En su búsqueda por rematar las empresas del sector público al mejor postor, el Gobierno ahora anunció el inicio del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AySA), empresa dedicada al control y abastecimiento de agua potable de la Ciudad de Buenos Aires y buena parte del conurbano bonaerense. El anuncio lo realizó hoy el propio vocero presidencial Manuel Adorni.
“El Gobierno tomó la decisión de iniciar el proceso privatización de AySA. De esta manera, se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones en manos del Estado a través de un esquema mixto que combina licitación pública nacional e internacional”, expresó el portavoz del presidente Javier Milei ante la prensa.
En justificación de la decisión, Adorni indicó que la empresa de saneamiento y abastecimiento “requirió aportes de los argentinos por 13.400.000.000 de dólares” y habló de “indicadores claves muestran que hubo un fuerte deterioro en la infraestructura de la empresa”. Vale aclarar Aysa es una de las empresas que figuran como “privatizables” en la Ley Bases.
En referencia a esto, el abogado y docente Pablo Serdán realizó un fuerte descargo respecto de los motivos, características y consecuencias de esta medida. “La excusa: ‘ineficiencia’ y aumento de morosidad del 4% al 16%. O sea, que hay más gente que no puede pagar. Como si esto no tuviera que ver con los aumentos”, indicó en un hilo de twitter.
Cabe recordar que el caso de AySA se suma al de otras entidades públicas que por que, ya sea por decisión directa o indirecta, entraron en el camino de la eventual privatización. Tal es el caso de las entidades Corredores Viales (encargada de la administración de 6.000 kilómetros de rutas nacionales) o Yacimientos Carboníferos Río Turbio, ambas convertidas por el Gobierno en sociedades anónimas.
“Privatizar significa poner la gestión del agua en función del lucro. Es esperable que suban tarifas, se prioricen zonas rentables y se achique personal. El agua deja de ser un derecho para convertirse en un negocio”, dijo Serdán y agregó: “Ya está pasando: en 2024 las tarifas de AySA aumentaron más de un 300%. Pero aun con esos aumentos, el gobierno quiere avanzar con la venta”.
“¿Quiénes pierden? – Quienes viven en barrios vulnerables, donde extender la red no es rentable. – Quienes no pueden pagar una tarifa de mercado. – Quienes necesitan cloacas para vivir con dignidad. El Estado pierde una herramienta de política pública. No podrá decidir dónde expandir el servicio, ni garantizar la tarifa social, ni priorizar obras sanitarias que no den ganancia pero sí salud pública”, indicó.
“La privatización también frena o cancela obras esenciales. Ya se pausaron más de 250 proyectos. Si el privado define que no son rentables, no se harán. Ni cloacas en barrios, ni plantas de tratamiento, ni redes nuevas”, expresó Serdán en su descargo y agregó: “En las últimas décadas, en muchas partes del mundo se regresó de sistemas mixtos o privados a esquemas públicos, por una cuestión de eficiencia y costo del servicio para los usuarios. El acceso al agua no puede depender del mercado. No es lo mismo vender botellas que garantizar un derecho. El agua no es una mercancía más: es vida, salud, dignidad.
El caso de AySA en particular posee, además, el antecedente de Obras Santiarias, privatizada por Carlos Menem en la década de los 90. En concreto, AySA fue creada en 2006 para reemplazar a Aguas Argentinas, compañía controlada por la francesa Lyonnaise des Eaux (Suez) que ganó la licitación en 1993 Obras Sanitarias fue privatizada.
Desde su aparición, entre 2006 y 2015, AySA incorporó al servicio de agua potable 3 millones de habitantes, con la cobertura al 83,3 por ciento, y más de 2 millones al servicio de desagües cloacales alcanzando una cobertura del 63,3 por ciento.
