Por Miguel Croceri (*)
El pasado jueves (07/05) fracasó en el Senado uno de los intentos para prohibirle a Cristina Kirchner la posibilidad de ser candidata a cargos electivos nacionales. El resultado se definió “por una uña”: hacían falta 37 votos para sancionar el proyecto de ley llamado “ficha limpia”, y votaron a favor 36 integrantes de la Cámara. (En el sitio web de la agencia informativa Noticias Argentinas se accede a los tramos principales de la sesión. Nota del 07/05/25).
De todos modos sigue abierta la amenaza de que la proscripción de la principal líder política argentina sea consumada mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Si ello ocurrirá o no, es un asunto que está excluido de las pretensiones de este artículo porque el autor carece de información como para sostener alguna hipótesis al respecto.
Aquí el propósito es reflexionar acerca de cómo se llegó hasta el retroceso democrático actual, donde los derechos y las libertades políticas estuvieron sometidos a un resultado reñido al extremo en la Cámara de Senadores/as, y siguen dependiendo de lo que decida un trío de jerarcas judiciales que conforman el más poderoso tribunal de la Nación.
(Comienzo de cita): “A lo largo del siglo XX las clases sociales dominantes y las estructuras corporativas que representaban sus intereses se valieron del uso de la violencia física directa mediante los golpes de Estado o de amenaza de ellos, para derrocar o bien extorsionar y presionar, a gobiernos y/o fuerzas y líderes políticos que ejercían o intentaban plantear distintos grados de cuestionamiento al orden social establecido.
“Los movimientos desestabilizadores o golpistas tuvieron como rasgo típico el uso determinante del instrumento militar estatal, es decir de las fuerzas armadas. Siempre articulados con otros poderes fácticos, en primer lugar los económicos -en nuestro país, fundamentalmente los de base agropecuaria-, junto con los eclesiáticos, mediáticos, judiciales, de profesionales (abogados, por ejemplo) y ciertas expresiones de la dirigencia política y del sindicalismo.
“En una etapa posterior, a fines de los años ’80 y principios de los ’90, las clases dominantes latinoamericanas, aliadas al capitalismo trasnacional liderado por Estados Unidos en su búsqueda de hegemonía planetaria, atacaron ‘desde afuera’ de la estructura estatal y perpetraron golpes de mercado contra los incipientes procesos democráticos, entre ellos el argentino. Fue el caso de la hiperinflación desatada durante el último tramo del gobierno de Raúl Alfonsín.
“Hoy asistimos a una modificación del método para atacar a gobiernos y/o a fuerzas y líderes políticos que, con distinto grado de profundización, cuestionan al orden social dominante y a sus corporaciones. (…)
“Actualmente, el peso determinante del accionar antidemocrático desde el interior de la estructura estatal se ha desplazado a los poderes judiciales: el carácter corporativo, corrupto y en ocasiones mafioso de integrantes de la judicatura, degeneran a instituciones públicas del Estado de Derecho y las convierten en poderes fácticos que constituyen una nueva y peligrosa amenaza contra la democracia y la soberanía popular”. (Fin de la cita).
(Los conceptos transcriptos en los párrafos anteriores fueron tomados de un artículo de este mismo autor publicado por Vaconfirma hace nueve años, en los primeros meses del régimen de derecha que encabezó Mauricio Macri, cuando empezaba a evidenciarse la alevosa y descarada persecución judicial contra la líder del kirchnerismo. Nota del 17/08/2016).
La semana pasada, el rechazo de la denominada “ley de ficha limpia” permitió sostener los procedimientos electorales garantizados por la Constitución, e impidió el fortalecimiento de la alianza U + D (ultraderecha más derecha) que le otorga sostén parlamentario del régimen extremista encabezado por Javier Milei.
Plan antidemocrático en América Latina
El fracaso de la maniobra proscriptiva implica una derrota táctica para las elites empresariales y demás corporaciones locales, y asimismo los poderes extranjeros, que intentan destruir al kirchnerismo desde hace más de una década y media. Tomando como punto de inicio -discutible pero orientativo- el conflicto agrario de 2008, cuando la embestida oligárquica con amplio respaldo de las clases medias antiperonistas puso contra las cuerdas al gobierno de entonces.
Pero el mero hecho de que la ofensiva llegara otra vez en el Congreso a una instancia dramática donde un solo voto inclinó la balanza, y de que aún así el riesgo continúe al acecho y todo dependa de lo que haga o deje de hacer la peligrosa Corte Suprema, son síntomas de una verdadera degeneración de la decencia en la vida cívica y en las instituciones de la República.
(Acerca de las trampas perpetradas para condenar a la actual titular del Partido Justicialista por la realización de obras públicas en Santa Cruz cuando ella era presidenta de la Nación, en la causa judicial habitualmente llamada “Vialidad” -porque se trataba de rutas que construía Vialidad Nacional-, puede leerse la crónica y análisis de la sentencia que publicó en su momento Página 12. Escrito por la periodista especializada Irina Hauser, el artículo se titula “Vialidad: 1.616 páginas que no muestran ni una sola prueba directa contra Cristina Kirchner”. Nota del 09/03/2023).
Se llegó a tal punto porque una fracción del Poder Judicial ideológica y moralmente corrompida, en vez de respetar el Estado de Derecho y defender el bien común de la población -como sería su obligación tanto legal como ética, ya que para eso la sociedad le confiere la atribución de administrar el supremo valor de la “justicia”-, utiliza sus cargos para ejecutar una estrategia funcional a las oligarquías locales y a intereses geopolíticos internacionales.
El hostigamiento contra Cristina forma parte de un plan armado en Estados Unidos y llevado a cabo por jueces y fiscales en diferentes naciones de América Latina, destinado a combatir a gobiernos, fuerzas políticas y líderes/lideresas que representan intereses contrarios a las clases dominantes de cada país y a la dominación estadounidense en el sur continental.
Es por ello que sus víctimas, a lo largo de los años, han sido y son -entre otros/as- la ex presidenta argentina; el brasileño Lula Da Silva (con particularidades de las disputas de poder en su país que le permitieron volver a ser candidato y llegar otra vez a la presidencia); el ecuatoriano Rafael Correa (proscripto y exiliado en Bélgica, país donde cursó estudios de posgrado en su juventud y del cual es oriunda su esposa); el paraguayo Fernando Lugo; el hondureño Manuel Zelaya; el peruano Pedro Castillo (quien gobernó solo 16 meses y está preso desde que fue derrocado); y el actual mandatario colombiano Gustavo Petro. (Estos casos fueron comentados hace casi dos años en un artículo que publicó VCF con el título “América Latina. Cómo sacar del juego a líderes populares”. Nota del 13/08/2023).
Para ejemplificar el descaro con que los intereses norteamericanos se entrometen en asuntos que son de exclusiva competencia de la sociedad argentina, habla por sí solo el pronunciamiento de las grandes empresas de Estados Unidos que tienen negocios en nuestro país. La cámara que las agrupa, generalmente mencionada a través de la sigla en inglés “Am-Cham” (“American Chambers of Commerce”, en castellano “Cámara de Comercio de Estados Unidos”), manifestó su “profunda decepción” por el fracaso legislativo de la llamada “ficha limpia”. (Crónica de Perfil, nota del 09/05/24).
Corrupción judicial y demanda social de honestidad
El proyecto que acaba de ser rechazado por el Senado modificaba la ley Orgánica de los Partidos Políticos, a la cual agregaba cláusulas para que no pudieran ser candidatos/as a cargos electivos las personas condenadas en segunda instancia -es decir, con sentencia confirmada por la Cámara de Casación Penal- por delitos contra la administración pública. (Tema explicado por el diario La Nación cuando la ley se trataba en la Cámara de Diputados. Nota del 12/02/25). A su vez, el diario cooperativo Tiempo Argentino destacó que el proyecto no castigaba delitos tales como narcotráfico, violación sexual, trata de personas, tortura o contrabando, o sea que este tipo de crímenes no impedía ser candidato/ta. Nota del 08/05/25).
La sentencia de marzo de 2023 contra Cristina Kirchner fue confirmada en noviembre de 2024 por la referida Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
El portal El Destape, un medio que se especializa en difundir información generalmente ocultada por las grandes cadenas mediáticas, reveló en su momento que Hornos y Borinsky “visitaban a Mauricio Macri en secreto en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada durante su presidencia”. Incluso Hornos “dijo ante sus pares que mantenía una relación social con el entonces mandatario”, y por otra parte ha sido “denunciado por su ex pareja por violencia de género”. Barroetaveña se benefició con su nombramiento en la Cámara durante el macrismo y luego favoreció a Angelo Calcaterra, primo de Macri, en la causa denominado “Cuadernos”. (Informe del periodista Franco Mizrahi, nota del 13/11/2024).
Si la derecha y la ultraderecha estuvieron a punto a prohibirle eventuales candidaturas la ex presidenta Fernández de Kirchner, y si la Corte Suprema todavía está en condiciones de perpetrar la maniobra proscriptiva, es porque funciona aceitadamente la guerra judicial-mediática contra las fuerzas y líderes populares. (Es la estrategia que en ciertas jergas se denomina “lawfare”, un neologismo del idioma inglés traducible como “guerra judicial” o “guerra jurídica”, que resulta inentendible para una abrumadora mayoría de la opinión pública y por lo tanto debiera ser desterrado de cualquier discurso que pretenda lograr comprensión y empatía en sectores amplios de la ciudadanía, por fuera de las minorías politizadas).
Hace algo más de nueve años, apenas comenzado el régimen que presidía Macri y que en Jujuy encabezaba el gobernador Gerardo Morales, en esa provincia se ejecutó por primera vez desde el fin de la dictadura el método para encarcelar a dirigentes y militantes opositores otorgándole apariencia de “legalidad” a las violaciones del Estado de Derecho y con la excusa de “combatir la corrupción”.
Para ello se armó un aparato -en parte público y en parte clandestino- de estructuras políticas, judiciales, policiales y de agentes secretos. Fueron víctimas en aquel momento decenas de personas que integraban la organización Tupac Amaru, comenzando por su líder Milagro Sala. El pasado jueves (08/05), la misma Corte Suprema nacional que detenta el poderío suficiente como para proscribir a Cristina, sentenció en contra de Milagro una pena de 15 años de prisión. (Información de Página 12, nota del 09/05/25).
La elemental e indiscutible exigencia de honestidad para la función pública que demanda cualquier ciudadana/no común del pueblo argentino -y, se supone, también de todos los pueblos del mundo-, requiere en primer lugar que haya jueces y fiscales honestos. Y mientras esa condición previa no exista, la prédica “contra la corrupción” es puro engaño y propaganda ideológica tramposa.
Urge ante todo que se imponga la decencia y se exija “ficha limpia” a funcionarios/as que desempeñan cargos judiciales. Dicho de otra manera, lo que hace falta es una limpieza del Poder Judicial. Objetivo fácil de decir y extremadamente difícil de llevar a los hechos.
Los/las integrantes de la judicatura son -literalmente- juez y parte cuando hay que resolver leyes u otras normas que regulan su actividad, además gozan de cargos vitalicios, cobran remuneraciones extraordinarias, no pagan impuesto a las Ganancias, y al retirarse de la actividad disfrutan jubilaciones de privilegio.
Así como hace cuatro décadas finalizó un largo periodo histórico de dictaduras, Argentina necesita hoy que las fuerzas democráticas y populares se propongan como objetivo restablecer el principio básico de la soberanía política del pueblo, para impedir que las corporaciones judiciales -y/o las demás corporaciones- tengan más poder que las/los representantes de los intereses de la Nación.
(*) Publicado en www.vaconfirma.com.ar
