Envalentonado por el resultado favorable de la última elección, el Gobierno nacional avanza en una nueva “Ley de Libertad Educativa” que derogaría la Ley de Educación Nacional 26.206 —vigente desde 2006—, para reemplazarla por un esquema de desregulación, corrimiento del Estado y mayor peso de las familias en la organización del sistema escolar. La propuesta, elaborada por los ministerios de Capital Humano y de Desregulación y Transformación del Estado, ya despertó un fuerte rechazo de gremios docentes que advirtieron por su impacto en el derecho social a la educación.
La iniciativa retoma viejos ejes impulsados por el proyecto original de Ley Ómnibus —que luego recibió modificaciones que la redujeron— e incorpora nuevas medidas. Según el borrador que difundió el portal LPO y ratificó el Gobierno, plantea que las familias sean “el agente natural y primario de la educación de los hijos”, habilita modalidades como el homeschooling —educación fuera de la escuela—, y redefine el sistema educativo nacional desplazando el carácter de derecho social de la educación garantizado por políticas públicas.
El borrador abarca un conjunto amplio de modificaciones que alteran la estructura vigente del sistema educativo. Entre los puntos centrales figura la habilitación del homeschooling y otras modalidades alternativas, permitiendo la educación en el hogar y formas “total o parcialmente fuera de los establecimientos educativos”, sin fijar una edad mínima para su implementación. También incorpora esquemas híbridos y a distancia, aunque los mecanismos de acreditación de saberes aún no están definidos.
Otro eje es la autonomía curricular plena ya que las escuelas podrían diseñar sus planes de estudio “conforme a su ideario”, limitadas únicamente por contenidos mínimos comunes, mientras que las autoridades jurisdiccionales se restringen a evaluar equivalencias sin intervenir en la orientación pedagógica. A esto se suma la declaración del sistema educativo como “servicio esencial”, una figura que busca garantizar la “continuidad mínima del servicio” durante medidas de fuerza y que, para los gremios, apunta directamente a limitar el derecho a huelga.
Críticas del sindicalismo docente
El borrador provocó una rápida reacción de los sindicatos docentes nacionales. Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y de extracción docente, fue uno de los primeros en cuestionar públicamente: “El mamarracho que circula bajo el título ‘Ley de libertad educativa’ es un proyecto de reforma terraplanista que destrozaría el sistema educativo nacional”, remarcó.
Además, agregó: “Es un esperpento que, entre varios desatinos, elimina la responsabilidad indelegable del Estado sobre la educación para transferirlo, no ya a las provincias como hicieron los militares y el menemismo, sino directamente a las familias”.
En la misma línea, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, advirtió que el texto propone un retroceso inédito porque llevaría al país a una situación “anterior a la Ley 1.420, que es de 1884, y creo que escandalizaría a Domingo Faustino Sarmiento, porque las bases del sistema nacional, público, gratuito, son de esa época”.
En tanto, el comunicado oficial de CTERA denunció al proyecto como un “ataque al sistema democrático”, construido “con criterios que responden a intereses empresariales del sector privado concentrado” y que reemplaza la concepción de la educación como derecho social por un enfoque mercantilista. El gremio subrayó que la derogación de la LEN eliminaría las obligaciones estatales del Artículo 9° —financiamiento de al menos el 6% del PBI— y del Artículo 10°, que prohíbe firmar tratados comerciales que habiliten la educación como servicio lucrativo.
Uno de los cambios más controvertidos es la habilitación del homeschooling. Para CTERA, esta propuesta “impone la idea de la familia como figura preferentemente responsable”, debilitando la función colectiva de la escuela como espacio de igualdad y socialización democrática. El comunicado también denunció que el borrador “introduce la formación religiosa confesional en la educación pública”, un punto que no aparece explicitado en la LEN vigente.
El sindicato cuestionó que el proyecto declare a la educación como servicio esencial, lo que vulnera el derecho constitucional a huelga. También rechazó la imposición de pruebas estandarizadas obligatorias al final de la primaria y secundaria y un sistema de evaluación docente “punitiva”, basado en postulados meritocráticos.
Para el gremio, la iniciativa busca reconfigurar el sistema educativo argentino desde sus cimientos, reduciendo el rol del Estado y expandiendo la lógica del mercado. CTERA advierte que esto equivale a un “retroceso reaccionario que pretende llevarnos educativamente al siglo XIX”.