Un reciente informe elaborado por trabajadores de Vialidad Nacional alertó sobre el severo deterioro de la infraestructura vial del país. Según los datos recabados por los operarios que recorren el territorio, entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran actualmente en estado “regular o malo”, una situación que calificaron como de “alto riesgo de siniestralidad”.
El diagnóstico surgió como respuesta a la falta de estadísticas actualizadas por parte del Gobierno nacional. El último informe oficial, correspondiente al periodo 2023-2024, solo analizó el 48,1% de los casi 41.000 kilómetros que componen la Red Vial Nacional. Ante este apagón informativo y el avance del desgaste de las rutas, los trabajadores realizaron sus propios relevamientos para visibilizar el estado real de las calzadas.
El documento señaló que el abandono no es casual, sino consecuencia de una sumatoria de medidas: el freno total a la obra pública, el recorte presupuestario y el desvío de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles. Esta parálisis ha suspendido tareas esenciales de mantenimiento, bacheo, señalización y recuperación de banquinas en arterias fundamentales como las rutas 3, 5, 7 y 33.
Desde el gremio advirtieron que la falta de mantenimiento preventivo cruzó un punto de no retorno en varios tramos. Al no realizarse las tareas de conservación a tiempo, muchas calzadas ya presentan fallas estructurales que requieren “obra nueva”. Este escenario implica un costo para el Estado entre 5 y 7 veces superior al que hubiera demandado un mantenimiento regular.
“La decisión de parar la obra pública fue parar todo. Y esta orden paralizó las tareas en general de Vialidad Nacional, incluido los relevamientos para poder planificar las políticas de mantenimiento”, afirmó a Radio Provincia Fabián Catanzaro, secretario gremial de la Federación de Personal de Vialidad Nacional.
La crisis de infraestructura tiene un impacto directo en la seguridad. El informe destacó que el “alto riesgo de siniestralidad” se traduce en un incremento de la mortalidad vial. Sin embargo, las cifras actuales de víctimas fatales presentan un rezago, ya que el vaciamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) impidió la elaboración de nuevos reportes tras los despidos masivos en el sector.
El vaciamiento del organismo también se refleja en su planta de personal. A los despidos en áreas clave de mantenimiento se suma el congelamiento salarial que ya rige desde hace quince meses y la implementación de planes de retiro voluntario que los trabajadores califican como “despidos encubiertos”.
A pesar de que el Congreso Nacional rechazó oportunamente el decreto que pretendía la disolución efectiva del organismo, los trabajadores denunciaron que el proceso de “vaciamiento” continúa por la vía del desfinanciamiento operativo. Sin recursos ni personal suficiente, la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas o roturas graves quedó reducida al mínimo.