Por Fernando M. López
Mauricio Macri fue un vetador serial durante sus ocho años gestión como jefe de Gobierno porteño. Con 130 leyes bloqueadas unilateralmente, de un total de 271 desde la creación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1996), supo ganarse el apodo de “Capitán Veto”.
En todos los casos, eran normas sancionadas con amplio consenso democrático en favor de los sectores populares. Entre ellas se destacaban algunas destinadas a beneficiar a víctimas del terrorismo de Estado, de la violencia institucional y de la trata de personas; un subsidio para los ex combatientes de Malvinas; la emergencia habitacional que prohibía desalojos; la creación de un laboratorio estatal de medicamentos; la ley que estableció un máximo de espera en los peajes; y la que protegía a las empresas recuperadas por sus trabajadores.
Ahora, como Presidente de la Nación, avanzó con el veto a la ley de emergencia ocupacional, que prohibía los despidos sin causa y fijaba la doble indemnización por 180 días. La iniciativa había sido aprobada por el Senado, con 48 votos a favor y 16 en contra; y sancionada por Diputados, con 147 votos afirmativos, 3 negativos y 88 abstenciones.
Los principales referentes sindicales y dirigentes de la oposición parlamentaria lo consideraron una nueva “muestra de autoritarismo” del Gobierno de Cambiemos, aunque Macri trató de justificar que su decisión se basaba en la defensa del empleo y de todos los argentinos.
“La ley que aprobaron, que algunos llaman antidespidos y yo llamo antiempleo, va en contra de este progreso. Es una ley que no ayuda a nadie, ni a los trabajadores ni a quienes están desempleados, porque espanta la posibilidad de crear trabajo”, dijo el fin de semana.
De esta forma, no sólo volvió a negar que exista una ola de despidos, a pesar de los 150 mil trabajadores que quedaron en la calle desde diciembre, sino que además mintió de manera descarada, porque mientras estuvo vigente la emergencia ocupacional, entre 2002 y 2007, se crearon más de dos millones de empleos y la informalidad laboral se redujo un 10%, según los propios datos oficiales.
También puso como ejemplo a la empresa Cresta Roja, lugar que eligió para anunciar el veto: “Cuando llegamos al Gobierno, hace poco más de cinco meses, los trabajadores de Cresta Roja estaban pasando por una situación dramática. Muchos se acordarán de las imágenes: empleados angustiados cortando calles y autopistas, manifestándose porque estaban a punto de perder su puesto, porque el Gobierno anterior había llenado el camino de obstáculos. Hoy compartimos la alegría de que esta empresa volvió a abrir sus puertas y miles de trabajadores recuperaron su trabajo. No sólo eso: también está creciendo”.
Pero fueron los propios operarios de la planta avícola de El Jagüel los que se encargaron de revelar a la agencia AgePeBA que “es una gran mentira lo de la reactivación de la empresa”.
“Macri es el mismo que en la protesta de diciembre nos dijo que en cinco minutos solucionaba las cosas y, al final, nos mandó a garrotear”, agregaron en referencia a la brutal represión de Gendarmería, cuando reclamaban por sus fuentes laborales.
No son las únicas mentiras del mandatario en sus cinco meses y medio de gestión: “Estamos combatiendo la inflación para cuidar el bolsillo de los trabajadores” (21/02); “Me duele tomar algunas decisiones (por los tarifazos), lo que generan, pero es el camino de la verdad” (07/04); “Sé que hay mucha gente que no llega a fin de mes, pero estamos haciendo lo correcto en esta etapa de sinceramiento” (25/04); “Mi compromiso es administrar bien, cuidando los recursos del país y poder llegar a esa Argentina con pobreza cero creando trabajo para todos” (03/05); “Durante los últimos cinco años el empleo no creció porque el Estado se convirtió en una traba para que las personas y las empresas desarrollen sus iniciativas” (22/05)… Y la lista podría seguir largamente.
El dictador chileno Augusto Pinochet, que aplicó a sangre y fuego el modelo que Macri dice admirar, utilizaba palabras similares. Tras derrocar y asesinar al presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, llamaba a combatir “el flagelo inflacionario” que incidía “negativa y drásticamente en las remuneraciones e ingresos de nuestros trabajadores”.
Casi diez años después, Pinochet sostenía lo siguiente: “el Gobierno ha llevado adelante una estrategia económica realista y pragmática. No ha ocultado la situación y ha escogido las opciones técnicas que la evidencia y la complejidad de los problemas han requerido. Es comprensible que haya discrepancias sobre ello y que cueste aceptar algunas medidas que hieren intereses personales o que son duras para algunos, pero que son de beneficio para el interés general. En todo caso, las dificultades transitorias que nos afligen no destruirán los caracteres propios de la economía social de mercado, la única que permite una actividad creadora y libre del empresario y generar los recursos suficientes para desarrollar y hacer frente a la pobreza” (diario La Nación, Santiago de Chile, 03/01/1983).
La dictadura chilena implementó a rajatabla todas las recetas neoliberales de los “Chicago Boys”, formados por Milton Friedman con financiamiento del Departamento de Estado norteamericano. Luego serían exportadas a la Argentina, de la mano de José Alfredo Martínez de Hoz, Juan Alemann y Adolfo César Diz, como al resto de los países que formaban parte del Plan Cóndor.
Durante el pinochetismo, la inflación bajó, pero el desempleo se ubicó por encima del 20% (1975-1981), se desplomó el poder adquisitivo de los trabajadores, el número de pobres creció de 1.000.000 a 7.000.000 y hubo una descomunal concentración de la riqueza.
Si bien el terrorismo de Estado cayó en 1990, los pilares del modelo de los “Chicago Boys” se mantuvieron firmes a lo largo de todo el período democrático. Hasta el año pasado, Chile era uno de los países más desiguales de América Latina, donde el 10% más rico tenía un ingreso 27 veces superior al 10% más pobre, según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). De acuerdo con el Banco Mundial, la situación empeora cuando se considera el acceso a la salud y la educación.
Luego de la megadevaluación, la desregulación del mercado cambiario, la eliminación de retenciones y la apertura de las importaciones, Macri da todos los pasos en el camino de la desigualdad estructural con represión, despidos masivos, tarifazos y disminución de los salarios reales.
Mientras tanto, las medidas económicas con las que pretende bajar la inflación son las mismas que recomendaban los discípulos de Friedman: altas tasas de interés, que perjudican a deudores hipotecarios y pymes, reducción del gasto público, caída del consumo interno y endeudamiento externo.
La ley antidespidos no era dañina para los trabajadores ni para el conjunto de los argentinos, sino para un esquema neoliberal que descarga todos los costos sobre las espaldas de asalariados, jubilados y otros sectores populares. Fue ahí cuando Macri reapareció como el “Capitán Veto”.
