La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de financiamiento universitario, una demanda de la comunidad educativa que cobró centralidad ante el brutal ajuste aplicado por el Gobierno nacional sobre el sistema de educación superior. La sesión especial comenzó a mediodía y tras seis horas de discursos, la iniciativa fue aprobada con 158 afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones.
De esta manera, tras meses de reclamos por parte de rectores, sindicatos y estudiantes, la cámara baja aprobó esta norma que busca garantizar recursos mínimos para el funcionamiento de las universidades nacionales.
El proyecto propone actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, salarios docentes y no docentes, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024.
Se trata del segundo año consecutivo en que Diputados aprueba un proyecto de financiamiento universitario. En 2024 el presidente Javier Milei vetó la normativa —de similares características a la actual— y generó una profundización del conflicto universitario.
Este año el Gobierno adelantó que seguirá en la misma posición. Luego de la aprobación de la ley, la cuenta de X de La Libertad escribió que “el superávit fiscal no se negocia”.
La sesión fue impulsada por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la Izquierda, quienes lograron el quórum con 131 presencias. A esos bloques se le sumaron siete integrantes del bloque radical: Karina Banfi, Martín Tetaz, la santacruceña Roxana Reyes, Fabio Quetglas, Julio Cobos, la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning y el tucumano Roberto Sánchez.
“Venimos a dar una respuesta a la necesidad de la universidad pública argentina”, sostuvo Blanca Osuna (UxP), una de las primeras legisladoras en hablar. La entrerriana críticó a la política educativa del Gobierno por su desmantelamiento de políticas públicas y el empobrecimiento del salario de los docentes del país.
“El gobierno no quiere reconocer que la universidad es una institución amada por los argentinos. Es un emblema del rol del Estado y de cómo se conectan estas instituciones con derechos que deben ser cumplidos”, agregó.
El tratamiento parlamentario se enmarcó en un contexto de asfixia presupuestaria que impacta de lleno en las condiciones laborales, de estudio y de investigación en todo el país. A eso se refirió el diputado Hugo Yasky (UxP). “Estamos perdiendo los mejores cuadros de las universidades, y esto tiene que ver con el deterioro salarial”, advirtió. “La universidad forma parte del sedimento construido desde hace décadas de una conquista social vinculada al principio de la movilidad social ascendente”, remarcó.
Por su parte, la radical de Somos, Danya Tavela subrayó que el sistema universitario lleva “dos años de un atraso histórico” que genera que “la mitad de docentes y no docentes se encuentren por debajo de la línea de pobreza”.
Por el bloque de la UCR Tetaz fue crítico con que el Gobierno ajuste en la generación de recursos humanos que generan riqueza para el país.
Durante el debate, los diputados libertarios y de bloques aliados como el PRO cuestionaron el proyecto con golpes bajos y reiteradas alusiones al equilibrio fiscal, a pesar de que se aclaró que la iniciativa no impactaría en el déficit.
Mercedes Llano y Álvaro Martínez, ambos de La Libertad Avanza por Mendoza, lo calificaron como un “proyecto para la tribuna” y “engañoso”, mientras que Carlos Zapata (LLA, Salta) alzó la voz diciendo que no quiere “más un gobierno de mierda”, en alusión al peronismo. Martínez ahondó en que la ley “busca garantizar privilegios para unos pocos”, “no tiene control” y “permite gastar con discrecionalidad”.
El reclamo frente al Congreso
Afuera del Congreso, en simultáneo con la sesión, tuvo lugar una radio abierta organizada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Participaron referentes de la CONADU, rectores y autoridades de distintas casas de estudio, quienes denunciaron el ahogo presupuestario que atraviesan las universidades y exigieron la aprobación de una ley que garantice previsibilidad en el financiamiento del sistema.
El reclamo incluyó la defensa del salario docente y nodocente, el sostenimiento de becas estudiantiles y la continuidad de programas de investigación y extensión afectados por el ajuste.
Por la Universidad Nacional de La Plata participó su vicepresidenta Institucional, Andrea Varela.
Al cierre de esta nota, la cámara baja seguía debatiendo la declaración de emergencia pediátrica, tema vinculado al conflicto con el Hospital Garrahan. También trataba el veto a la emergencia en Bahía Blanca, que la oposición intenta rechazar. Como no pasó por comisiones, para votarlo debe habilitar antes su tratamiento con los dos tercios. Lo mismo pasará con las leyes impulsadas por los gobernadores y que ya cuentan con media sanción del Senado.
Un deterioro sostenido: salarios, becas y éxodo científico
Desde diciembre de 2023, los salarios de los docentes y no docentes universitarios acumulan una pérdida superior al 30% en términos reales. La falta de actualizaciones, sumada a la inflación acumulada, provocó una caída abrupta del poder adquisitivo y generó un creciente malestar en las casas de estudio.
La situación derivó en una consecuencia alarmante: numerosas universidades han advertido sobre un proceso de éxodo de docentes e investigadores, quienes frente a la falta de incentivos y condiciones mínimas, optan por abandonar el sistema público o emigrar al exterior. La fuga de talentos científicos pone en riesgo áreas estratégicas de la producción de conocimiento, muchas de ellas vinculadas a la salud, el ambiente, la energía o la tecnología.
A esto se suma la crítica situación de las becas estudiantiles. Actualmente, los montos rondan los 35.000 pesos mensuales (Progresar) y 85.000 pesos mensuales (Manuel Belgrano), cifras claramente insuficientes para sostener la cursada de miles de jóvenes que necesitan ayuda económica para permanecer en la universidad. Mientras los costos de vida aumentan, las partidas para becas no fueron actualizadas en lo que va del año.
En paralelo, el presupuesto universitario es una prórroga de aquel de 2023. Las partidas destinadas a gastos de funcionamiento no contemplan la inflación acumulada ni el aumento de tarifas, lo que ha generado múltiples advertencias sobre el riesgo de parálisis de actividades en varias instituciones.
En este marco, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un paro nacional de toda la semana del 11 al 15 de agosto, en rechazo al ajuste del Gobierno y en reclamo de una urgente recomposición salarial. La medida forma parte de un plan de lucha que viene desplegándose desde hace meses, con clases públicas, movilizaciones y campañas de visibilización en todo el país.
