Los gremios que representan a docentes de las universidades públicas comenzaron un nuevo paro que se extenderá a lo largo de toda esta semana y adelantaron también que corre riesgo el inicio del próximo año en caso de que el Gobierno continúe sin cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación.
La Conadu decidió la puesta en marcha en 2026 de un fuerte plan de lucha que incluiría el no inicio del ciclo normal de las clases si no se implementa en su totalidad la normativa que el Gobierno promulgó pero no aplicó, desconociendo la voluntad del Congreso. En paralelo, la Conadu Histórica, la otra federación de docentes de alcance nacional, comenzó hoy un paro que culminará el viernes.
“La situación de la universidad es sumamente crítica y si el Gobierno no ofrece una solución, las consecuencias de este desfinanciamiento histórico de la educación superior llevarán a una crisis que costará muchos años revertir”, señaló el secretario general de CONADU, Carlos De Feo.
Ambas federaciones reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento, la recomposición salarial superior al 40% —una pérdida que incluso reconoció el propio Gobierno nacional en el decreto con el que promulgó pero no aplicó la ley— y rechazan el presupuesto educativo 2026 porque profundiza el ajuste al no reconocer la caída salarial desde diciembre de 2023. “El conflicto no está cerrado mientras nuestro aumento siga congelado y nuestros salarios permanezcan bajo la línea de pobreza”, advirtió Conadu Histórica.
A su vez, además del aspecto salarial, las universidades piden mayor financiamiento para los proyectos de investigación y extensión, las obras de infraestructura y las becas estudiantiles.
La Ley de Financiamiento Universitario establece un incremento automático del presupuesto destinado a las universidades, las becas y el sistema científico, asociado a la variación de la actividad económica y la inflación. El Congreso la aprobó dos veces: primero al sancionar el proyecto y luego al rechazar el veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, al promulgarla, el Ejecutivo lo hizo sin asignarle fondos, dejando la norma sin posibilidad de ser ejecutada y agravando la incertidumbre presupuestaria.
En este marco, los gremios advierten que la decisión de no cumplir con la ley deja al sistema universitario sin previsibilidad. “Si no se ejecuta la ley de financiamiento, los números del presupuesto del año que viene van a ser inferiores a los de este año”, alertó De Feo. Y señaló que mientras algunas universidades grandes “podrán resistir”, muchas instituciones del interior quedarían al borde de la parálisis. “Los salarios son descartables”, resumió sobre el deterioro acumulado.
La Conadu Histórica, por su parte, reiteró que el aumento salarial que corresponde por ley asciende al 43,95%, producto de la inflación registrada desde julio, y que el Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno es “de miseria para educación”.
Frente a ese escenario, ambas federaciones sostienen que la continuidad de las clases en 2026 dependerá exclusivamente de que Milei cumpla con la normativa aprobada y garantice los fondos necesarios para evitar un mayor deterioro del sistema universitario.
Por último, el conflicto entre las universidades y el Gobierno de Javier Milei volvió a escalar en los últimos meses, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió presentar una acción judicial para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue acompañada por pedidos formales de rectores de todo el país, que alertaron que la situación presupuestaria ya no permite sostener con normalidad salarios, funcionamiento, ciencia, becas y obras de infraestructura.