Por Leandro Gianello
El fiscal Federal de la ciudad de Azul, Walter Romero, pidió que dieciocho civiles y militares acusados de delitos de lesa humanidad en la cementera Loma Negra, durante la última dictadura cívico-militar, sean indagados en el marco de una causa que investiga la responsabilidad de la empresa cementera, que por entonces conducía la fallecida Amalia Lacroze de Fortabat, en el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno. El pedido se realizó luego de que, la semana pasada, las secretarías de Derechos Humanos de nación y provincia se presentaran, junto con la familia de la víctima, como querellantes en el expediente.
“Es una medida que estábamos esperando”, indicó Matías Moreno, hijo del abogado laboralista y director de Formación de la SDH de la Nación. La causa apunta directamente a la empresa Loma Negra y a sus directivos, y centra la investigación especialmente en los vínculos con sectores militares que beneficiaron la productividad durante la represión en el período 1976-1983.
“Alguno de estos 18 implicados pueden llegar a ofrecer datos sobre el esquema represivo” que sistemáticamente aplicaron las fuerzas armadas en connivencia con directivos o responsables directos de la administración de la empresa cementera, agregó Moreno.
En ese camino, explicó que la investigación debe avanzar para determinar en forma definitiva “no sólo las responsabilidades por la muerte de mi padre, sino sobre el resto de los trabajadores”, precisó, y recordó que los obreros de la firma de Fortabat padecieron la criminal relación entre el sector económico y el poder de las armas.
Moreno remarcó que en la causa “cada vez hay más datos” que hacen suponer que la participación de la empresa en la represión generalizada fue un plan orquestado prolijamente y llevado a cabo de forma consciente por los actores involucrados.
La búsqueda de justicia “trata de profundizar la investigación y cerrar el círculo sobre los sectores civiles”, dijo. Y explicó que esos sectores son considerados piezas esenciales, y en algunos casos directamente “autores intelectuales de arrestos, torturas y desapariciones”.
El pedido de indagatoria se produjo en la causa por la complicidad civil de la empresa con el gobierno militar, que es un desprendimiento de la sentencia del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que condenó a prisión perpetua a los coroneles retirados Julio Tommasi y Roque Pappalardo y al suboficial José Luis Ojeda, como responsables del secuestro, torturas y homicidio de Moreno, cometido el 3 de mayo de 1977 en Tandil.
En ese fallo, los jueces ordenaron investigar a la comisión directiva de Loma Negra por hallar elementos objetivos que suponían la participación de la empresa en el secuestro y asesinato del abogado. Entre los involucrados en la causa figuran nombres que la Justicia prefirió no adelantar, ya que la identificación pública de los futuros indagados podría frustrar su detención.
Uno de los pocos que sí se conoce es el del ex general Ignacio Aníbal Verdura, condenado a prisión perpetua en la causa Monte Peloni y que deberá responder ante la Fiscalía en calidad de imputado.
El abogado laboralista Carlos Moreno se había convirtido en blanco de la dictadura y del directorio de la empresa por la defensa que llevaba adelante de los empleados de Loma Negra para que fueran respetadas las condiciones establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo, que, sumadas al pago de las indemnizaciones por enfermedades, afectaban sensiblemente su rentabilidad económica.
La familia de Moreno ya se había presentado como querellante en esta causa hace unas semanas, en la que ahora se pidieron nuevas medidas de prueba, entre las que figura la prohibición de salida del país para evitar posibles fugas de los implicados.
