la pericia que realizó David Kohen a pedido del juez Claudio Bonadio plagió una monografía de dos estudiantes chilenos en el sitio web “Rincón del Vago” para hacer los cálculos que derivaron en el procesamiento del exministro.
Luego de publicada la tapa del matutino, la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli, dijo: “Estamos tomando como normales cosas que son anormales y aberrantes. Nadie puede leer un titular que diga que el gobierno pide apartar al juez en una causa por temor a que libere a De Vido y decir que es un tema judicial, porque es un tema de intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial que está clarísimo”.
“Lo que está pasando es terrible, pero me parece también que porque el cuento de la corrupción con la que arrancó este gobierno no se sostiene y los que habían sido emblemáticamente señalados con el dedo como responsables de la falta de transparencia en realidad son ellos”, dijo Minnicelli.
“Lo que está pasando es terrible, pero me parece también que porque el cuento de la corrupción con la que arrancó este gobierno no se sostiene»
Y agregó: “Nosotros estamos recusando al fiscal Stornelli desde el primer día y lo estamos haciendo porque en julio de 2017, con ese vergonzoso montaje mediático contra Julio por inhabilidad moral, el que armó todo eso fue Stornelli cuando dijo que había que ‘detener a De Vido urgente’ y salió a la mañana siguiente en un medio periodístico sin que se entere el juez y se inició un expediente por violación de secreto”.
En esta línea, la esposa del exministro sostuvo que debería aplicarse el mismo criterio que aplicó la fiscal Gabriela Baigún el 24 de marzo en la liberación de Carlos Zannini y Luis D’Elía. En la resolución del Tribunal Oral Federal N° 8, la representante del Ministerio Público Fiscal sostiene que no puede considerarse que ambos imputados puedan ser considerados un peligro para el normal desarrollo de la causa, que ya está elevada a juicio, y desecha la denominada “Doctrina Irurzun” que sostiene que por el mero hecho de haber sido funcionarios públicos durante el gobierno anterior tienen “poder residual” para obstaculizar el proceso judicial.
La resolución también apunta al diferente trato que reciben los imputados en esta causa por supuesto encubrimiento a los ciudadanos iraníes sospechados de ser responsables de la voladura de la AMIA con respecto a los acusados que afrontan hoy el verdadero juicio de encubrimiento de los hecho, entre los que se encuentra el expresidente Carlos Menem, el exjuez Galeano, el expresidente de la DAIA y dos fiscales, entre otros.
“Por lo demás, refirió que dispensarle un trato distinto al imputado respecto de aquellos
que están siendo juzgados en el marco de la causa N° 1.906 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, por el encubrimiento al atentado perpetrado contra la sede de la AMIA, cuando, en definitiva, se trata de hechos de similar significación, pues ambos versan sobre maniobras tendentes a evitar el esclarecimiento de la verdad en relación con el atentado más grave de la historia de nuestro país, resulta cuanto menos violatorio del principio constitucional de igualdad ante la ley (art. 16 de la CN), por cuanto transitan su juicio en libertad, incluso mediando severos pedidos de pena por parte de la fiscalía actuante”, dice el escrito.
En la tarde del lunes, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) recusó a una de las juezas que firmó la resolución para liberar a Zannini y D’Elía por haber sido fiscal de la Unidad Fiscal Especial AMIA y haber opinado contra la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Según Infobae, desde esa organización habían planteado que analizarían los antecedentes de los magistrados que componen el TOF 8 “para verificar si en alguna parte de su carrera han prejuzgado sobre el tema de la causa”.
Con respecto al otro juicio de encubrimiento, en el que se plantean los intereses que existieron durante la investigación del atentado para desviarla, el jueves 22 se conoció la denuncia penal que presentó el radical Mario Cimadevilla contra el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, por encubrimiento, cohecho, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. El escándalo comenzó cuando Elisa Carrió denunció que el titular de la cartera de Justicia “corrió” a los abogados que representaban al Estado en la querella contra los imputados en el juicio de encubrimiento y colocó en su lugar al abogado José Console para impulsar la absolución de los fiscales Mullen y Barbaccia.
“No dejó de sorprendernos esta situación, porque con el Decreto 812 firmado por el presidente Néstor Kirchner teníamos una Unidad Especial para investigar el atentado de la AMIA, que en su momento había investigado seriamente y tenía un alegato preparado, pero la noche anterior el ministro Garavano cambia el alegato y cambia el orador”, dijo a Contexto Adriana Reisfeld, integrante de la organización Memoria Activa, que nuclea a familiares y amigos de víctimas del atentado contra la mutual judía y que es querellante en el juicio que se desarrolla con trece acusados de encubrir y desviar la investigación.
“Para nosotros es una vergüenza, porque no sólo no cumplieron con los principios de verdad y justicia, sino que están encubriendo a encubridores, porque está archiprobado que Mullen y Barbaccia trabajaron a la par del juez Galeano en el encubrimiento”, agregó.
Las querellas que participan en el juicio de encubrimiento del atentado son tres: Memoria Activa, el Estado y la DAIA. La postura de los primeros es la más fuerte, ya que pedirán la condena de los trece imputados, mientras que el Estado está pidiendo la absolución de los dos fiscales y se sospecha que la DAIA tampoco pedirá la condena de todos los acusados. Cabe destacar que una de las principales figuras en el entramado de encubrimiento es un expresidente de esa institución, el banquero Rubén Beraja, que sería quien financió el pago de sobornos destinados a un testigo falso.
Por último, Reisfeld se refirió a las expectativas que tienen desde Memoria Activa en la resolución del juicio: “La verdad es que cada vez creo menos en la Justicia argentina, y sinceramente no sé cómo va a terminar todo esto. Tengo la esperanza de que se hagan las cosas bien, pero siempre tenemos miedo con la Justicia argentina”.
