Por Daniel Cecchini
El repudio de la mayoría de los trabajadores de La Nación a la nota editorial “No más venganza”, publicada el lunes 23 en ese diario, tiene una fuerza simbólica imposible de soslayar. Es un ejemplo –surgido de las propias entrañas de un medio que fue parte del aparato dictatorial– de que la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y, por consiguiente, la necesidad de continuar hasta las últimas consecuencias con los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos por civiles y militares en el marco del terrorismo de Estado, son cuestiones que están plenamente incorporadas a la conciencia de buena parte de la sociedad argentina.
Por eso, el libelo de La Nación provocó el rechazo de la totalidad de los organismos de derechos humanos, pero también de dirigentes de casi todo el espectro político, de abogados y juristas, de referentes comunitarios y, lo más importante de todo, de los ciudadanos del común, que fue notorio tanto en las conversaciones en la calle como en la viralización del tema en las redes sociales.
La publicación de ese texto al día siguiente del balotaje que consagró a Mauricio Macri como próximo presidente de la Argentina no deja lugar a equívocos. Se trata de un mensaje –y de una presión– al nuevo mandatario. Y el sentido del mensaje queda claramente definido desde la bajada de la nota: “La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos”.
Es necesario hacer un repaso del contenido de esa nota editorial, donde el diario de las familias Mitre y Saguier fija –una vez más– su posición histórica, aunque en esta ocasión con el agregado de la exigencia implícita de acabar con los juicios y de permitir que los responsables de los crímenes –incluso los ya condenados– escapen a la acción de la Justicia. Los argumentos son los de siempre: el reflotamiento de la teoría de los dos demonios, la caracterización del plan sistemático de aniquilamiento de parte de la población argentina como un efecto aberrante de una guerra antisubversiva en defensa de la nación, la supuesta tergiversación de esos hechos por parte de los organismos de derechos humanos y los sucesivos gobiernos kirchneristas, y el intento de mostrar un accionar ejemplar de la Justicia argentina –elogiado internacionalmente– como una mezquina búsqueda de venganza contra los responsables y ejecutores del genocidio.
Oportunista en más de un sentido, el editorialista pretende también apelar a las emociones provocadas por los recientes atentados de París para llevar agua a su molino. “Los trágicos hechos de la década del 70 han sido tamizados por la izquierda ideológicamente comprometida con los grupos terroristas que asesinaron aquí con armas, bombas e integración celular de la que en nada se diferencian quienes provocaron el viernes 13, en París, la conmoción que sacudió al mundo. Aquella izquierda verbosa, de verdadera configuración fascista antes y ahora, se apoderó desde comienzos del gobierno de los Kirchner del aparato propagandístico oficial”, dice sin que se le note siquiera un atisbo de vergüenza por lo ridículo de la extrapolación.
A todo esto le agrega una exigencia de impunidad disfrazada de reclamo humanitario. “Hay dos cuestiones urgentes por resolver. Una es el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. Son a estas alturas más de trescientos los detenidos por algunas de aquellas razones que han muerto en prisión, y esto constituye una verdadera vergüenza nacional […] En segundo lugar, de modo paralelo, han continuado actos de persecución contra magistrados judiciales en actividad o retiro”, dice.
Más adelante en esta nota se explicará quiénes son los pobres angelitos identificados con nombre y apellido por cuyos “derechos humanos” reclama La Nación, y también se dirá a quiénes no nombra aunque son los últimos y más interesados beneficiarios de su exigencia.
Causas y condenas
Antes, sin embargo, conviene hacer un repaso de la marcha de los juicios por delitos de lesa humanidad, cuya ejemplaridad es –más allá de lo que pretenda el diario de los Mitre y los Saguier– incuestionable. Si se quieren buscar fallas de algunos de ellos, no se las encontrará como producto de un afán de venganza contra los imputados, sino por razones diametralmente opuestas: la renuencia de algunos jueces para avanzar en el desarrollo de las causas, sobre todo aquellas que tienen como imputados a empresarios y jueces cómplices de la dictadura.
De acuerdo con el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde que, en 2006, se anularon las leyes de impunidad (conocidas como de Obediencia Debida y de Punto Final) se desarrollaron –o están en diferentes etapas de su desarrollo– 514 causas. De ellas, 233 están en la etapa de instrucción, 115 fueron elevadas a juicio oral y 148 tuvieron sentencia.
El último de estos fallos se produjo esta semana, cuando el Tribunal Federal de Bahía Blanca condenó a prisión perpetua a dieciocho represores y sentenció a otros cuatro a penas de entre 8 y 18 años de prisión, en el marco de la causa conocida como “Armada”. Fue el tercer proceso por crímenes cometidos por la última dictadura militar realizado en Bahía Blanca. También el primero en poner la lupa sobre el accionar de la Armada en esa ciudad y su zona de influencia, con epicentro en la base naval Puerto Belgrano.
De las 115 ya elevadas a juicio, en este momento 17 se encuentran en pleno debate oral. De acuerdo con el informe –recogido por Infojus–, de los diecisiete debates orales que se desarrollan actualmente, dos se llevan a cabo en los Tribunales Federales de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos es otro tramo de la megacausa ESMA, en la que 59 represores –entre ellos aviadores navales y de Prefectura que participaron en los “vuelos de la muerte”– están acusados por 789 secuestros, torturas y homicidios. El otro es en la causa por los delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor, el acuerdo de las dictaduras suramericanas para perseguir a opositores políticos fuera de sus propios países, que se encuentra en etapa de alegatos.
En Córdoba también continúa el debate oral de la megacausa La Perla, que tiene como acusado más notorio a Luciano Benjamín Menéndez, e incluye a otros 51 represores. En Mendoza, por otra parte, se lleva adelante el llamado “Juicio a los jueces”, que tiene unos 41 imputados, entre ellos los ex magistrados Otilio Romano y Luis Miret. En Mar del Plata se está desarrollando la causa que investiga los crímenes cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU), un grupo de tareas paraestatal que operó antes y durante el golpe del 24 de marzo de 1976.
Siempre de acuerdo con el informe de la Procuraduría, entre 2006 y septiembre de este año, 2.166 personas, entre civiles y militares, fueron imputadas o investigadas por crímenes de lesa humanidad: 1.065 están detenidas, 753 están en libertad, 59 están prófugas y 280 murieron impunes antes de ser juzgadas. Entre los detenidos, 587 se encuentran alojados en dependencias penitenciarias; 7, en hospitales; y 13, en recintos de fuerzas de seguridad; 441 tienen el beneficio del arresto domiciliario y sobre 17 no hay datos.
En todos estos años, 56 acusados resultaron absueltos en diversas causas. Todos los imputados tuvieron y tienen el derecho a la defensa, a través de sus propios abogados o de defensores públicos. Los casos de pedido de arresto domiciliario o de prisión domiciliaria por razones de edad o de salud se analizan uno por uno. En más de un caso, cuando este beneficio fue concedido, terminó siendo violado flagrantemente por sus beneficiarios.
Todo muy lejos de las supuestas arbitrariedades que pretende denunciar la nota editorial de La Nación.
Pobres angelitos
El diario La Nación personifica “el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso sospechosos” en los coroneles Carlos Saini y Oscar Bardelli, el capitán de navío Carlos Robbio, el almirante Antonio Vañek, el ex juez Ricardo Lona y el juez marplatense Pedro Hooft.
Por qué elige esos casos resulta para este cronista un verdadero misterio. Carlos Alberto Saini fue uno de los responsables de la represión ilegal en la zona sur de la provincia de Buenos Aires y se lo acusa del secuestro y desaparición de decenas de personas. Oscar Bardelli está imputado en la causa “Monte Pelloni II”, que investiga los secuestros y desapariciones ocurridos en Olavarrría y Tandil. Antonio Vañek acaba de ser condenado a prisión perpetua por el accionar de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada, responsable de la represión en el Gran La Plata. A todos ellos, mayores de setenta años, les fue revocada recientemente la prisión domiciliaria por razones jurídicamente justificadas. Lo mismo sucedió con el ex juez Lona (a) El Sheriff, a quien se le dictó prisión preventiva acusado del encubrimiento del asesinato del ex gobernador de Salta, Mario Ragone. Lona también está acusado de presenciar torturas de detenidos en centros clandestinos.
Lo que La Nación no dice en su editorial es que los jueces no están obligados a conceder el beneficio de la prisión domiciliaria a los mayores de setenta años. Tampoco que la edad y el estado de salud son armas utilizadas constantemente por los defensores de los represores para demorar el desarrollo de las causas.
El juez marplatense Pedro Hooft está siendo investigado por su desempeño en la llamada “Noche de las corbatas”, cuando se detuvo ilegalmente a un grupo de abogados de esa ciudad. Varios de ellos continúan desaparecidos. Hooft está acusado de no haber tramitado ni los hábeas corpus ni las causas judiciales, sabiendo que los secuestrados estaban en poder de las Fuerzas Armadas. Por esta razón, además de estar imputado en la causa, se le abrió un juicio político en el que fue absuelto y reintegrado a su cargo. Para La Nación eso es prueba suficiente de su inocencia, y considera que el avance de la causa penal que lo investiga –que nada tiene que ver con el juicio político– es una “persecución”.
Esos son los casos que menciona La Nación para denunciar supuestas “violaciones actuales de derechos humanos”. En cambio, no habla de sus propios intereses para que no sigan avanzando las causas que investigan delitos de lesa humanidad.
No dice, en su editorial, que su ex director, Bartolomé Mitre, está imputado en la causa que investiga el despojo de las acciones de Papel Prensa a los integrantes del Grupo Graiver, ocurrido en 1976, que permitió –asociados con el terrorismo de Estado– que La Nación, Clarín y La Razón se adueñaran a precio vil de la única productora de papel para diarios de la Argentina.
Con esta nueva ofensiva contra el juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, los dueños del diario La Nación intentan, en última instancia, evitar que se investigue, juzgue y condene a los cómplices civiles –fundamentalmente a empresarios y jueces–, entre los que se encuentra uno de sus directivos.
La conciencia social
Buena parte de la sociedad argentina no acompaña a La Nación –y los grupos que representa– en su intento. Todo lo contrario.
Los primeros efectos de la jugada editorial no le fueron favorables. Los dos principales destinatarios del mensaje no respondieron como los dueños de La Nación esperaban. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, reiteró que los juicios son una política de Estado y que, como tal, no tienen vuelta atrás. El presidente electo, Mauricio Macri, dijo que los juicios eran cosa de la Justicia, y que la Justicia debe ser independiente, lo cual en una primera lectura significa que su gobierno no intentará detenerlos.
Sin embargo, no todo es tan sencillo. Como bien señaló hace unos días la periodista Victoria Ginzberg en Página/12: “El punto es que no alcanza con garantizar la independencia de la Justicia como si se tratara de la mano invisible del mercado. Es necesario comprometerse con políticas públicas activas que garanticen que los juicios se puedan hacer mejor y más rápido, que haya más pruebas, que los testigos se sientan seguros. No es un problema de otros (poderes). Es un tema de todos”.
A partir de 2006, gracias a la iniciativa legislativa del kirchnerismo que anuló las leyes de impunidad, los juicios que estas habían suspendido siguieron avanzando. A partir del 10 de diciembre próximo no habrá en la Casa Rosada un gobierno interesado en que esto siga así. Nuevamente, como desde los tiempos mismos de la dictadura, cuando lo hacían en la más absoluta soledad, la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia seguirá siendo encabezada por las Madres, las Abuelas y el resto de los organismos de derechos humanos.
Sin embargo, hay una enorme diferencia. Ahora, una gran parte de la sociedad argentina es consciente de su importancia y los acompañará. La marcha de la resistencia del próximo 24 de marzo –cuando se cumplan cuarenta años del golpe cívico-militar más sangriento ocurrido en la Argentina– será una prueba de que así es.
Deberá ser la marcha más multitudinaria de la historia. Para que las cosas queden definitivamente claras.
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Asamblea de Trabajadores del diario Página/12, 24 de noviembre de 2015 | Repudio al editorial de La Nación y solidaridad con sus trabajadores
Los trabajadores y trabajadoras del diario Página/12, reunidos en asamblea, expresamos nuestro más enérgico 
repudio al malicioso editorial publicado el lunes 23, un día después del balotaje, en el diario La Nación, bajo el título “No más venganza”.
Desde el vamos, el editorial habla de “venganza” en lugar de decir “justicia”, y pretende instalar de nuevo en la sociedad la teoría de los dos demonios. Hace una comparación imposible de sostener entre la agitación social que se vivía en la Argentina en los años 70, enfrentando a una dictadura militar, con los recientes sucesos ocurridos en Francia. Nunca nada parecido sucedió en la Argentina de esos años como para hacer semejante comparación.
La Nación, siguiendo su línea histórica, busca la impunidad de los represores, tarea en la que terminó fracasando a partir del año 2003, por la decisión política de un gobierno pero sobre todas las cosas por el reclamo de justicia que habían logrado imponer las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos, acompañados por millones de personas en todo el país.
El editorial de La Nación intenta subirse al carro triunfante del presidente electo Mauricio Macri, quien supo enarbolar la teoría de los dos demonios, defender públicamente al subcomisario Luis Abelardo Patti, hoy condenado por delitos de lesa humanidad, y declarar en su momento que el pedido de detención internacional del hoy fallecido dictador chileno Augusto Pinochet era “un disparate”.
La Nación quiere la impunidad del genocidio y por eso, como trabajadores y trabajadoras, repudiamos el editorial y nos solidarizamos con los compañeros trabajadores del diario de los Mitre, que se han manifestado en el mismo sentido que nosotros.
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