Por Ramiro García Morete
Mientras varios centros culturales deben cerrar puertas o quedar a merced de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano (ex Control Urbano), mientras los artistas callejeros son decomisados como delincuentes y la comunidad ve vedado el acceso gratuito o económico a la cultura, ¿quién infringe la ley? El Estado. Eso viene señalando entre otras cosas la Red Multicultural que engloba cerca de ochenta centros culturales y que realizó una radio abierta en la Plaza Moreno. ¿La razón? A pesar de que el Consejo Deliberante votó por unanimidad las prórrogas anuales de las habilitaciones provisorias, el Ejecutivo no promulgó la norma ni la publicó en el Boletín Oficial. Con la lectura de un documento, la Red destacó la función social, se solidarizó con las escuelas municipales artísticas, rechazó el proyecto de nuevo Código de Convivencia Ciudadana que criminaliza la protesta y convocaron a un Culturazo (ex Cabildo Abierto) en el mismo epicentro de la ciudad para el 13 de septiembre a partir de las 14 hs.
“A nosotros las habilitaciones provisorias se nos vencieron el 2 de agosto. Así que estamos preparados para que cuando a Control Ciudadano se le antoje venga y nos clausure”, ejemplifica Héctor Barrios, del Centro Cultural La Vecindad. Cuenta que la unanimidad lograda en el Consejo “implicó recorrer los espacios culturales. Porque desde que se reglamentó en 2016 la Ordenanza Nº 110.301 venimos trabajando con más de ochenta de centros culturales para que se adapten a la norma. Para que tengan todo legal. Sin embargo, de todos los compromisos que asumió el Municipio no cumplió ni uno”.
El hombre estimó que, de aproximadamente cien espacios, tres lugares tienen la habilitación definitiva. Tal cuadro expone un Estado que no aplicaría su rol de fomento y mediación de lugares que cumplen funciones no lucrativas y esenciales para la comunidad. “En vez de venir y decir Control Ciudadano: estás en falta acá, tenés que cuidarte con esto, viene y te clausura. Te hacen un acta, tenés una causa abierta en la Justicia de Faltas”, añade Barrios.
Barrios comenta que el Estado se comprometió a aportar “matafuegos y elementos de seguridad, pero nunca lo hizo. Hace dos años que está reglamentada la ordenanza y no tenemos subvención. El Estado es el primero en violar la reglamentación”.
«Hace dos años que está reglamentada la ordenanza y no tenemos subvención. El Estado es el primero en violar la reglamentación”
Con varios representantes de centros y ciudadanos que se acercaron, fue Melina Pérez de El Colibrí quien tomó la palabra en la conferencia de prensa realizada al mediodía. Minutos antes habló con Contexto de clausura y criminalización. «Ahora tenemos doce lugares clausurados. Además, tenemos a nuestros artistas callejeros que están siendo decomisados o levantados. No los dejan laburar, con lo difícil que está la mano. También están las Escuelas Municipales Artísticas (la de Danzas Tradicionales, que el año pasado se le cayó el techo). Y un montón de cuestiones donde la relación del Estado viene a ser siempre por la persecución o criminalización o por el ajuste. Preferiríamos que fuera de acompañamiento”.
«tenemos doce lugares clausurados. Además, tenemos a nuestros artistas callejeros que están siendo decomisados o levantados. No los dejan laburar, con lo difícil que está la mano»
Pérez remarcó que “nuestros espacios cumplen una función social de encuentro, de inclusión, de poder generar un derecho a acceso de cultura. Que en épocas de crisis es lo primero que se recorta. Por eso muchas veces nuestros espectáculos son al sobre, a la gorra. También pedimos que Julio Garro se haga eco de lo que se votó en el Consejo Deliberante, que es el pedido de prórroga por un año más”.
Todos coinciden en que la visión cultural de esta gestión apunta al circuito comercial: “No confían en la economía social, en la autogestión. Y les molesta que nos juntemos. Que visibilicemos que de un tiempo a esta parte a los espacios culturales, que tenemos diferentes visiones políticas y proyectos pero aun así logramos entender que el enemigo es realmente pesado, nos está hambreando y estamos perdiendo cada vez más espacios. Y que el trasfondo es ideológico porque vienen por el espacio público».
