A días de la 34ª edición de la Marcha del Orgullo LGBTI+, Amnistía Internacional Argentina advirtió sobre el escenario regresivo que atraviesa la diversidad sexogenérica en el país desde la asunción de Javier Milei. Discursos de odio por parte del Presidente y sus funcionarios, eliminación de políticas públicas y un aumento sostenido de crímenes homolesbotransodiantes son algunos de los factores que enumeró el organismo internacional.
En el informe titulado “La ofensiva contra los derechos LGBTI+ en Argentina”, Amnistía describe el estado de situación desde la llegada de Milei al poder. “Argentina enfrenta una ola creciente de discursos que niegan las desigualdades de género, patologizan la diversidad sexual y alimentan un clima de intolerancia que habilita la violencia. Estas narrativas se traducen en decisiones políticas que ponen en riesgo la vida de mujeres, infancias y personas LGBTI+”, sostiene. “Desde la asunción del actual gobierno, en diciembre de 2023, la diversidad sexo-genérica —es decir, las personas gays, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, intersex, no binarias y quienes se apartan de las normas hegemónicas de género— ha estado en el centro de ataques sistemáticos por parte de las máximas autoridades del país”, agrega el informe.
Esta ofensiva no es aislada. Otros países, como Estados Unidos, también dan un giro en ese sentido. El Comité Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Protección contra la Violencia y Discriminación basada en Orientación Sexual e Identidad de Género (SOGI) advirtió en 2024 que “los derechos de las personas LGBTI+ se utilizan como símbolo en conflictos geopolíticos y divisiones culturales de mayor envergadura que poco tienen que ver con la realidad que viven las propias personas LGBTI+” y alertó —según detalla el informe— que “las agresiones contra la diversidad sexo-genérica, convertida en blanco político, son tanto precursoras como sintomáticas de una represión más amplia de los derechos humanos”.
En Argentina, un país que supo ser pionero en la materia, se registra particularmente una “regresión acelerada” en los derechos LGBTI+. “Esto se refleja en narrativas patologizantes y deshumanizantes de identidades LGBTI+ por parte de funcionarios públicos —incluido el Presidente—, el desmantelamiento sistemático de las políticas públicas, así como en el aumento de la violencia y hostigamiento contra las personas LGBTI+”, indica el documento.
Sobre el primer punto, Amnistía puso el foco en el discurso presidencial en Davos (donde Milei indicó que “en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”) y en las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el Congreso (quien expresó que el gobierno “rechaza la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología”). El organismo internacional enlaza estos dichos directamente con el incremento de los crímenes de odio. “Las semanas posteriores al discurso presidencial en el Foro de Davos tomaron visibilidad pública y mediática una serie de ataques violentos dirigidos contra mujeres lesbianas, personas trans, travestis, no binarias y varones gays en distintas provincias del país, en el marco de un clima de naturalización de la discriminación desde las altas esferas de poder”, indicó.
Posterior a las declaraciones de Milei en Davos, se registraron múltiples ataques violentos contra personas LGBTI+, evidenciando un clima creciente de hostilidad. En Recoleta, una pareja de lesbianas fue golpeada en la vía pública tras ser increpada por su expresión de género; días después, en Orán, una activista lesbiana fue apuñalada en su casa mientras dormía. En abril, en Buenos Aires, la artista afrotravesti Joy Hoyos denunció una brutal agresión transfóbica en la calle. También se reportaron ataques contra parejas y personas gays, como el caso de Juan Sabin, que terminó con una doble fractura de mandíbula, y el de Valentín, que quedó con lesiones medulares tras ser golpeado por caminar de la mano con su novio. Uno de los hechos más graves ocurrió previamente, en mayo de 2024, cuando un hombre arrojó una bomba incendiaria contra dos parejas de lesbianas en Barracas, provocando la muerte de tres mujeres y dejando una sola sobreviviente. Estos casos se dan en un contexto donde el 34% de las personas LGBTI+ señala haber sufrido agresiones en la vía pública.
La motosierra de Milei
Con esta marcada línea ideológica y con un ajuste brutal en el Estado, la motosierra caló profundo en las políticas destinadas a la población LGBTIQ+: se eliminó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); se desmantelaron las instituciones estatales destinadas a abordar la violencia de género; se anunció la prohibición del uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la administración pública nacional; se vació la Línea 144; se eliminó la Dirección de Géneros y Diversidades en el ámbito del Ministerio de Salud; se restringió el acceso al Programa Acompañar; el Programa Nacional de Educación Sexual Integral fue desfinanciado y la ESI quedó a la deriva.
Uno de los puntos claves en esta regresión tiene que ver con las infancias trans. El Decreto de Necesidad y Urgencia 62/2025 modificó el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género e impuso la prohibición total para que menores de 18 años accedan a tratamientos hormonales o intervenciones vinculadas a su identidad de género. Para Amnistía, en línea con lo planteado por organizaciones del sector, esta medida restringe el derecho a la salud integral, la autonomía progresiva y el libre desarrollo personal de niñas, niños y adolescentes.
El reclamo de Amnistía
“Amnistía Internacional reafirma que el Estado argentino tiene la obligación indelegable de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna. Esto implica poner fin a la incitación al odio, prevenir la violencia, investigar con debida diligencia reforzada los crímenes motivados por prejuicio y asegurar justicia y reparación integral para las víctimas y sus familias”, se lee en las conclusiones del informe.
Para el organismo de derechos humanos, “resulta imperioso restablecer políticas públicas integrales orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y la discriminación por orientación sexual o identidad de género, y garantizar el acceso efectivo a la salud, a la educación —incluida la Educación Sexual Integral— y a la justicia, desde un enfoque interseccional y de derechos humanos”.
En este marco, Amnistía Internacional insta al Estado argentino a “adoptar un compromiso público y sostenido con la igualdad y la no discriminación, condenando sin ambigüedades toda expresión de odio y violencia hacia las personas LGBTI+”.