Por Mirta Taboada
El represor y ex médico de la Policía Bonaerense fue condenado a veinticinco años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, por ser autor directo de los delitos de privación ilegítima de la libertad, con aplicación de tormentos reiterados, y por haber participado en la apropiación de menores. La defensa pidió que se autorizara la prisión domiciliaria, beneficio que le fue denegado por el Tribunal Oral pero que le fue concedido por la Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación en enero de 2014.
El fallo, publicado en la página institucional del máximo tribunal con fecha 26 de abril, da lugar al recurso que interpuso la Dra. Irma Adriana García Netto, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal en marzo de 2015.
La objeción al beneficio de prisión domiciliaria, según el dictamen que fundamenta la fiscal García Netto, se fundamenta en que “se basó sólo en el informe de la jefa de la División Diagnóstico y Tratamiento del Hospital Penitenciario Central 1 de Ezeiza, donde se encontraba alojado desde el 20 de diciembre de 2012, sin dar intervención al Cuerpo Médico Forense para que se expidiera respecto a las patologías actuales de B que estas requerían”.
De acuerdo con la presentación del Ministerio Público Fiscal, “los jueces, sin contar con un dictamen médico preciso y sin evaluar los riesgos procesales, ni la consecuente responsabilidad del Estado argentino, otorgó el arresto domiciliario”.
Sobre la edad de Bergés, quien tiene 74 años, la fiscal argumentó que “la condición etaria no es suficiente para conceder un beneficio que constituye una excepción al cumplimiento en una unidad penitenciaria de la pena privativa de libertad”, y añade que “el escueto informe de una médica del hospital penitenciario donde se encontraba alojado no es en absoluto suficiente para excarcelar a un acusado –condenado por sentencia no firme– por delitos de lesa humanidad”.
A través de la resolución difundida en los últimos días, el tribunal integrado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, establece la necesidad de dar intervención al Cuerpo Médico Forense para que sus integrantes actúen en calidad de peritos de oficio y dictaminen sobre el estado actual de salud del condenado por delitos de tortura, con el fundamento de “haber mediado arbitrariedad”, en correspondencia a lo sostenido por la fiscal general. Por último, la Corte ordena que el tribunal de origen dicte un nuevo pronunciamiento.
Bergés es uno de los veintitrés represores que participaron en el circuito de tortura en centros clandestinos de la zona de La Plata y del Gran Buenos Aires. La sentencia por el juicio por el “Circuito Camps” determinó la responsabilidad del ex médico policial en veintitrés casos de privación ilegal de la libertad agravada por tormentos y la retención y ocultamiento de Pedro Nadal García, hoy nieto recuperado.
Jorge Bergés no sólo administraba el dolor y la tortura en los cuerpos de los secuestrados, sino que supervisaba que los partos de las jóvenes secuestradas fueran violentos y deshumanizantes, como fue el caso de Adriana Calvo, Elena de la Cuadra, Silvia Isabella Valenzi y Eloísa Castellini.
Luego de ser beneficiado con la Ley de Obediencia Debida durante el menemismo, el médico torturador fue condenado en 2004 junto al ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz a siete años de prisión por la apropiación y supresión de identidad de Carmen Gallo Sanz, nacida en el centro clandestino conocido como “Pozo de Banfield”. Esa sentencia sentó el precedente de juzgar y condenar a represores que no fueron los apropiadores directos de los niños y niñas secuestrados durante la última dictadura cívico-militar.
El médico represor fue excarcelado en 2004 tras cumplir su condena, pero volvió a prisión acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos en relación con el centro clandestino de detención que funcionó en la brigada de San Justo.
Pasado y presente del médico y policía torturador forman parte del libro de investigación en clave narrativa Los monstruos, de Vicente y Hugo Muleiro (Planeta), que narra los delitos de lesa humanidad cometidos por Bergés pero también de Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, el «Tigre» Acosta y Ramón Camps, todos actores siniestros de una trama común.
La lucha de la militancia en derechos humanos
Viviana Buscaglia, referente quilmeña en derechos humanos y secretaria de la CTA de Quilmes, relata que cuando se difundió la noticia del fallo de la Suprema Corte “enseguida nos llamamos entre todos, eso es lo valioso. Más allá de que Bergés vuelva a prisión, el deseo de uno es que se pudra en una cárcel común. Lo cierto es que no sabemos si la Justicia lo va a determinar o no. Por lo pronto, que haya un fallo de la Corte Suprema en este momento que diga que esto no es correcto y que tiene que volver a revisarlo, desde donde lo miremos, es positivo.”
La noticia, en octubre de 2015, de la presencia de Bergés en su chalet de la calle Madres de Plaza de Mayo, en Quilmes Oeste, impactó tanto a nivel municipal como a nivel de las organizaciones sociales.
«El año pasado, circunstancialmente en una charla, una compañera docente me cuenta que había visto a Bergés en el domicilio. A partir de ahí empezamos a hacer una movida para denunciar su presencia en el distrito, juntarnos con una cantidad de compañeros que estuvieran militando en los derechos humanos con la idea de hacer una movida distinta”, explica la referente. La idea era trascender el escrache y realizar actividades culturales y educativas, con hincapié en la participación juvenil, para concientizar a la comunidad.
Encarnando una suerte de voz colectiva, Viviana expresa un pedido que devela una trama compleja de poder: “Que la Justicia deje de proteger, como protege, con la prisión domiciliaria”. Además, alerta sobre el hecho de que “desde hace un par de años que hay un grupo de abogados que pretende instalar que son ‘viejitos’ y tienen cuestiones de salud, y eso lo van instalando en algún imaginario junto con la teoría de los dos demonios. Es muy perverso cuando lo escuchás en algunos comentarios.”
Sobre el reclamo histórico encarnado por los organismos que militan por la memoria, la verdad y la justicia, la militante y secretaria de Derechos Humanos de la CTA regional manifiesta que “queremos que digan dónde están los bebes”, y, en el caso particular de Bergés, “es responsable como mínimo de doce personas que pasaron embarazadas por los CCD. Que sea condenado a cadena perpetua, porque sólo fue condenado a veinticinco años. Todavía no fue condenado por el Pozo de Quilmes porque la causa no se juzgó aún”.
Las acciones de la militancia en derechos humanos en la ciudad donde Bergés vivió la mayor parte de su vida y donde ejerció su accionar represivo comenzaron con mesas de memoria donde confluían organizaciones de diverso signo político y se constituyeron en colectivos “donde no estaban las diferencias de lo que nos separaba, sino la lucha contra la impunidad de los militares”.
La más grande, la que todavía permanece como recuerdo pregnante en Viviana, fue la del juicio ético a Bergés. El contexto de esa iniciativa colectiva debe entenderse, según expresa, “sobre la base del menemismo, que era el indulto, las leyes del perdón. En ese escenario no se podía hacer nada y se empezaron a hacer los Juicios por la Verdad en La Plata, y esta movida del juicio en ausencia, del juicio ético en que lo juzgaba la sociedad. Se fueron haciendo con los organismos de derechos humanos para que no se cerrara la historia como nos querían hacer creer”.
