Por Leandro Gianello
Por segunda vez en menos de un mes, los trabajadores de la empresa recuperada Industrias RB sufrieron un feroz ataque por parte de las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires, que volvió a desalojarlos a balazos de la fábrica ubicada en la localidad de Martínez.
El presidente de la cooperativa, Ricardo Perea, precisó que un total de treinta empleados resultaron heridos por postas de goma, golpes y gases lacrimógenos, mientras que otros doce quedaron detenidos en diferentes seccionales.
Al cierre de esta edición, los trabajadores mantenían un corte sobre la avenida Centenario, frente a la Comisaría 1ª de San Isidro, en reclamo de la liberación inmediata de todos sus compañeros.
“No somos delincuentes, somos trabajadores que estamos peleando por nuestros derechos”, dijo Perea a medios televisivos.
Apoyados por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y diversas organizaciones sociales, habían recuperado pacíficamente ayer por la tarde la planta tras superar la resistencia policial.
Eduardo Murúa, representante del MNER, explicó a Contexto que “unos cuarenta efectivos ya se encontraban adentro” de la fábrica, pero que a raíz de la presión de los trabajadores “cincuenta compañeros” lograron ingresar, mientras que otros doscientos respaldaban la acción desde la calle.
“La idea era establecer una comunicación con el fiscal y pedirle que un par de compañeros se quedaran en el lugar para que no nos saquearan las máquinas y herramientas”, agregó Perea.
Sin embargo, cuando oscureció, los efectivos de Infantería de la Bonaerense recibieron la orden de Orlando Abel Díaz, a cargo del Juzgado de Garantías N° 2 de San Isidro, y se inició la represión.
El mismo magistrado ya había ejecutado un desalojo violento el pasado 8 de junio con la Policía, luego de hacer lugar a una denuncia por usurpación. Aquella vez, los trabajadores analizaron hacer una presentación contra el juez por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por dictar una “orden ilegal” desde un juzgado que no debería intervenir en el caso.
Díaz actuó pasando por alto la ley de expropiación sancionada en 2007 por la Legislatura bonaerense, que le da pleno derecho a los trabajadores sobre la fábrica de Panamá 1726, en Martínez. Esa ley fue prorrogada en 2012 por otros cinco años, por lo que a la fecha se encuentra vigente.
“Lo único que pedíamos era que dos compañeros de la cooperativa permanecieran como custodios del depósito judicial, ya que no confiamos en las personas que quiere poner el magistrado hasta tanto se defina la causa”, sostuvo Murúa.
El titular del MNER calificó a Díaz como “un juez coimero”, movido por el lobby de un empresario inmobiliario.
En el mismo sentido se expresó Perea: “Nosotros somos los legítimos dueños del inmueble, pero Díaz actúa en función de intereses comerciales para explotar los terrenos”.
Según agregaron, la intervención del Juzgado de Garantía Nº 2 de San Isidro, sin competencia en la causa, se debió a “un acuerdo comercial o de amistad entre el magistrado y este señor que tiene la hipoteca”.
Industrias RB es una empresa metalúrgica recuperada en plena crisis de 2001, con más de cuarenta años de historia. Elabora y diseña en forma propia instrumental eléctrico de alta precisión para aplicaciones industriales, automotores y vehículos pesados.
Desde hace quince días, a raíz de las medidas “ilegales” de Díaz, la fábrica no puede producir. “Era necesario proceder de esta manera para sostener las fuentes de trabajo”, fundamentó Murúa.
