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¿Preparando el terreno para la privatización de YPF?

En su reciente balance ante la Bolsa de Comercio, la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) –conducida por ex CEO del JP Morgan y Telefónica de Argentina, Miguel Ángel Gutiérrez– informó que tuvo un rojo de $28.379 millones, pese a que sus ingresos crecieron en 2016 de $156.000 millones a $210.100 millones, lo que representa un 34% más que el año anterior. El déficit estaría relacionado con el “deterioro de propiedades, plantas y equipos” para la producción (upstream), según las explicaciones de la propia petrolera estatal.

La noticia se presentó en los principales medios hegemónicos del país, como Clarín, encargado de destacar que las “fuertes pérdidas” son las primeras desde 1997. Con tono revanchista, también se hizo eco la prensa española. El Economista, ligado al diario El Mundo, señaló que “Repsol logra ganar en 2016 lo mismo que ha perdido YPF”, convirtiéndolas “en la cara y cruz de una moneda”.

“Prácticamente cinco años después de la expropiación por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los resultados de la medida se muestran más nítidos que nunca y sirven de aviso a navegantes para el Gobierno colombiano en su intervención de Electricaribe, propiedad de Gas Natural Fenosa (GNF)”, agregó amenazante el periódico ibérico. Por supuesto, uno de los principales accionistas de GNF es el grupo Repsol.

Durante el neoliberalismo de los noventa, con la instalación de discursos similares, Carlos Menem logró rematar la petrolera de todos los argentinos en favor de los intereses españoles. En la era restauradora de Mauricio Macri, la tracción va dirigida más bien hacia la Shell, transnacional angloholandesa que puso a un hombre de su confianza al frente del Ministro de Energía de Cambiemos: Juan José Aranguren.

“Este ruido ya lo sentimos. El menemismo repetía las mismas mentiras para engañar a la sociedad. Pueden bajar las ganancias, pero la actividad petrolera nunca da pérdidas, ni acá ni en ningún lugar del mundo. Para nosotros esto es un signo de alerta”, manifestó a Contexto Ramón Garaza, secretario general del Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH) de Ensenada.

El gremialista añadió que desde la asunción de Macri se han aplicado “políticas de desinversión y achique en todas las unidades de negocios” del sector: “Ya se pararon las inversiones en las refinerías de YPF, en Y-TEC (empresa tecnológica de YPF-CONICET) y en Vaca Muerta, mientras que en el Polo Petroquímico de nuestra región buscan bajar un 20% los contratos de las empresas que hacen el mantenimiento corriente”.

Para Federico Bernal, director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), es poco probable que Cambiemos intente una privatización en el corto plazo porque debería “pagar un alto costo político” ante “un pueblo que respalda una YPF estatal” y, además, enfrentarse a las provincias productoras de hidrocarburos, que forman parte del directorio de la empresa.

Sin embargo, el experto alertó en diálogo con este diario sobre “el daño” del macrismo, tanto a la petrolera como a la seguridad energética nacional, para privilegiar a compañías como Shell, Pan American Energy y Pampa Energía.

La producción de crudo en el país había comenzado a recuperarse a partir de la renacionalización de YPF en 2012, lo que permitió que su cuota de mercado pasara del 35% ese año al 42% en 2015. Mientras tanto, en materia gasífera, la cuota de la empresa creció en el mismo período del 23% al 30%.

“Desde 2016, YPF desaceleró su producción de petróleo y gas natural, la perforación de pozos cayó drásticamente, su cuota de mercado se estancó y perdió poder en cuanto a su participación en el sector de los combustibles. En casi todas las provincias tiene un desempeño negativo y esto no es producto de la caída del precio internacional ni de un año de transición difícil, sino de una deliberada política de debilitamiento y desguace por parte del Ministerio de Energía”, explicó Bernal.

A esto se suman los despidos, las suspensiones y la flexibilización laboral que arrancó por los petroleros de los yacimientos hidrocarburíferos no convencionales, como Vaca Muerta. Con los cambios al Convenio Colectivo de Trabajo del sector, acordados entre el Gobierno y Guillermo Pereyra, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, las empresas pueden ahora reducir la cantidad de trabajadores por equipo de perforación, decidir suspensión de actividades y disponer a discreción de los empleados para hacerlos rotar por distintos puestos, entre la quita de otros derechos.

“El Gobierno nacional quiere volver a un esquema como el de los noventa: menos obligaciones de inversión, maximización de rentabilidad, reducción de costos laborales y depredación de nuestros recursos energéticos con destino a mercados foráneos, en detrimento del consumo interno”, subrayó el titular de OETEC.

La flexibilización, que amenaza con extenderse al resto de los petroleros, también va de la mano con una clara política aperturista. Al mismo tiempo que desploman la producción de YPF, Macri y Aranguren permiten una mayor importación de hidrocarburos. El año pasado, la compra de crudo al exterior se incrementó un 215% en relación con 2015. Las beneficiarias directas fueron Shell, Axion (Esso), Oil Combustibles y Petrobras, a las que les conviene refinar el petróleo importado antes que producirlo localmente.


 

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