Por Roberto Álvarez Mur
En medio de una fuerte controversia por el avance sobre la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y una cautelar presentada hace una semana para declarar la nulidad de las directivas presentadas por el Gobierno, el Boletín Oficial publicó ayer el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015 que establece la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), cuya función absorbe la regulación actual y modificará la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El documento, que posee la firma del presidente Mauricio Macri y todos sus ministros, disuelve las autoridades y consejos federales creados por las leyes 26.522 (LFSCA) y 27.078 (Argentina Digital) y se constituye este un solo ente unificado bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones.
“Aquí estamos frente a un claro incumplimiento de una orden judicial”, dijo a Contexto el juez Luis Arias, titular del juzgado Contencioso Administrativo Nº 3 de La Plata que la semana pasada otorgó una precautelar a favor de la AFSCA y presentó una restricción para declarar la nulidad del Decreto. “Estas son cuentas que deberán rendirse ante la Justicia. Además, este documento publicado en el Boletín Oficial nos pone ante un hecho tanto más grave, ya que la semana pasada, cuando fue presentado en conferencia de prensa el día 30, se dijo que iba a ser firmado en los días subsiguientes. Ahora vemos que el documento tiene fecha el día 29, un día antes, con todas las firmas de los ministros. Esto nos sitúa en una nueva irregularidad”, señaló Arias.
“AQUÍ ESTAMOS FRENTE A UN CLARO INCUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN JUDICIAL. ESTAS SON CUENTAS QUE DEBERÁN RENDIRSE ANTE LA JUSTICIA”. LUIS ARIAS, JUEZ.
“Este accionar es un atropello y debería tomarse como nulo”, dijo a Contexto el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, quien volvió a remarcar la irregularidad del procedimiento: “Ya por razones estrictamente formales, en principio, no hay impedimento para que Macri se apegue al procedimiento constitucional para llamar a sesiones extraordinarias y presentar un proyecto que se debata en Congreso. Por otro lado, desde el punto de vista material, es absurdo omitir dos entidades como AFSCA y AFTIC que han funcionado durante todo este período con total normalidad y eficacia”.
“CAMBIEMOS ESTÁ COMETIENDO UN CONJUNTO DE DISLATES, YA QUE SOSTIENEN QUE, AL SER UN GOBIERNO NUEVO, PUEDEN TENER MANOS LIBRES PARA PROCEDER DE CUALQUIER MANERA POSIBLE”. EDUARDO BARCESAT, CONSTITUCIONALISTA.
Barcesat explicó que “un DNU no puede aplicarse a una ley nacional”. El letrado indicó que estas presentaciones son efectivas en casos emergentes e inmediatos, pero no pueden ser aplicadas a una normativa de estas dimensiones. “El ejemplo más brutal es el nuevo DNU para dictar la emergencia económica y tomar una deuda de 65 mil millones con una absurda tasa de interés del 7,5 anual”, aseveró. “Cambiemos está cometiendo un conjunto de dislates, ya que sostienen que, al ser un gobierno nuevo, pueden tener manos libres para proceder de cualquier manera posible”.
¿Qué hará el Decreto con la Ley?
El DNU arrasa con los principales límites establecidos para impedir la concentración de medios, con lo cual cumple con todas las pretensiones del Grupo Clarín y las empresas de medios más poderosas. Aparte de la disolución de AFSCA y AFTIC, entre otros puntos, amplía de diez a quince el número de licencias para un mismo operador de TV abierta y radio AM y FM en todo el país, y de tres a cuatro el número de licencias permitidas dentro de una misma ciudad.
Además, elimina el tope del 35% del mercado que regía para la radiodifusión privada, se quitan los topes referidos a la televisión por cable (era de 24 por empresa) y a las señales de TV paga (los cableoperadores y los titulares de licencias de TV abierta o radio podían tener sólo una señal, algo que ahora queda eliminado).
La abogada Graciana Peñafort, en una serie de posteos en la red social Twitter, explicó algunos de los alcances del DNU 267/15 publicado ayer en el B.O, al que consideró “nulo, inconsistente, falaz. Un desastre”.
Luego de señalar, al menos, tres delitos cometidos por el Ejecutivo con la publicación del DNU (incumplimiento de un fallo judicial, falsificación de documento por mentir la fecha de firma e incumplir los pasos para la creación de un ente descentralizado), Peñafort remarca: “Respecto a cómo se conforma el directorio, te diría @mauriciomacri que al Relator de Libertad de Expresión no le va a parecer bien”. Y completó con otro tuit: “tu esquema NO cumple los estándares internacionales en libertad de expresión”.
“Más concentración, más oligopolios, menos controles estatales, menos federalismo, menos participación ciudadana, incumplimiento de leyes. Incumplimiento de orden judicial, adulteración de fecha en documento público, delitos varios”, culminó la abogada.
Es que el decreto establece que el directorio del ENaCom estará conformado por un presidente y tres directores nombrados por el Poder Ejecutivo y otros tres propuestos por la comisión bicameral de promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual, que serán seleccionados uno por la mayoría, otro por la segunda minoría y otro por la tercera minoría parlamentaria. Es decir que concentra las decisiones en el Poder Ejecutivo. De esta forma, hace añicos la independencia y autonomía del nuevo ente.
Entre otros puntos, el Decreto sostiene que la Ley 26.522 “es una norma anticuada y distorsiva en numerosos aspectos”, ya que “desconoce el rol de la digitalización en la multiplicación de espacios de contenidos, el papel de las sinergias en el desarrollo de modelos de negocios de la industria, la escala que se requiere para desarrollar servicios convergentes”.
Asimismo, se plantean cambios en los artículos 25, 38, 40, 41, 45, 54 y 63. Uno de los aspectos más llamativos es lo estipulado en el artículo 40 –que establecía que las licencias tienen una prórroga única de diez años, previa audiencia pública–: según el Decreto, a partir de ahora, las prórrogas serán a cinco años de manera automática y luego a diez años por concurso, lo que incide de manera sustancial en el mapa de propiedad sobre medios de comunicación, punto de fuerte discusión con los sectores corporativos.
Las críticas llovieron incluso desde el exterior: Frank La Rue, relator especial de las Naciones Unidas sobre libertad de expresión entre 2008 y 2014, consideró que el decreto es “inconstitucional”. En una entrevista con el diario The Buenos Aires Herald, dijo que “representa un retorno a los privilegios de los monopolios en la Argentina, una era que creíamos superada”.
En tanto, Barcesat subrayó: “Yo creo que el Congreso debería autoconvocarse ante esta situación, como también autoridades de la Justicia, y generar una doble nulidad. Pero, lamentablemente, no contamos con un Poder Judicial”.
Respecto a las denuncias hechas por el macrismo sobre la composición de los directorios de AFSCA y AFTIC, Martín Sabbatella había declarado a la prensa: “Se les terminó de caer la careta y dejaron en evidencia que sus críticas eran una mentira. En el DNU proponen eliminar los directorios plurales, que incluían representantes de las Universidades, gobernaciones y sindicatos, y quieren un ente con un directorio con cuatro miembros nombrado por Macri, y tres por las tres primeras fuerzas políticas del Congreso. Es decir, que Macri tendría mayoría absoluta entre los siete miembros de ENaCom”.
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Una denuncia a Macri en la OEA
La Defensoría del Público envió un escrito dirigido al relator especial sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, para solicitarle una reunión en carácter urgente. También le solicitó su pronta intervención “en el marco de sus facultades” y sus competencias debido a los decretos.
La Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, solicitó la intervención de la CIDH, al advertir que los DNU conforman “una situación que amenaza el respeto de los principios que desde el sistema interamericano se han defendido”, puesto que se están “vulnerando los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales”.
Según explicó en la carta enviada a Lanza, las medidas de Macri leídas en conjunto “desarticulan todo el andamiaje institucional que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) había creado para garantizar la autonomía, independencia y pluralismo de la Autoridad de Aplicación y para dar adecuado cumplimiento a los estándares internacionales en la materia”.
La solicitud de “urgente intervención” efectuada por la Defensoría al relator especial para la libertad de expresión de la OEA tiene “el fin de evitar que las medidas adoptadas signifiquen un retroceso en la protección de los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”. Por otra parte, pide al relator que “arbitre los medios necesarios para convocar a una audiencia con carácter urgente con el objeto de analizar la situación aquí planteada”.
La presentación ante Lanza se fundamenta en los reclamos que han presentado ante la Defensoría del Público las audiencias de la radio y la televisión, representantes de Universidades, medios de comunicación y organizaciones campesinas y de pueblos originarios, redes de comunicación comunitaria, sindicatos, entre otros actores y sectores sociales. Una de las presentaciones ya fue realizada «en representación de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM), integrada por veinticinco Universidades de todo el país”.
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