Este lunes 20 de octubre vence el plazo legal de diez días hábiles para que el Poder Ejecutivo promulgue las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica para el Hospital Garrahan, sancionadas por amplia mayoría en ambas cámaras y vetadas luego por el presidente Javier Milei. Tras el rechazo de los vetos con más de dos tercios de los votos, el Gobierno quedó obligado a promulgarlas.
Ante la posibilidad de que el Ejecutivo no cumpla con esa obligación, las federaciones universitarias y los gremios del Garrahan confirmaron un plan de lucha nacional. La Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) anunció un paro de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo el martes 21, con adhesión de los sindicatos de base, entre ellos ATULP, lo que afectará la actividad en la Universidad Nacional de La Plata.
Por su parte, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) dispuso una jornada nacional de protesta el martes y miércoles, con paro docente de 24 hs el miércoles y acciones de visibilización en todo el país. En tanto, la Conadu Histórica resolvió un paro de 48 hs, los días martes y miércoles.
Desde el Frente Gremial Universitario señalaron que descreen que el Gobierno promulgue la normativa, en línea con su postura de confrontar y ajustar salarios y fondos para financiamiento. “Sabemos que es muy probable que el Gobierno suspenda la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, como ya hizo con la emergencia en discapacidad”, advirtió Carlos De Feo, secretario general de la CONADU.
En este contexto, el gremialista agregó que “por la falta de diálogo que desconoce a las paritarias del sector, tenemos que fortalecer la organización y los planes de lucha para poder enfrentar el desguace del sistema universitario y científico que sostienen Milei y sus secuaces”, apuntó De Feo.
Desde el sector de los rectores, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que la situación salarial y presupuestaria del sistema “es cada vez más grave” y reclamó al Ejecutivo que “no hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique la ley tal como fue aprobada”.
La Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario fue aprobada con mayorías amplias: 158 votos afirmativos en Diputados y 58 en el Senado. Tras el veto presidencial, el Congreso insistió casi por unanimidad, dejando en evidencia el aislamiento político del oficialismo frente a un consenso transversal que atraviesa todo el arco parlamentario.
Los gremios universitarios y el CIN ya anticiparon que, en caso que el Gobierno no aplique la ley, avanzarán con acciones judiciales.
Paro en el Garrahan
En paralelo, los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán una concentración en Plaza de Mayo el martes 21, junto a organizaciones de discapacidad y universidades. “Universidad, salud y discapacidad no pueden esperar más. Vamos por la aplicación real y efectiva de las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario”, señalaron desde ATE Garrahan.
Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) fueron más lejos. “Si el Gobierno no aplica las leyes, habrá que preparar el paro nacional que está haciendo falta”, advirtieron el último sábado desde el Congreso hasta la Quinta de Olivos. “Que se apliquen de forma inmediata y sin demoras, de manera real y efectiva, las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario”, reclamaron.
La preocupación gremial y universitaria tiene un antecedente inmediato. En agosto, el Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero suspendió su aplicación mediante el Decreto 681/2025, amparándose en normas presupuestarias —los artículos 5° de la Ley 24.629 y 38 de la Ley 24.156— que exigen especificar las fuentes de financiamiento. Esa decisión fue cuestionada por constitucionalistas y legisladores de distintos espacios, que advirtieron que el Ejecutivo no tiene facultades para suspender una ley promulgada.
Vale recordar que el artículo 80 de la Constitución Nacional establece que toda ley debe ser promulgada o vetada en un plazo máximo de diez días hábiles desde su comunicación al Ejecutivo. Si ese plazo vence sin pronunciamiento, se considera “promulgada de hecho”. En el caso de leyes con insistencia parlamentaria, como ocurrió con financiamiento universitario y Garrahan, el artículo 83 dispone que la promulgación es obligatoria.
