La jornada de protesta pacífica de los trabajadores de FATE terminó en una salvaje represión este mediodía mientras acompañaban a sus representantes gremiales, quienes intentaban destrabar el conflicto por los masivos despidos en la empresa de neumáticos durante una reunión con funcionarios de la secretaría de Trabajo en la sede de Leandro Alem al 600.
La Policía de la Ciudad desató una cacería que incluyó gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones arbitrarias. A pesar de que los trabajadores habían respetado la circulación del Metrobús —el límite impuesto por las autoridades porteñas—, el operativo desplegado por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad arremetió contra la multitud pasadas las 11:30.
La Infantería y el cuerpo motorizado persiguieron a los trabajadores y sus familias hasta la zona de Avenida Córdoba. En el caos, el tránsito terminó interrumpido no por la protesta, sino por el propio despliegue policial, afectando incluso a micros turísticos que quedaron atrapados en el fuego cruzado. La audiencia en la Secretaría de Trabajo concluyó sin acuerdos, extendiéndose la conciliación obligatoria hasta el próximo 11 de marzo.
Durante el feroz operativo hubo personas que se desmayaron y que a pesar de estar tiradas sobre el asfalto, fueron golpeadas por los policías uniformados y de civil. En ese caos fue detenido el dirigente Eduardo Beliboni, quien fue liberado tras demostrar que no había cometido ninguna transgresión.
Referentes sindicales y legisladores que acompañaban la movilización denunciaron la «brutalidad» del operativo. “Estábamos acompañando la reunión por la conciliación obligatoria y empezaron a reprimir como si fuéramos animales”, denunció el diputado Hugo Yasky.
Por su parte, el diputado Horacio Pietragalla Corti, quien acompañó a los trabajadores en la protesta, denunció que “la única manera de aplicar este modelo económico de despidos y hambre, es con represión. ¡Gobierno Fascista!”.
El conflicto en FATE no es un hecho aislado, sino el síntoma de una debacle industrial que se acelera con la gestión de Javier Milei. El despido de 920 operarios en la planta de San Fernando se enmarca en el desplome del consumo interno y una apertura importadora que deja a la producción nacional en absoluta desventaja. Para el modelo libertario, la industria manufacturera parece ser un «daño colateral» necesario en su búsqueda de un equilibrio fiscal basado en la recesión.