Por José Welschinger Lascano
Una acción legal presentada en la noche del jueves por el ministro de energía Juan José Aranguren terminó de confirmar que el Gobierno de Cambiemos no escuchó el reclamo del pueblo, como tampoco escuchó el fallo de la Justicia. Con gran celeridad, el ex CEO de Shell antepuso un pedido para interpretar que, con los amparos reconocidos por la Cámara Federal Nº 4 de La Plata la semana anterior, la sentencia original quedaría suspendida, motivo por el cual el Gobierno podría establecer nuevos aumentos con el mencionado tope del 400%.
Aunque los jueces nuevamente se expresaron en unanimidad en contra de este intento, por considerar que tanto los argumentos como los antecedentes presentados no corresponden al caso, el recurso legal presentado por Aranguren definió que la intención política de Cambiemos se encuentra en la judicialización de los aumentos tarifarios y no en una solución consensuada con la gente.
Desde el Centro de Estudios para la Promoción y la Igualdad (Cepis), la organización defensora de los derechos de los usuarios y los consumidores que logró frenar el tarifazo de gas en la Justicia, Pedro Sisti comentó a Contexto: “Es muy desprolijo por parte del Gobierno seguir insistiendo con resoluciones judiciales cuando la Cámara ya le dijo que era ilegal; y además siguen persistiendo en el mismo problema, hablan de subir las tarifas sin realizar las audiencias públicas. Para empeorar, se refirieron a resoluciones declaradas inconstitucionales mucho tiempo atrás. Actualmente, el Estado está al borde de un incumplimiento”.
“Es muy desprolijo por parte del gobierno seguir insistiendo con resoluciones judiciales cuando la cámara ya le dijo que era ilegal.»
El apoderado del Cepis repasó cuáles fueron los argumentos que el Gobierno presentó ante la Justicia para insistir con la aplicación del tarifazo, en contra de lo dictado por la Cámara Federal N° 4: “El Gobierno viene sosteniendo que con la presentación de un recurso extraordinario, en este caso los amparos, queda suspendida la sentencia, y que entonces el Ministerio podía dictar su nueva resolución del 400%, porque si no está vigente la sentencia, hay lugar para una suba de tarifas».
«En caso contrario, lo que se estaba interpretando es que, mientras no pudiera emitirse una sentencia definitiva, no había lugar para proponer nuevos aumentos. Entonces, presentaron una anulación del fallo anterior, para que los avalaran en esa postura, pero la Cámara les dijo que no, que justamente la presentación del recurso de amparo no suspende la aplicación de la sentencia judicial. Con esto se reafirma que no puede haber aumentos de tarifas, que son inconstitucionales, y que el tope del 400% es ilegal también”.
Preocupado por esta respuesta del Ministerio, Sisti comentó: “Desde un punto de vista político, no se comprende por qué el Gobierno insiste en esto sin dar marcha atrás. Comienza a parecer que tienen algo que ocultar, porque están negándose a brindar la información, y quieren subir sí o sí las tarifas antes de cumplir con las garantías de los ciudadanos. Es como una obsesión. Están diciendo que es lo mínimo que se puede, pero tuvieron tres meses antes de estas resoluciones para llamar a las audiencias y cumplir con la ley”.
Pese a la claridad de la sentencia legal, Cambiemos todavía intenta torcer el fallo judicial que se desprende de la lectura del artículo 42 de la Constitución Nacional Argentina, donde se establece que el Estado debe garantizar el derecho de los usuarios a la participación y la información en lo que atañe a sus servicios esenciales. “Hablaron de llamar las audiencias para octubre», recordó Pedro Sisti, «pero justamente no se pueden hacer de forma posterior a las subas; en eso consiste el amparo constitucional. Incluso intentaron cobrar esas tarifas ahora, con las subas, advirtiendo que, si luego el aumento no se realizaba, les reintegrarían a los usuarios lo cobrado de más”.
«Incluso intentaron cobrar esas tarifas ahora, con las subas, advirtiendo que, si luego el aumento no se realizaba, les reintegrarían a los usuarios lo cobrado de más.”
Para el abogado del Cepis, protagonista del freno al tarifazo, la instancia de audiencias públicas está siendo directamente ignorada por las autoridades; lo cual implica cerrar las instancias de participación o negociación con los vecinos. “Ellos siempre sostuvieron que estaban abiertos al diálogo, pero la audiencia pública es el momento del diálogo. Si lo están pateando, o negando directamente, entonces están cerrando las puertas del diálogo”.
El legalismo selectivo de Cambiemos
En el breve fallo mediante el cual los jueces César Álvarez, Olga Calitri y Héctor Schiffrin respondieron al pedido de anulación de Aranguren se entrevé que la acción legal presentada carecía de fundamentos razonables; que incluso recurrió a antecedentes que se remitían a los peores momentos de la historia del Poder Judicial. El juez Schiffrin, en su fallo, sostuvo: “Después de este examen, parece claro que esta interrupción de la jurisprudencia tradicional de la Corte en el punto aquí debatido se circunscribe a un período de la actuación del Tribunal que ha sido gravemente puesto en cuestión, inclusive por el Congreso Nacional, y que no se ha repetido. Además, las afirmaciones de aquella mayoría de la Corte Suprema fueron todas dogmáticas, y no contestaron los argumentos tradicionales”.
En resumidas cuentas, el Gobierno se estaba amparando en un conocido caso de abuso de autoridad. En consonancia con esta táctica, pero en contradicción con la velocidad de gestión demostrada para anteceder judicialmente en esta oportunidad, el Gobierno nacional todavía no se ha expresado respecto del pedido de información que le solicitó la Justicia, que básicamente inquiere en el origen de los números utilizados para diagramar los aumentos de gas.
Sobre esta selectividad, y sobre lo que sucederá respecto del tarifazo a futuro, Pedro Sisti comentó a Contexto: “Con lo dictado por la Cámara se reafirma el fallo anterior, y queda más claro que nunca que ahora la responsabilidad del Gobierno está en emitir nuevas boletas acordes a lo determinado por la Justicia. Es grave no cumplir una sentencia, especialmente para un Gobierno que hablaba de hacer lo que el juez diga; en lugar de eso, están contradiciendo al Poder Judicial, dictándole resoluciones encima, de una forma muy desprolija que tiene el aspecto de estar poniendo excusas para seguir salteándose la ley”.
«Es grave no cumplir una sentencia, especialmente para un gobierno que hablaba de hacer lo que el juez diga.»
Respecto de la información que el Gobierno le adeuda tanto a la sociedad como al Poder Judicial, el abogado explicó: “La Justicia inquirió al Gobierno para que le presentara la información detallada en base a la cual realizó los aumentos decretados por Aranguren. No hay información sobre el avance de ese asunto, pero en teoría podrían demorar más de un mes en presentar esa información, que consiste también en detallar quiénes son los titulares de las empresas que se verían beneficiados por la suba”. Según explicó el apoderado del Cepis, se trata de la información que debería haber estado en las audiencias públicas. “Incluso la Corte solicitó expresamente esa información, porque la necesita para poder emitir una decisión; y nosotros sostenemos que es información pública, además de muy sensible e importante”. Sin embargo, el Ministerio de Energía no se ha distinguido por ser el más transparente o comunicativo.
“El Gobierno intentó enfriar la cuestión”, consideró Sisti, en relación a la conferencia de prensa celebrada luego de la resolución judicial que reconoció los amparos: “Anunciando subsidios localizados por zonas consideradas como más vulnerables. Hoy por hoy no hay suba de tarifas. Claro que ese subsidio sería una buena noticia, pero en todo caso eso era algo que correspondía antes de proponer los aumentos, si es que tenían esa posibilidad”.
El apoderado del Cepis consideró que la medida, de matiz positivo, consiste en un señuelo mediático. “Tiene el aspecto de ser un parche con el que tratan de despertar la empatía de la sociedad, utilizando a los sectores de menores recursos para conseguirlo. Pero lo central sigue siendo lo mismo: no deberíamos estar hablando de eso sino de la ilegalidad de los aumentos”.
Para concluir con la explicación de los entretelones políticos y judiciales del tarifazo, Pedro Sisti señaló que, si se ordena el aumento con topes del 400% en las boletas, el Gobierno incurrirá directamente en el incumplimiento con la palabra de la Justicia, algo que ningún Gobierno puede o debe hacer. El motivo central, la ausencia de instancias de información pública, continúa siendo el nudo del conflicto, aunque Cambiemos se esfuerce por mirar para otro lado.
“Subieron el gas en boca de pozo», finalizó el apoderado del Cepis, «lo pusieron mucho más caro de lo que estaba, y no dieron ninguna justificación; no dijeron que se había disparado el precio internacional u otra razón. Entonces, sólo nos queda entender que lo hicieron para beneficiar a esas empresas. Es más, políticamente este asunto se volvió muy costoso para el Gobierno, y no termina de entenderse qué hay detrás”.
