A diez años de la persecución política iniciada contra Milagro Sala durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier Milei continúa con la tarea y ahora pide que la dirigente social deje de cumplir su condena en prisión domiciliaria y vuelva a la cárcel. El pedido de parte del Gobierno fue conocido en las últimas horas, en un comunicado donde afirman que la líder política goza de “un privilegio” apoyado en un “relato fabricado”. Asimismo, pide que Sala cumpla su condena “tras las rejas”.
En efecto, el documento fue elaborado ni más ni menos que desde la estructura de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Allí cuestionan la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que intervino para avalar la prisión domiciliaria por causa del estado de salud de Sala.
En ese marco, el texto que lleva la firma de Joaquín Mogaburu, actual titular de Derechos Humanos de la Nación, quien entró en actividad en reemplazo de Alberto Baños tras su renuncia luego de protagonizar un escándalo ante la ONU.
La acción del Gobierno ya empezó a generar repercusión mediática y política, como también en el ámbito del derecho. “¿Quién será el burócrata del Ministerio de Justicia que escribió esta infamia? Milagro Sala YA debería estar gozando de su libertad condicional. Lleva más de diez años presa, de una pena de 15: 2/3 cumplidos. Son criminales en toda la línea”, expresó la abogada Claudia Cesaroni.
“Esta medida de la CIDH (SIC) se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres pese a tener una condena firme”, dice el texto que fue divulgado por el Gobierno en redes sociales en las últimas horas.
Cabe recordar que Sala, detenida en inicios del 2016 y condenada en 2017, en la actualidad permanece con prisión domiciliaria debido a múltiples episodios vinculados a su salud. El más reciente implicó una internación en el Hospital de Gonnet de la ciudad de La Plata. Asimismo, Sala fue blanco de diversos hostigamientos por parte de agentes de seguridad, que incluyeron un allanamiento en su domicilio y otras acciones de intimidación, a pesar de estar bajo arresto.
“Esta medida de la CIDH (SIC) se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres pese a tener una condena firme”, dice el texto que fue divulgado por el Gobierno en redes sociales en las últimas horas.