Mientras se acerca la fecha para el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el oficialismo en sesiones extraordinarias, gremios de peso reclamaron a la CGT acciones directas e hicieron un llamado al movimiento obrero a parar y movilizarse para rechazar esta iniciativa que calificaron como totalmente regresiva para las y los trabajadores.
Sindicatos industriales como la UOM y el SMATA presionaron a la CGT para que convoque a medidas de fuerza de cara al tratamiento del proyecto el próximo 11 de febrero. Esos gremios encarnan una postura más dura al interior del sindicalismo, que consiste en optar por paro y movilización ante una posición del Gobierno no dispuesta al diálogo como tampoco a introducir cambios en aspectos centrales de la normativa, como el derecho a huelga.
En cambio, el triunviro de la CGT, hasta el momento, se inclinó por preferir el intercambio con gobernadores, legisladores y el Gobierno, camino que por el momento no parece dar sus frutos. En lo que sí coinciden ambas partes es en el carácter regresivo de la reforma laboral para los derechos laborales.
Abel Furlán, secretario general de la UOM, fue uno de los dirigentes gremiales que apunta por la confrontación. A la vez, cargó contra los gobernadores que podrían ofrecer el voto de sus legisladores a cambios de beneficios para sus distritos, en el marco de las conversaciones que viene manteniendo con ellos Diego Santilli, el jefe de Gabinete a cargo de esa misión en el Gobierno.
“El gobierno tiene una ofensiva frente a los gobernadores de estar negociando con ellos la posibilidad cierta de que el proyecto de reforma laboral salga del Congreso de la Nación”, indicó Furlán. “Entonces, nosotros nos preguntamos: ¿qué debieran estar haciendo los gobernadores si no es preocuparse por la situación de ellos y no estar negociando los intereses de los trabajadores? ¿Por qué se arrogan esa potestad de estar teniendo la centralidad en esa discusión? ¿Qué están negociando? ¿Los derechos de los trabajadores para que los perdamos, para que ellos puedan acceder a un cordón cuneta, a un puente, al bacheo de una ruta nacional?”, señaló.
Asimismo, pidió apurar los tiempos para realizar un paro: “¿Qué es lo que están negociando? El paro lo queremos hacer y lo queremos plantear antes de que se produzca el hecho consumado. No tener que discutir qué vamos a hacer cuando el Congreso de la Nación haya votado favorablemente este proyecto de ley”, advirtió.
Desde el SMATA, otro gremio industrial de peso, su secretario general, Ricardo Pignanelli, también descree de que el Gobierno incorpore al texto mejoras en el contexto del intercambio con los gremios, por lo que se posiciona en favor de un paro.
Vale recordar que, según un informe de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), desde que asumió Milei cerraron más de 3.000 empresas de construcción y manufactureras, lo que derivó en la pérdida de más de 160.000 puestos de trabajo.
En la misma línea, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, dijo que “hay que acelerar los tiempos y evaluar un paro antes del 11”. El gremialista mantuvo hoy una reunión con Furlán donde afirmaron que los gobernadores dialoguistas “están usando” a los trabajadores, por lo que pidió “no esperar” hasta esa fecha para “realizar una medida de fuerza ya que podría ser demasiado tarde”.
Por el lado de los gremios del transporte, tomaron distancia de la iniciativa de los industriales porque consideran que ese sector se está “cortando solo”. En ese sentido todavía no tomaron una posición con respecto a llevar adelante medidas de fuerza que piden los industriales. La Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que lidera Juan Carlos Schmid, y que forma parte del ala dura del gremialismo, acordó reunirse en los primeros días de febrero para analizar cómo frenar la reforma laboral del Gobierno.