El Gobierno de Mauricio Macri y sectores del Poder Judicial que le son afines no paran de avasallar la autonomía universitaria. A las escandalosas incursiones policiales en unidades académicas de Jujuy, San Juan, Lomas de Zamora y Mar del Plata, se suman los allanamientos cada vez más frecuentes en las casas de altos estudios de todo el país.
El último ocurrió el viernes pasado, cuando cinco efectivos de civil de la Prefectura Naval Argentina llegaron a la Universidad Arturo Jauretche (UNAJ) de Florencio Varela con una orden del juez de Quilmes Pablo Ezequiel Wilk. El operativo fue en el marco de la causa iniciada a fines de 2016 por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien arremetió contra 52 universidades nacionales a partir de un artículo del diario Clarín que denunciaba presuntas malversaciones.
Los prefectos revisaron documentación relacionada con fondos recibidos por el Estado nacional entre 2009 y 2015, y convenios suscritos en el mismo período bajo el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. En total, secuestraron 22 expedientes sobre convenios de asistencia técnica, tres DVDs con información extraída del sistema contable SIU-Pilagá y un CD con fotos.
El vicerrector de la UNAJ, Arnaldo Medina, dijo a Contexto que esto parte de “una denuncia genérica que lo que hace es mancillar el buen nombre y el prestigio de casi todas las universidades nacionales”, poniendo en jaque la posibilidad de que el Estado “se pueda seguir nutriendo del conocimiento y la inteligencia que tienen las casas de altos estudios”.
Macarena Kunkel, consejera superior por el claustro estudiantil e integrante de la agrupación Aluvión Sur, consideró también en diálogo con este diario que “el Gobierno de Cambiemos arma una denuncia y todo un circo mediático para instalar la idea de la ‘corrupción universitaria’”, lo que “va de la mano con la estigmatización, el desfinanciamiento de la educación pública, el recorte presupuestario y de becas, la negación a realizar paritarias nacionales y los retrocesos para el CONICET”.
De manera similar se expresaron docentes y no docentes, que repudiaron un allanamiento que “tiene que ver con el hostigamiento y difamación que la justicia mantiene sobre las casas de altos estudios”.
“Este Gobierno, conjuntamente con el Partido Judicial, busca eliminar nuestros derechos conquistados en los últimos años por un Estado presente en el marco de un proyecto nacional y popular”, señalaron los trabajadores de ATUNAJ y recordaron que, por segundo año consecutivo, la Universidad de Florencia Varela “debió declarar la emergencia económica financiera por falta de presupuesto para afrontar los gastos necesarios para el normal funcionamiento”.
En este sentido, Medina detalló que padecen problemas de infraestructura, equipamiento, insumos y servicios básicos, así como un déficit de unos 30 millones de pesos que se arrastra desde el año pasado.
Además, dos tercios de los 1.500 trabajadores de la UNAJ son contratados y no perciben aumentos salariales, mientras que 107 nuevos docentes que ingresaron este cuatrimestre para cubrir cargos vacantes aún no cobraron un peso.
“Se vive una angustia permanente porque estamos en una situación muy seria”, subrayó el vicerrector y requirió “soluciones urgentes por parte del Gobierno nacional”.
“Hacemos un esfuerzo enorme y vamos a continuar haciéndolo para sostener las 24 carreras y todas las actividades de nuestra universidad”, aseguró.
