Por Alejandro Palladino
“No al cierre del Centro Sandra Cabrera”, decía un mensaje pintado con aerosol en una amplia bandera blanca desparramada sobre la avenida 1 entre 67 y 68, en las puertas del centro de salud de La Plata. Desde que Vidal llegó al Gobierno provincial, su gestión dejó de girar los fondos necesarios para pagar el alquiler y los servicios del Centro de Salud, creado en 2006 por un convenio firmado entre AMMAR, el sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina y el Ministerio de Salud provincial, para garantizar que las trabajadoras –y otros sectores vulnerados– tengan derecho a la salud considerando las dificultades que tienen para el acceso y los estigmas que en algunos casos pesan sobre ellas cuando acuden a un hospital público.
Con una radio abierta, conferencia de prensa, firmas de un petitorio para defender el centro y el apoyo de las dos CTA, las trabajadoras junto a los profesionales de la salud que trabajan en el centro expresaron su reclamos al Ministerio de Salud, que pretende municipalizar el centro y trasladarlo al Centro N° 13 de Salud municipal ubicado en 41 entre 10 y 11, a más de treinta cuadras de la zona roja.
“Desplazar el centro haría perder el proyecto inicial, porque este lugar tiene una identidad propia. Fue demandado y llevado adelante por las propias trabajadoras sexuales.”
“Desplazar el centro haría perder el proyecto inicial, porque este lugar tiene una identidad propia. Fue demandado y llevado adelante por las propias trabajadoras sexuales”, dijo a Contexto Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR nacional. “Es un proyecto en el que todo el personal médico está muy comprometido con nuestra causa. De municipalizarse, perdería lo que significa el Sandra Cabrera para nosotras”, señaló Orellano.
El origen del centro derivó de una encuesta realizada en 2006 entre AMMAR y la CTA, relevando datos entre novecientas trabajadoras sexuales de la zona sobre las dificultades que tenían para acceder a la salud pública. “De allí surgió que muchas no tenían controles de salud porque se sentían discriminadas por ser trabajadoras sexuales y las trataban mal”, dijo a Contexto Soledad Martínez, trabajadora social del centro. “Es un centro específicamente sensibilizado para atender a la población de trabajadoras sexuales desde una mirada del acceso a la salud integral y no de la cintura para abajo”, sostuvo Orellano.
La postura del Ministerio de Salud de la provincia fue responder que no tenían plata para el gasto que significaba el alquiler del espacio (30 mil pesos bimensuales), y que pretendían delegarlo al Estado municipal. El conflicto en este aspecto es que el Sandra Cabrera fue estratégicamente creado en ese punto por estar en el radio de la zona roja de La Plata, teniendo en cuenta la cercanía y que las trabajadoras en muchos casos reciben un trato de hostilidad en los hospitales. Incluso, como uno de los datos más salientes de la encuesta realizada por AMMAR y la CTA en 2006, detectaron que la proximidad de la atención con la zona de trabajo para tener accesibilidad era una generalidad del estudio. De ahí la negativa de las trabajadoras a trasladar el centro a 41 entre 10 y 11.
Luego de abrir las puertas en 2006 para atender, el equipo de profesionales notó la reticencia a atenderse de las trabajadoras sexuales. Esto derivó en la necesidad de dar a conocer la existencia del lugar mediante el trabajo territorial de promotoras que funcionaron de nexo entre el Sandra Cabrera y las trabajadoras. En los últimos años, el centro atendió a ochocientas personas por año, incluso menores de institutos e hijos e hijas de las trabajadoras. Esto generó que se amplíe el conjunto de profesionales hasta llegar a tener infectólogas, enfermeras, pediatra, ginecóloga, obstetra, psicóloga, clínica, trabajadora social, dos administrativos y personal de limpieza, la gran mayoría de ellos, de la planta del Ministerio de Educación.
“Esta experiencia es única en cuanto a que está cogestionada con los representantes de los propios usuarios de la política. Desde los inicios hay un representante de los profesionales y de AMMAR.»
“Esta experiencia es única en cuanto a que está cogestionada con los representantes de los propios usuarios de la política. Desde los inicios hay un representante de los profesionales y de AMMAR. En ese sentido, es una experiencia inédita. Lo que pedimos es el dinero para pagar el alquiler y los servicios para la continuidad del centro”, afirmó la trabajadora social Martínez.
La propuesta de los profesionales y las trabajadoras es que el Sandra Cabrera, en caso de que el Ministerio termine de confirmar que no pagará más el alquiler, se mude a la calle 3 entre 61 y 62, donde funcionaba la sede de la Región Sanitaria, propiedad del Ministerio de Salud. “Está vacía. Podrían reacondicionarla y trasladarnos ahí”, dijo Martínez.
Teresa Zapata, ex trabajadora sexual que asistió los diez años al Sandra Cabrera, resaltó el trato recibido en el centro: “Me atiendo acá por mis problemas de salud, al igual que mis compañeras. La atención es muy buena”. Y añadió: “Aparte, viene gente del barrio y nuestros hijos con los nietos para ver al pediatra y tener vacunas para los nenes”.
“No podemos permitir que esto se cierre, fueron muchos años que estamos en esto y nunca tuvimos problemas. ¿Dónde va a ir la gente? Acá te atienden como corresponde; no te dejan de dar ni una caja de aspirinas”, concluyó Zapata.
El Sandra Cabrera lleva a cabo trabajos de asistencia con hogares de menores y otros centros de salud, con charlas, entrevistas, consultas y entrega de medicamentos.
“El centro es mirado como un ejemplo a seguir por organizaciones de trabajadoras sexuales de la región”, señaló Orellano.
