De cara a la sesión que hoy se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, encendió una alarma sobre los efectos del Decreto 531/2025 impulsado por el gobierno nacional. “La cultura nacional está en peligro”, advirtió desde su cuenta de X. Y fue aún más específica: “Quieren eliminar por decreto el Instituto Nacional del Teatro y la CONABIP. Los diputados tienen la responsabilidad de rechazarlo. Deben dar quórum y evitar el apagón cultural libertario. Frenar el DNU 345/25 es defender el teatro independiente, las bibliotecas populares y el patrimonio nacional”.
El pronunciamiento de Saintout se produce en el mismo día en que la Cámara baja debatirá la validez del paquete de decretos de necesidad y urgencia firmados en lo que va del año por Javier Milei, entre los que se encuentra el reciente DNU 531/2025. La medida introduce una transformación profunda de la Secretaría de Cultura de la Nación, que depende directamente de Presidencia, y plantea una reorganización de múltiples áreas clave del ecosistema cultural argentino.
Aunque el Gobierno presenta la reforma como un rediseño “eficiente y moderno” de la administración pública, diversos sectores culturales y legisladores de la oposición alertan por el desmantelamiento de instituciones con trayectoria y peso territorial, como el Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP). Ambos organismos han sido claves para la promoción del teatro independiente y el sostenimiento de miles de bibliotecas populares en todo el país, incluso en zonas donde la cultura institucional solo llega a través de esas redes.
El decreto, publicado el 4 de agosto en el Boletín Oficial, se ampara en las facultades otorgadas por la Ley Bases y formaliza la disolución, fusión o modificación de múltiples entes culturales, entre ellos el Instituto Nacional del Teatro, el Parque Tecnópolis, el Teatro Nacional Cervantes y la CONABIP. En su lugar, propone nuevas estructuras organizativas bajo control centralizado, con direcciones específicas que reagrupan funciones operativas, administrativas y presupuestarias.
En el caso del INT, se crean dos nuevas direcciones para regular su funcionamiento: una de Gestión Operativa y Fortalecimiento Teatral, y otra de Políticas de Desarrollo de las Artes Escénicas, esta última responsable de aplicar los beneficios establecidos por la Ley Nacional del Teatro. Si bien el decreto no elimina explícitamente al Instituto, sí redefine su autonomía operativa, integrándolo a una lógica más vertical y subordinada a la Secretaría.
Situación similar atraviesa la CONABIP, cuya estructura es intervenida con nuevas áreas de evaluación, gestión bibliotecológica y planificación federal, lo que para muchos implica un vaciamiento técnico más que un fortalecimiento institucional. A esto se suman modificaciones en el rol de la Comisión Nacional de Monumentos y la transformación del Parque Tecnópolis en una estructura más rígida y verticalizada, dividida en direcciones que abarcan desde producción hasta mantenimiento.
Según el Gobierno, los cambios no buscan despedir personal ni achicar el Estado, sino redistribuir funciones para evitar superposiciones. Sin embargo, el artículo 9 del decreto deja abierta la posibilidad de reubicaciones o cesantías amparadas en la Ley de Empleo Público, lo que genera incertidumbre en los trabajadores del sector.
Mientras tanto, la sesión de Diputados podría marcar un punto de inflexión. El rechazo o convalidación del paquete de decretos condicionará el futuro inmediato de la política cultural nacional. Legisladores afines al oficialismo sostienen que se trata de una modernización administrativa; la oposición, en cambio, denuncia que se trata de una maniobra de concentración institucional que amenaza con borrar décadas de construcción cultural federal.
“Los legisladores que aprobaron las facultades delegadas en la Ley Bases le dieron un cheque en blanco a un gobierno que vino a robarnos derechos”, completó Saintout.
