En el marco de la audiencia pública en Diputados por el proyecto de ley del oficialismo para modificar la Ley de Glaciares, la oposición denunció que las autoridades de la Cámara Baja, que preside Martín Menem, impidieron la participación de la mayoría de las y los oradores, a la vez que reclamaron su nulidad dada la irregularidad en la que se lleva adelante.
Legisladores de la oposición argumentaron su pedido en que no se cumple con la ley que habilita la ponencia de la sociedad civil y de las organizaciones de la sociedad civil en la Cámara de Diputados.
La presentación sostuvo que la audiencia resulta “inválida por las graves irregularidades en la metodología adoptada para su desarrollo, las cuales restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)”.
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La diputada nacional, Lucía Cámpora, y la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, remarcaron que el oficialismo apenas dejó participar ayer al 0,5% de los inscriptos, que eran más de 100.000, en una clara muestra de cercenar las críticas que el proyecto ha recibido de la oposición, de organizaciones ambientales y de científicos. Además, el Congreso fue vallado y se montó un fuerte operativo de seguridad ante las personas que se acercaron para rechazar la iniciativa libertaria.
“Una audiencia pública fraudulenta en la que solo pudo participar menos del 0,5% de los inscriptos. Una selección arbitraria con un criterio inexplicable”, subrayó Vilar. “La modificación que quieren llevar adelante es indefendible, por eso necesitan censurar las voces de los que decidieron participar para alertar sobre la gravedad de esta decisión”, dijo, por su parte, la diputada Paula Penacca (UxP).
Mientras tanto, hoy la audiencia continúa de manera virtual, aunque no deja de recibir críticas. La física y extitular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis, calificó a la audicencia como “una farsa”. “Estamos presentando una impugnación que se presentó al presidente antes de comenzar la audiencia”, explicó Serquis en diálogo con la AM 750. La científica criticó también la falta de participación real, y añadió que tampoco cumplió con criterios esenciales como la transparencia y el carácter deliberativo.
Por su parte, Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares, señaló durante la audiencia que, según el último informe de la ONU sobre la crisis hídrica, el mundo se encuentra en una situación de “bancarrota hídrica”, ya que el 75% de la población mundial vive en lugares donde el agua es escasa o está contaminada. ¿Cual es el colapso que van a generar para nuestras vidas? Por favor, les pido que reflexionen”, inquirió.
Vale remarcar que el bloque de diputados de La Libertad Avanza decidió limitar drásticamente la participación en las audiencias públicas destinadas a debatir la reforma de la Ley de Glaciares. A pesar de que se registraron más de 100.00 inscripciones, el oficialismo dispuso que solo unos 200 expositores podrán participar de forma presencial o virtual durante las dos jornadas previstas.
El resto de los interesados deberá canalizar sus intervenciones mediante escritos o videos, una medida que busca agilizar el tratamiento de un proyecto que cuenta con el aval de gobernadores aliados interesados en facilitar inversiones mineras e hidrocarburíferas.
Esta restricción generó un fuerte rechazo no solo de diputados peronistas, sino también de la izquierda y Provincias Unidas, que pidieron ampliar las audiencias y que se oponen a la reforma de la ley de Glaciares, al igual que organizaciones socioambientales.
Los críticos sostienen que la metodología adoptada convierte la instancia de participación en un mero trámite formal, impidiendo una discusión profunda sobre los cambios propuestos, que incluyen habilitar la explotación en áreas que no sean consideradas «hídricamente relevantes».
En qué consiste la Ley de Glaciares y los riesgos de su modificación
La Ley 26.639, sancionada en 2010 y conocida como Ley de Glaciares, establece un régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del entorno periglacial. Su objetivo principal es proteger estas estructuras como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y el mantenimiento de los ecosistemas. Bajo esta norma, los glaciares son considerados bienes de carácter público y se prohíbe taxativamente cualquier actividad que pueda afectar su condición natural, incluyendo la exploración y explotación minera o petrolífera.
El aspecto más robusto de la ley actual es la protección del ambiente periglacial, definido como el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. Al no distinguir entre la importancia hídrica de un sector u otro, la ley de 2010 funciona como un «paraguas» integral que impide intervenciones industriales en zonas sensibles. Esta amplitud ha sido, desde su origen, el principal punto de conflicto con las grandes empresas mineras y los gobiernos de las provincias cordilleranas, quienes argumentan que la norma frena inversiones millonarias.
Por el contrario, el proyecto impulsado por el actual oficialismo busca flexibilizar estas restricciones mediante una redefinición de las zonas protegidas. El cambio fundamental radica en que la nueva normativa solo protegería aquellos glaciares que estén incluidos en el Inventario Nacional y que cumplan con requisitos específicos de tamaño y continuidad. De esta manera, se dejarían de proteger por ley los glaciares de menor dimensión o aquellos que no se consideren «hídricamente relevantes» para una cuenca específica, abriendo la puerta a la actividad extractiva en áreas antes vedadas.
Finalmente, la reforma propuesta por el Ejecutivo reduce drásticamente la protección del ambiente periglacial, limitándola únicamente a aquellas áreas que tengan una función probada como reserva de agua. Para la oposición y las asambleas ambientales, esto representa un retroceso peligroso en materia de soberanía hídrica, ya que delega en criterios técnicos —que podrían ser influenciados por las corporaciones— la decisión de qué ecosistema merece ser preservado y cuál puede ser sacrificado en favor del desarrollo económico.