Mientras el Gobierno sigue sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario (LFU) y apuesta a modificarla valiéndose de su mejor peso político en el Congreso, los gremios universitarios redoblan la apuesta con paros y la posibilidad de que no comiencen las clases, con el objetivo de que el Ejecutivo cumpla con la normativa.
Si bien el 2025 fue un año de intenso conflicto entre la gestión libertaria y las casas de estudio, este año la disputa se recrudeció con la presentación que hizo el oficialismo de un proyecto para modificar la LFU, que fue aprobada y ratificada ampliamente por ambas cámaras del Congreso el año pasado.
La principal diferencia entre la LFU y el proyecto libertario es que la primera establece una recuperación salarial por lo perdido desde diciembre de 2023, mientras que el segundo solo propone recomponer la pérdida del 2025 (12% en tres cuotas) y niega la caída salarial del 2024.
En ese sentido, la Conadu advirtió que el proyecto es un “ataque” del Gobierno a las universidades que apunta a pagar apenas un 12% de aumento del 55% que les corresponde.
En ese marco, esta semana los docentes de Conadu pararon el lunes y esa medida de fuerza se extenderá a toda la semana que viene, desde el lunes 16 hasta el viernes 20 y con impacto en la Universidad Nacional de La Plata. Incluso, la Conadu tendrá un congreso el próximo jueves 12 y viernes 13 para elaborar la continuidad del plan de lucha, que podría incluir un paro por tiempo indeterminado hasta que el Gobierno haga efectiva la LFU.
Justamente esa medida ya tomó el gremio de docentes universitarios de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA), nucleado en la Conadu Histórica, que entrará en vigencia desde el lunes 16 de marzo. “No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente”, sostuvo en un comunicado.
Por su parte, los trabajadores no docentes también pararán los días 16 y 31 de marzo, y los días 8, 17 y 23 de abril. Así lo comunicó ayer la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN), dependiente de la CGT, en un comunicado donde se manifestó en rechazo a “cualquier tipo de modificación” en la LFU.
A la par, el Gobierno ya ingresó en el Congreso el proyecto con el que busca modificar la LFU. La jugada política del oficialismo se da en un contexto parlamentario donde cuenta con mayor espalda política y como una forma de esquivar el frente judicial.
Vale recordar que en diciembre, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11 declaró inconstitucional y arbitraria la suspensión de la ley por parte del Ejecutivo. Luego, el Gobierno apeló la medida. Ahora la disputa sigue judicializada, con la justicia federal ordenando el cumplimiento de la ley y el Gobierno buscando alternativas legislativas para modificar el esquema de financiamiento.