El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el gobierno de Javier Milei y con media sanción de la Cámara de Diputados, profundiza el ajuste sobre el sistema educativo y científico con recortes que no tienen antecedentes recientes por su magnitud. Así lo advierte un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza el impacto presupuestario sobre la educación técnica, las universidades nacionales y el sistema de ciencia y tecnología.
Uno de los sectores más golpeados es la Educación Técnico Profesional. Según el informe, el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP) sufriría en 2026 una caída real del 93% respecto de lo efectivamente ejecutado en 2023. Este fondo, creado por la Ley de Educación Técnico Profesional para garantizar el financiamiento de las escuelas técnicas, no solo es recortado en términos presupuestarios sino que además el propio proyecto oficial busca eliminarlo de manera directa.
El vaciamiento del FoNETP no es nuevo, pero se profundiza. El CEPA detalló que en 2023 se ejecutó el 50,5% de los recursos que correspondían por ley, mientras que en 2024 ese nivel cayó al 9,4%. Sin embargo, para este año y el próximo el escenario es peor. “Aunque sigue vigente por ley, el Gobierno ejecutó solo el 10,8% en 2025 y ejecutará apenas el 3,5% de lo que corresponde en 2026. En los hechos, lo elimina”, subrayó.
Este ajuste presupuestario se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno de La Libertad Avanza para correr al Estado de su obligación de invertir en educación pública. El artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026 propone derogar pilares estructurales de la política educativa y científica: elimina la garantía de inversión mínima del 6% del PBI para educación establecida en la Ley de Educación Nacional y suprime la meta de alcanzar el 1% del PBI en ciencia y tecnología.
El impacto del ajuste queda en evidencia también en la Función Educación y Cultura, que presenta una caída real del 47,3% entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026. Este recorte atraviesa a todo el sistema educativo y consolida una reducción sostenida del gasto público en un área estratégica, aun cuando el oficialismo sostiene un discurso de eficiencia y reorganización del Estado.
Las universidades, siempre en la mira de la motosierra
Las universidades nacionales tampoco quedan al margen. El presupuesto universitario proyectado para 2026 muestra una caída real del 33,8% respecto de 2023. En este punto, el conflicto político nuevamente se tensionó porque, si bien el Ejecutivo intentó derogar las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad a través del capítulo 11 del Presupuesto, esa iniciativa fue finalmente eliminada por la Cámara de Diputados.
Vale recordar que meses atrás, el Gobierno había avanzado por otra vía al suspender por decreto la Ley 27.795 de financiamiento universitario ya promulgada, un hecho calificado de “gravedad institucional” por abogados constitucionalistas de distinta posición política.
El ajuste también golpea directamente a los estudiantes. Las becas y transferencias estudiantiles acumulan una caída real del 76,6% entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026, lo que limita el acceso y la permanencia en el sistema educativo en un contexto de deterioro del poder adquisitivo y aumento del costo de vida.
Finalmente, el sistema de ciencia y tecnología completa el cuadro del desfinanciamiento. El presupuesto destinado a Ciencia, Tecnología e Innovación cae un 48,8% en términos reales respecto de 2023, profundizando una tendencia que compromete la continuidad de proyectos, la estabilidad de los equipos de investigación y la capacidad del país para generar conocimiento propio.