La jueza Sandra Arroyo Salgado fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por su desempeño en la detención de Alesia Abaigar, Iván Díaz Sánchez, Aldana Sabrina Muzzio, Candelaria Monte Cató, Joaquina Santos y Eva Mieri, militantes políticos a los que acusadas por poner un pasacalle y tirar excremento en las inmediaciones de la casa del diputado Jose Luis Espert. Los denunciantes acusan a la magistrada por «mal desempeño de sus funciones» y señalan que se trata de un acto de persecusión política.
Los consejeros, el senador Mariano Recalde y, la diputada Vanesa Siley, acusaron ante a la magistrada de detener arbitrariamente a militantes peronistas, en su mayoría mujeres, mantenerlas incomunicadas y en una carcel de máxima seguridad por un hecho que como máximo podría representar una contravención municipal.
Los denunciantes advierten la gravedad del hecho de que «las personas detenidas es que no hay pruebas que las vinculen con los hechos» y que en tal caso, «estos no pueden configurar más que una infracción
municipal».
«La Sra. Jueza Arroyo Salgado detuvo y mantuvo incomunicadas a siete personas, encontrándose detenidas en la actualidad cinco personas por su supuesta participación o vinculación, aún no probada, con un hecho consistente en la instalación de un pasacalle y arrojar excremento en una vereda», sostiene la denuncia.
Asimismo, destacaron que se realizaron «idénticos pasos realizados» en todas las detenciones, con las personas incomunicadas y la negación constanste de las excarcelaciones, lo que «colisiona con el principio de inocencia plasmado en nuestra carta magna»
«Todo razonamiento derivado de la sana crítica, con el mínimo de lógica aplicable, concluye en que los hechos descriptos (que son de público conocimiento), se tratan como mucho de una infracción municipal: colocar un pasacalle sin autorización y arrojar sustancias en la vía pública», manifiestan y destacan que sin embargo, la Jueza «imputó a siete personas, cinco de las cuales siguen detenidas. En el caso de Alesia por amenazas coactivas, atentado contra el orden público, actos discriminatorios por motivos políticos y asociación ilícita».
«Las acciones que producen el hecho que pretende investigar la Dra. Arroyo Salgado, un pasacalle calificativo (no amenazante) y arrojar excremento en la vereda, no resisten el análisis más básico de tipicidad ya que no pueden ser encuadrados» en estos delitos, sostienen.
Para Recalde y Siley, el accionar de Arroyo Salgado, va en línea con los pedidos de Espert y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que apuntaron tras los hechos directamente contra la oposición. En ese sentido, sostienen que «se trata de maniobras de amedrentamiento y disciplinamiento social al servicio de los intereses políticos del gobierno nacional».
Para los consejeros, las detenciones «constituyen un abuso de autoridad, un accionar arbitrario e ilegal por parte de la jueza que configuran una forma de persecución política al servicio del Poder Ejecutivo Nacional».
En este marco, sobre el accionar de Arroyo Salgado los denunciantes indican que «ha incurrido en el mal desempeño que traduce su accionar con un propósito ajeno al desempeño de la función jurisdiccional que le ha sido encomendada».
«Por la gravedad de la denuncia, se de inmediato trámite y oportunamente, se sancione la conducta de la magistrada denunciada», concluyen.
