Por Daniel Cecchini
Transcurridas las primeras tres semanas de gestión, queda claro que Mauricio Macri está dispuesto a llevar lo más lejos posible su plan de gobierno utilizando herramientas de facto. La andanada de Decretos de Necesidad y Urgencia, en muchos casos violatorios de las leyes y de la Constitución, se complementa con la negativa a llamar a sesiones extraordinarias y así mantener el Congreso Nacional cerrado a cal y canto para evitar los obstáculos que podría poner un parlamento donde está lejos de contar con los legisladores necesarios para aprobar sus iniciativas. La tercera pata de la estrategia macrista también es ya evidente: un blindaje mediático que –mediante la tergiversación o, directamente, el escamoteo de información– mantiene a una gran parte de la ciudadanía en la más profunda ignorancia de los verdaderos alcances y consecuencias de lo que está haciendo.
Para sostener esa protección des-informativa, cuenta ya no sólo con los grandes medios hegemónicos que fogonearon, con el Grupo Clarín a la cabeza, su carrera presidencial mediante el ocultamiento de sus trapos sucios y una feroz campaña contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sino ahora también con toda la estructura de medios públicos.
Para sostener esa protección des-informativa cuenta ya no sólo con los grandes medios hegemónicos que fogonearon, con el Grupo Clarín a la cabeza, su carrera presidencial mediante el ocultamiento de sus trapos sucios y una feroz campaña contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sino ahora también con toda la estructura de medios públicos.
Las muestras alcanzan ya para un rosario. Ninguno de esos medios –ni públicos ni privados– dedicó siquiera una línea a las graves acusaciones que pesan sobre la canciller Susana Malcorra por sus maniobras para ocultar los abusos sexuales contra niños cometidos por los cascos azules de la ONU en Guinea Francesa, Chad, Guinea Ecuatorial y República Centroafricana. Todo esto ocurrió mientras Malcorra era jefa de gabinete del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Desde esa posición, la flamante ministra de Relaciones Exteriores de Mauricio Macri no sólo no movió un dedo para detener esas atrocidades, sino que las encubrió. E incluso fue más allá al desatar una feroz persecución contra el funcionario sueco Anders Kompass, el hombre que decidió filtrar la noticia a las autoridades francesas para ponerles fin. El domingo pasado, Miradas al Sur informó que un tribunal de tres jueces independientes nombrados por el propio Ban Ki-moon responsabilizó a Malcorra de estos hechos. Para los grandes medios públicos y privados, nada de esto ocurrió y, por lo tanto, tampoco para sus lectores, oyentes y televidentes.
A principios de la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el procesamiento de otro funcionario nombrado por Mauricio Macri. Ocurrió en la causa que investiga el catastrófico “Megacanje” de la deuda perpetrado durante el inconcluso gobierno de Fernando De la Rúa. Se trata del presidente del Banco Central, Federico Adolfo Sturzenegger, quien está acusado de ser “partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. La Corte confirmó así un fallo –luego apelado– del juez de primera instancia Sebastián Ramos, que dispone además un “embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos”. La noticia no fue publicada por Clarín ni La Nación y tampoco le dedicó siquiera un párrafo la agencia oficial de noticias Télam. También brilló por su ausencia en las pantallas de la TV Pública, de Canal 13 y de TN, entre muchos otros medios que la ignoraron. La consigna para el manejo de la información es prístina: los miembros del equipo de Macri no se tocan, son todos más buenos que Blancanieves.
La comparación entre dos títulos de Clarín sobre hechos de la misma naturaleza sirve para mostrar el doble juego –blindaje para uno, desgaste para otro– del diario de Héctor Magnetto. El 26 de diciembre, cuando los evacuados por las inundaciones de Concordia sumaban miles y el flamante presidente descansaba junto a su familia en Villa La Angostura, Clarín tituló de manera edulcorada en la sección Sociedad: “Macri interrumpe sus vacaciones y visita mañana las zonas inundadas”. Un abordaje muy diferente al del 13 de agosto, cuando las aguas afectaron a la provincia de Buenos Aires: “Ola de críticas a Scioli por viajar en medio de las inundaciones”. Ante el contraste, cualquier análisis es superfluo.
Los favores recibidos…
El comportamiento de Clarín, La Nación y sus medios aliados o satélites durante la campaña electoral y, ahora, en los primeros pasos de la presidencia de Macri no se debe simplemente a las posiciones políticas que legítimamente puede tener cualquier medio periodístico, aun cuando se autoproclame “independiente”. Tampoco se debe, de manera exclusiva, a que son el ariete periodístico de los grupos económicos más concentrados de la Argentina y de sus socios transnacionales. Para La Nación, y más aún para el Grupo Clarín, en las últimas elecciones había mucho en juego. También ahora, cuando Macri toma sus primeras medidas de gobierno.
El apoyo durante la campaña y el blindaje mediático a la gestión de gobierno ya están recibiendo sus primeras recompensas. Como señaló este cronista la semana pasada en Miradas al Sur, el Decreto de Necesidad y Urgencia que dispuso la intervención de la Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual pone freno a la adecuación que el Grupo Clarín se resistía a hacer para cumplir con la mal llamada Ley de Medios. El miércoles 30, mediante otro DNU, el gobierno unificó la AFSCA y la Agencia de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (ATFIC), y anunció que modificará la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para permitir la transferencia de licencias y excluir los topes para operar la televisión por cable. Todo a pedir de boca del Grupo Clarín.
la falta de impulso desde el Estado a la causa que investiga la apropiación ilegal de las acciones de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación y La Razón durante la última dictadura –un delito de lesa humanidad por el que están imputados varios de sus directivos– es una señal clara para la Justicia.
Asimismo, la falta de impulso desde el Estado a la causa que investiga la apropiación ilegal de las acciones de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación y La Razón durante la última dictadura –un delito de lesa humanidad por el que están imputados varios de sus directivos– es una señal clara para la Justicia. La primera señal de que la causa parece destinada a dormir el sueño de la injusticia en los estantes de los tribunales se produjo hace apenas unos días, cuando la Cámara Federal porteña decidió apartar del caso a uno de sus miembros, el juez Eduardo Freiler, el único dispuesto a que se les tome declaración indagatoria a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre y los otros imputados. Los favores recibidos comienzan a ser pagados.
Conspiración del silencio
Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada elegido por la mayoría de los argentinos. Es un presidente de la democracia. Aunque tiene el comportamiento de un gobernante de facto –que prefiere tomar medidas por decreto mientras el Congreso está cerrado–, su gobierno no es una dictadura. Sin embargo, su política de medios abunda en coincidencias con la de la última dictadura cívico-militar. Porque el blindaje que le otorgan los medios hegemónicos no le alcanza, necesita también acallar las voces discordantes.
Los dictadores que se apoderaron de la Argentina entre 1976 y 1983 contaron, incluso antes de perpetrar el golpe, con un fuerte apoyo mediático. Ya instalados en el poder, siguieron contando con la inestimable complicidad de Clarín, La Razón y La Nación –a quienes recompensaron con la entrega de Papel Prensa– y de muchos otros medios de la capital y el interior del país. A éstos se sumaron los canales de televisión y las radios intervenidas, transformados en voceros de las políticas oficiales y en encubridores del plan sistemático de exterminio que desataron en todo el país.
Otros medios no fueron cómplices, pero tampoco se pusieron en la vereda de la oposición. Las amenazas, las desapariciones de trabajadores de prensa y los manejos con la pauta oficial fueron argumentos más que suficientes para callar total o parcialmente sus voces. En los primeros años de la dictadura, sólo el Buenos Aires Herald y La Prensa se atrevieron a publicar información sobre la desaparición de personas y sufrieron duras represalias.
La contrainformación sólo podía hacerse desde la clandestinidad. La agencia de noticias clandestina (ANCla), creada por Rodolfo Walsh, y su Carta a la Junta Militar han pasado a la historia como ejemplos magistrales de esa resistencia informativa.
La contrainformación sólo podía hacerse desde la clandestinidad. La agencia de noticias clandestina (ANCla), creada por Rodolfo Walsh, y su Carta a la Junta Militar han pasado a la historia como ejemplos magistrales de esa resistencia informativa.
Con otros recursos, el gobierno de Mauricio Macri intenta también silenciar a los medios y a los periodistas disidentes. El domingo 27 de diciembre, desde la pantalla de C5N, el periodista Roberto Navarro relató con detalle los intentos realizados por funcionarios del macrismo –a quienes no identificó con nombre y apellido– para que el canal lo sacara del aire. Para obtener lo que querían, utilizaron el viejo recurso de la pauta oficial, sin la cual la mayoría de los medios sufre una fuerte asfixia económica.
Después de una reunión de esos funcionarios con autoridades del canal, éstas convocaron a Navarro para comunicarle que dejaría de participar del programa vespertino donde es columnista económico y que su programa dominical, Economía Política, quedaría reducido a la mitad de su duración. El “pecado” de Navarro es que analiza de manera sencilla y didáctica la brutal transferencia de ingresos que significan las medidas económicas que está tomando el gobierno y explica el daño que provocan al país y a la vida de la mayoría de los argentinos.
Las denuncias de Navarro y su repercusión pública –fundamentalmente a través de las redes sociales– provocaron innumerables muestras de apoyo y solidaridad que obligaron al canal a dar marcha atrás y mantenerlo en la pantalla. De todos modos, el periodista informó que le habían hecho saber desde el gobierno que no tendría pauta oficial en su programa.
El programa emblemático de la comunicación kirchnerista, 678, no tuvo siquiera esa suerte. Las nuevas autoridades lo sacaron de la programación con un simple plumazo.
Poco antes de la segunda vuelta electoral, en un diálogo informal, un hombre del riñón del PRO le comentó a este cronista que en el seno de Cambiemos había posiciones encontradas en relación con la política de medios que se implementaría en caso de triunfar en las elecciones. Un grupo sostenía que había que conservar una imagen de pluralidad, “tolerando” la existencia de medios y voces críticas. El otro sector era tajante: para poder gobernar con firmeza era necesario “asfixiar” a la “oposición mediática”. El nombramiento de Oscar Aguad (a) El Milico en el Ministerio de Comunicaciones y los casos mencionados más arriba en esta nota son señales claras de que la segunda opción resultó victoriosa.
En todo cambio de gobierno se produce una suerte de discontinuidad en la distribución de la pauta oficial que luego, con el correr de los meses, queda subsanada. Todavía no hay señales claras de qué criterios utilizará el macrismo para adjudicarla. Sin embargo, la posibilidad más concreta es que se remita, como en todo lo demás, a las “leyes del mercado”, en este caso publicitario. La aplicación rígida de este criterio será un duro golpe para los medios más chicos, lo que resultará en una menor diversidad de voces. El caso de Navarro hace temer una política de premios y castigos que agravará aún más la situación.
Además, muchos de los medios que en los últimos años apoyaron –de manera crítica o incondicional– al kirchnerismo están en un estado de debilidad que, en algunos casos, pone en duda su continuidad. Se trata más de errores propios que de otra cosa. Para muestra basta el Grupo Veintitrés, de Sergio Szpolski, quien pese a la abundante publicidad oficial recibida durante años no apostó a la creación de productos periodísticos competitivos sino a negocios a corto plazo, casi sin reinversiones. Hoy ya se ven algunos resultados de esta política: hay atrasos en los pagos de los salarios y los trabajadores están en estado de alerta ante la posibilidad del cierre de algunos medios. En ese sentido, el kirchnerismo se equivocó al elegir a más de un empresario con pocos escrúpulos y menos experiencia aún en la actividad periodística.
En los próximos años, los medios críticos deberán seguir adelante en una situación de franca desventaja. Sin embargo, hay en amplios sectores de la sociedad una sana avidez por una información que cuestione y ponga en crisis el discurso único y aplastante que están instalando los medios hegemónicos para blindar el proyecto político y económico del macrismo. Eso los hace potencialmente viables. Esto se percibe en el uso de las redes sociales, desde donde se trata de multiplicar la información que los grandes medios callan, aunque muchas veces se hace con una cuota muy grande de ingenuidad e inexactitud que termina siendo perjudicial.
La batalla por la información será larga y dura. El desafío es muy grande y difícil, pero lo que está en juego no es poca cosa: se trata, apenas, del derecho a la información.
