Cada día es más fuerte el rechazo a la Ley de Seguridad Interior que impulsa el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. A las críticas de la oposición, los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos y de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ahora se suman las de la Iglesia.
Mediante un comunicado, la Arquidiócesis de México señaló que la ley “parece legalizar la presencia de elementos castrenses en las calles” y que la normativa “deja al arbitrio discrecional de gobernantes a los que se ha probado nula capacidad para resolver problemas y más bien fueron aliados de grupos criminales”.
En el texto se describe que en 2007 “los enemigos de México se habían hecho del control de comunidades y municipios enteros. Candidatos iban y venían por voluntad de capos y mafiosos, la economía de lugares estratégicos pasaba por la fiscalización del narco, controlando hasta las importaciones en puertos. La corrupción, madre de todos los vicios, engendró ese monstruo que se comió a los cuerpos policiales; nada escapó a su poder y malignidad”.
Por último, el documento asegura que la ley debe tener “como eje rector el respeto total a los derechos humanos de ciudadanos que quieren vivir en paz”.
Cabe recordar que, con la excusa de “la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”, la Ley de Seguridad Interior permite que las Fuerzas Armadas intervengan en temas de seguridad pública –algo que por los tratados internacionales está solo reservado para las fuerzas policiales–, abre la posibilidad de la intervención de Ejército en la represión a las protestas sociales, elimina los protocolos para la regulación del uso de la fuerza y permite realizar actividades de inteligencia militar en espacios vinculados a la sociedad civil.
Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU se realizaron duras críticas a la Ley.
La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Elisabeth Throssell, afirmó que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior es un hecho “lamentable” y remarcó que México no debería “convertir a las Fuerzas Armadas en una parte fundamental de la seguridad interna”.
