Por Contexto
La neutralidad no aplica en la regional jujeña del partido judicial. Los jueces del Tribunal Oral Federal de Jujuy, María Alejandra Cataldi y Mario Héctor Juárez Almaraz, elevaron una denuncia ante el fiscal federal de turno, a fin de que se investigue la comisión del delito de usurpación de títulos y honores previsto en el artículo 247 del Código Penal, contra la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, integrante del equipo de defensa de Milagro Sala.
Desde la organización barrial Tupac Amaru denunciaron que se trata de un nuevo caso de persecución judicial en Jujuy y de la sistemática violación al derecho de defensa en la provincia.
La maniobra del Tribunal apunta a impedir que Gómez Alcorta integre la defensa de la dirigente social acusada como instigadora por Gerardo Morales en la causa que investiga un escrache que tuvo lugar en el Consejo de Ciencias Económicas en 2009.
Recientemente, la Justicia dictó la prescripción de una parte de la causa en la que se investigaban supuestas amenazas. Al caerse esa acusación, Morales ya no puede ser querellante –dado que se había presentado como tal sólo por ese delito–, pero continúa el proceso por daños agravados.
Al momento de presentarse a aceptar el cargo de defensora de Milagro Sala ante el Tribunal Oral Federal, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta hizo saber expresamente por escrito y con certificado que el 13 de junio tenía fecha de juramento para obtener la matricula federal para intervenir en el interior del país en la Cámara Federal de San Martín. Dicha constancia explícitamente refería a que hasta esa fecha estaba habilitada para actuar como letrada en cualquier jurisdicción.
Pero los jueces que deberán juzgar a Sala no sólo rechazaron la posibilidad de que gómez alcorta sea defensora, sino que la denunciaron por querer ejercer la abogacía en Jujuy sin estar habilitada para hacerlo.
Elizabeth Gómez Alcorta egresó en la Universidad de Buenos Aires y se desempeña como abogada desde 1996. Fue abogada de Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, en la causa del Plan Sistemático de Robo de Bebes, en la que terminó condenado, entre otros, Jorge Rafael Videla. También fue representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación hasta su renuncia en febrero de 2016 en la causa del encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA; fue responsable del Programa Memoria, Verdad y Justicia y es docente hace veinte años de grado y posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
En las mismas condiciones en las que buscó ejercer la defensa de Sala, Gómez Alcorta interviene como letrada en diversas jurisdicciones del país, pero en ningún momento sufrió un atropello como el descripto en la provincia de Jujuy.
Sin derecho a defensa
El de Gómez Alcorta no es el primer caso de violación contra el derecho de defensa contra Milagro Sala. Anteriormente, su abogado Luis Paz fue imputado en una causa armada en la que lo denunciaron por supuestas amenazas a una testigo. Inmediatamente recibió el respaldo de la Federación Argentina del Colegio de Abogados (FACA) y de diversas instituciones vinculadas con la defensa de los derechos humanos.
En igual sentido, la situación sufrida en este caso por Gómez Alcorta también fue denunciada por la FACA, por el Colectivo Nacional de Abogados y Abogadas de Causas de Lesa Humanidad y por diversas personalidades reconocidas en el mundo del derecho.
