La Cámara Federal de San Martín dio lugar a la excarcelación de Alesia Abaigar, quien lleva más de una semana detenida acusada de un incidente en la puerta del domicilio del diputado Jose Luis Espert. Los jueces firmantes, aseguraron que no se encuentran riesgos procesales para su liberación mientras avanza la causa.
Los abogados de la directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de la Mujer bonaerense habian apelado la negación de la excarcelació por parte de la jueza que lleva adelante la causa, Sandra Arroyo Salgado.
En este marco, manifestaron en la apelación que su detención tenía un caracter arbitario y que se trataba por lo tanto de una «presa política». Además de mencionar que Abaigar padece problemas de salud que podrían verse afectados por las condiciones de detención, cuestionaron el accionar de Arroyo Salgado al manifestar que las acciones de que la acusan pueden estar «contempladas en los delitos contra el honor, pero de ningun modo ser catalogado como delito grave». En tal caso, como se denunció ante el Consejo de la Magistratura, se trataría de una contravención que no requiere detención.
Hoy, la respuesta llegó por parta de la Cámara Federal de San Martín. «En cuanto al riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación, conjugado con el comportamiento concreto que -al menos hasta la fecha- se viene demostrando, se tiene que la causante aportó voluntariamente la clave de desbloqueo de su teléfono celular y de su computadora personal», valoraron los jueces Alberto Lugones y Néstor Barral.
«De modo que, sin perjuicio de las medidas en curso y de aquéllas que pudieran hallarse pendientes, lo cierto es que no se advierte -ni la a quo logra indicar en concreto- cuáles serían, por caso, aquellas diligencias probatorias que podrían verse frustradas o entorpecidas en caso de que la causante recupere su libertad», concluyeron el fallo conocido este lunes.
Abaigar fue detenida el miércoles 25 de junio y está imputada por los delitos de atentado contra el orden público, en concurso ideal con amenazas agravadas e incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas. En los hechos, se la acusa de ser participe de un escrache en el domicilio de Espert que implicó la colocación de un pasacalle y escremento de animal en la vereda.
Por la misma causa están imputados la concejala del Partido Justicialista en Quilmes Eva Mieri; la militante de La Cámpora, Candelaria Montes Cató; la trabajadora social, Aldana Muzzi; y el empleado administrativo Iván Díaz Bianchi. Con la excarcelación de Abaigar y la liberación de tres de ellos la semana pasada, sólo queda detenida la edil quilmeña.
La semana pasada, Arroyo Salgado fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley, quienes acusaron a la magistrada de de detener arbitrariamente a militantes peronistas, en su mayoría mujeres, mantenerlas incomunicadas y en una carcel de máxima seguridad por un hecho que como máximo podría representar una contravención municipal.
El senador y la diputada manifestaron en ese sentido que las detenciones son parte de «maniobras de amedrentamiento y disciplinamiento social al servicio de los intereses políticos del gobierno nacional».
Para los consejeros, las detenciones «constituyen un abuso de autoridad, un accionar arbitrario e ilegal por parte de la jueza que configuran una forma de persecución política al servicio del Poder Ejecutivo Nacional».
