«La Gorra Leaks» fue el título con que los medios etiquetaron el escandaloso caso de filtración de datos informáticos pertenecientes a la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad. Los setecientos gigabytes de información sensible que en agosto de este año fueron viralizados en internet por un hacker provocaron un revuelo nacional que devino en una cacería por parte del gobierno en busca de sospechosos: uno de ellos fue Javier Smaldone.
Smaldone –especialista en seguridad informática y tuitero reconocido– fue detenido a principios de octubre y varias de sus computadoras fueron secuestradas en el marco de un operativo. A dos meses de ese episodio, reveló que el gobierno realizó tareas de inteligencia y seguimiento sobre su persona, que incluyeron rastreo de llamadas, publicaciones en Twitter y una solicitud a la firma WhatsApp sobre los datos de su cuenta personal, entre otros puntos.
En ese sentido, lo que el especialista informático revela es que los informes de investigación no muestran conexiones específicas que lo vinculen con «La Gorra Leaks», aunque sí deja entrever que su condición de sospechoso está asociada a sus posturas críticas al gobierno. En varias ocasiones fue un firme opositor a la implementación del voto electrónico en Argentina.
«En la Argentina tener conocimientos técnicos de informática puede volverte sospechoso (si la Policía Federal Argentina quiere), y el fiscal y el juez estarán de acuerdo sin hacer ningún análisis. Pero también puede volverte sospechoso tuitear información sobre vulnerabilidades», expresó Smaldone a través de un hilo de Twitter donde explica su caso.
La información viralizada en agosto de 2019 fue filtrada por un usuario anónimo que se hacía llamar «LaGorraLeaks2.0», y publicada en la «deep web», una zona de internet a la que solo se puede acceder con el navegador TOR, según informó el propio hacker en un grupo de Telegram. Unos días después, el mismo usuario anónimo publicó un documento con información personal sobre Luis Chocobar, el agente de la Policía de Avellaneda que mató a balazos a Pablo Kukoc en el barrio porteño de La Boca y recibió el respaldo del gobierno.
Esto es lo que estoy viviendo. Es largo, pero les pido que si les preocupan las libertades individuales y realmente quieren vivir en un Estado de Derecho, le dediquen unos minutos y lo lean. Me pasó a mí, les pasó a otros. Puede pasarle a cualquiera. 👇https://t.co/71OPX2de1m
— Javier Smaldone (@mis2centavos) December 4, 2019
«La denuncia del caso desde un principio ya es sospechosa y falaz, y parecería ser en realidad algo mucho más grave de lo que se dice. Esta filtración entrama una interna de la Policía Federal para serrucharle el piso a Néstor Roncaglia. Hay una nota extensa sobre el tema en Clarín. Hay una relación de eso con el otro hackeo de 2017, donde yo fui testigo. Entonces aparezco como una persona molesta», dijo el técnico informático en diálogo con Contexto.
El caso es definido por el propio técnico investigado como un episodio de «espionaje» y «persecución política» contra alguien que ha investigado las vulnerabilidades del proyecto de voto electrónico junto a un equipo de profesionales.
«Es real que hubo una filtración masiva de datos, lo que es poco creíble es la denuncia que hace la Policía ante la Justicia de por qué pasó. Y acto seguido proponen cuatro sospechosos, que después pasan a ser tres. Y al final somos dos. Y todo es porque al parecer ‘tuvimos que ver con un hackeo previo’, en referencia al de 2017. Pero ahí nunca fui imputado, sino que fui testigo», agregó Smaldone.
Cabe resaltar que, en las últimas semanas, Smaldone recibió el apoyo público de la comunidad académica de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba. La entidad pronunció «preocupación» por el episodio vivido por el especialista en informática y señaló que se debe «velar por la plena vigencia del Estado de derecho y el cumplimiento de las garantías constitucionales».
Hasta el momento, el equipo de computación secuestrado del domicilio del técnico cordobés no ha sido devuelto. «No tienen derecho a hacer esto. Allanan mi casa sin argumento y se llevan mis cosas, como si uno fuera culpable hasta que se demuestre lo contrario», sostuvo.
