Por Florencia Abelleira
El 10 de octubre de 2009 se promulgaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A seis años de esa batalla ganada, el acceso a la comunicación se amplió de manera significativa. En el nuevo mapa comunicacional, son 1.396 las autorizaciones y licencias a radios AM y FM y televisión abierta y paga. De esta cifra, 286 fueron destinadas a medios –radio y televisión– de escuelas primarias, centros juveniles, institutos educativos y Universidades; 55 radios y 1 canal a pueblos originarios, y otras tantas a municipios e iglesias.
La ley que fue proyectada desde el retorno de la democracia, reimpulsada por Néstor Kirchner y sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández, exige ahora que el único medio monopólico que aún no se adecuó a lo que indica la ley lo lleve a cabo.
Cuarenta empresas ya presentaron su plan, y todas las que estaban excedidas están adecuadas o en plan de adecuación, menos el Grupo Clarín.
“Mientras haya un Poder Judicial que no esté democratizado, es muy factible que se generen alianzas que en definitiva lo que hacen es perjudicar al pueblo”, opinó Cynthia Ottaviano, periodista y defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, institución que surge a partir de la sanción de esta ley.
– A seis años de la sanción de la Ley de Medios, ¿cuál es su mayor legado?
– Sin dudas, la declaración de que la comunicación no es un negocio, sino que es un derecho humano, que la información no es una mercancía. Comprender que una democracia no es posible con oligopolios, y que sólo es viable si todas las personas tienen en igualdad de condiciones la posibilidad de dar y recibir información y, en definitiva, buscar cambiar este paradigma autoritario y mercantilista y construir uno en la perspectiva de los derechos humanos.
– ¿Qué impacto tiene en la sociedad la puesta en marcha de señales como Pakapaka, Canal Encuentro y la pluralidad de contenidos que posibilitó la ley?
– El gran impacto que tiene abrir esas pocas manos en las que está encerrada la comunicación para liberarla. Tiene que ver con la posibilidad de poner la palabra y la comunicación al servicio del pueblo, que es donde tiene que estar. De manera que una sociedad que no tiene derecho humano a la comunicación no vive una verdadera democracia.
Vivimos en una sociedad mediatizada donde necesitamos de la información para poder tomar decisiones, y si esa información es sesgada y responde a los intereses de unos pocos, evidentemente no hay una realidad mediada sino manipulada, y eso trae consecuencias muy serias para cualquier sociedad.
No hay país viable si no es con soberanía comunicacional. Eso es el verdadero impacto de multiplicar las voces, que sean plurales, diversas y que representen las historias, las tradiciones, las distintas culturas que tiene una nación como la Argentina, que es intercultural, y que en esa interculturalidad hay una gran virtud y no un defecto, como querían hacernos ver los que diseñaban un país para pocos.
«Vivimos en una sociedad mediatizada donde necesitamos de la información para poder tomar decisiones, y si esa información responde a los intereses de unos pocos, no hay una realidad mediada sino manipulada.»
– ¿Qué consecuencias acarrea que todavía el Grupo Clarín no se haya adecuado según indica la ley?
– Las consecuencias de la concentración comunicacional son gravísimas. La construcción de un pensamiento único, la manipulación de la información nada más que en función de los intereses del grupo concentrado, el silenciamiento de voces y, por ende, de ideas y perspectivas. Los tratados internacionales que tienen rango constitucional en la Argentina son los que dicen que los monopolios y oligopolios conspiran contra las democracias.
En el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declara la plena constitucionalidad de la ley de medios, Eugenio Zaffaroni dice muy claro: sería un suicidio cultural permitir que sean pocos grupos lo que concentren la comunicación, porque eso es antidemocrático. La comunicación no debe ser un privilegio de propietarios, de dueños, del poder y del dinero. Que no haya propiedad privada, si hablamos de una propiedad que sea pública, porque toda la comunicación es pública, y eso quiere decir que todas las personas en igualdad de condiciones tienen que tener el mismo derecho a comunicar.
– Dentro del marco legal, ¿en qué estado está la causa del Grupo Clarín sobre su adecuación a la Ley?
– En este momento, la adecuación está frenada por cautelares, que ha sido el mecanismo histórico que ha tenido la comunicación concentrada en el país para impedir la profundización de la democracia. De manera que, mientras haya un Poder Judicial que no esté democratizado, es muy factible que se generen alianzas que en definitiva lo que hacen es perjudicar al pueblo.
– La Ley de Medios trajo consigo un debate social sobre el rol de los medios de comunicación y la falacia de su neutralidad. ¿En qué nos aportó como sociedad?
– Se dejó de mirar la comunicación como si fuera un privilegio de los dueños de los medios, o como si fuera un derecho de los periodistas nada más. Entonces, se empezó a poner en cuestión y a trabajar en la educación crítica de las audiencias para que no pongan en el lugar de verdad revelada lo que ocurre en los medios, sino para que sepan que es una construcción, es una disputa de sentido que implica quiénes van a construir el sentido y para qué. Es fundamental que las audiencias se empoderen, reconociendo que tienen derecho a cuestionar aquello que está siendo denunciado.
«La adecuación del Grupo Clarín está frenada por cautelares, el mecanismo histórico de la comunicación concentrada para impedir la profundización de la democracia.»
– Algunas voces críticas sostienen que, para los medios populares, las licencias de televisión tienen costos altos, lo que imposibilita un real acceso a convertirse en canales digitales. ¿Cuál es la respuesta que les da el Estado?
– Yo creo que la construcción democrática se construye colectivamente con el intercambio y con los distintos intereses que tienen los múltiples actores de una sociedad mediatizada como esta. Así que aquellas críticas que pueden haber surgido a los costos vinculados a la posibilidad de tener licencias tienen que ser tenidas en cuenta por las autoridades de aplicación.
Por su puesto que el Estado tiene una obligación para salvaguardar el derecho humano a la comunicación y una obligación de equidad, transparencia y universalidad en el acceso a estas licencias, porque el espectro es finito y las licencias tienen que estar dadas con todos los valores de la democracia y generando igualdad de condiciones. Pero lo importante es saber que la comunicación se construye colectivamente y a través del diálogo y del encuentro, y por eso la necesidad de generar debates permanentes y tener en cuenta las distintas realidades.
Desde la Defensoría del Público, venimos acompañando la creación de múltiples radios y señales de televisión de pueblos originarios, universitarias, estatales, y en estos seis años se ha demostrado que la ley es irreversible.
– ¿Cuáles son los desafíos que tiene Argentina de ahora en adelante en materia de democratización de la comunicación?
– Reconocer que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no es un techo, sino que es un piso. Establecer su carácter irreversible, y que en todo caso habrá que legislar para tener otras herramientas complementarias, como por ejemplo una Ley de Derecho a la Rectificación a la Respuesta, para que no haya informaciones inexactas que no puedan ser rectificadas; una Ley para incorporar el derecho humano a la comunicación en la curricula académica del nivel inicial. Es decir, trabajar para seguir profundizando la democracia y no retroceder, porque realmente lo que peligra es esa construcción plural y diversa que nos pone a todos en igualdad de condiciones.
